El año pasado España registró el mayor número de condenas por atentado a la autoridad de la última década. 14.664 personas fueron condenadas, mientras que la media de la década hasta era de 12.000 condenados. Esto significa un alarmante un incremento del 20% de condenas por agresiones a agentes de la autoridad, que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) achaca a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el PSOE, Podemos y sus socios parlamentarios, que pese a no estar en vigor aún, sus criterios son aplicados por el Ministerio del Interior.

Las frecuentes agresiones de finales del pasado año a agentes de la autoridad ya hicieron sonar todas las alarmas. Primero fue una discusión de tráfico, luego un policía recriminó el no uso de la mascarilla a un inmigrante en el Metro, una fuga de unos calabozos y el año terminó con un apuñalamiento durante una intervención. El problema es que las agresiones a un agente, si no hay lesiones graves implica que el Ministerio del Interior no se persone como acusación, lo que deja a policías nacionales, locales y guardias civiles a su propio arbitrio acudir a los tribunales para defenderse o dependen de la ayuda de sus sindicatos y asociaciones profesionales que son los únicos que no les abandonan.

La última agresión conocida ocurrió el pasado sábado cuando la Guardia Civil detuvo a dos jóvenes, mayores de edad, por la agresión al jefe de la Policía Local del municipio mallorquín de Porreres. Se les imputan delitos de atentado a un agente de la autoridad y amenazas graves. El funcionario de Policía se encontraba fuera de servicio en el momento de los hechos.

El incidente tuvo lugar en una fiesta privada de la Unió Esportiva Porreres de fútbol con sus socios y jugadores, en la que había niños y familias. Al parecer, un grupo de seis chicos, algunos de ellos mayores de edad, estaba molestando a unas chicas y ellas fueron a avisar al jefe de Policía, Sebastià Mora, que se encontraba en el lugar con su esposa e hija y fuera de servicio, vestido de paisano. Entonces, el policía se acercó a llamarles la atención y presuntamente ellos respondieron con gran agresividad, le tiraron al suelo y le comenzaron a propinar puñetazos y patadas. Otros participantes de la fiesta corrieron a ayudar al agredido y los chicos se dispersaron. Después, el jefe de Policía se fue a su casa con su familia en coche y se encontró al grupo de chicos allí esperándole. Le zarandearon el coche y lanzaron un pedrusco de gran tamaño provocando daños en el vehículo. Entonces la víctima llamó a la Guardia Civil y al ver llegar la patrulla los jóvenes se fueron.

La tendencia en agresiones a agentes de la autoridad sube. En 202o las condenas fueron 11.205, muchas de ellas relacionadas con discusiones durante la pandemia y el establecimiento del estado de alarma. Pero ahora ya no existe ese condicionante y según denuncia el SUP, «lejos de garantizar la protección de los policías como máximos garantes de la seguridad ciudadana ante un futuro incierto, el Gobierno y sus socios aceleran los trámites para presentar antes de final de este año una «reforma a la baja» de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana», además «lo hacen sin contar con uno de los colectivos más afectados, el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

La nueva reforma ha suscitado las protestas de todos los colectivos profesionales de la Guardia Civil y de Policía Nacional porque el borrador que se intenta pactar -el 80% ya está acordado- recoge entre otras novedades rebajar el castigo por desobediencia a los agentes del orden, «recortar los medios de contención para hacer frente a altercados violentos de carácter multitudinario, retirar la prohibición de difusión sin autorización de imágenes grabadas a policías en su trabajo, o rebajar la presunción de veracidad de los relatos de los policías frente a los de los presuntos delincuentes en actas policiales», explican desde el SUP.

La reforma recoge también de manera preocupante, por ejemplo, el levantamiento de la prohibición de manifestación sin advertencia previa a las delegaciones de Gobierno, es decir, podrá haber «manifestaciones espontáneas» sin convocatorias previas.

Desde el SUP, «insistimos en el rechazo rotundo a estas modificaciones que, creemos, favorecen la impunidad de los delincuentes y potencian la inseguridad jurídica y la desprotección de los policías». Por eso, «en defensa de los policías, pero también de las libertades y el derecho a la seguridad de los ciudadanos, exigimos que se retiren los cambios previstos en la Ley, e insistimos en la necesidad de contar con la opinión de los agentes para abordar un asunto de tal relevancia».