Ya en diciembre de 2022, la plantilla de la empresa valenciana GFS Security Group, que presta servicios de seguridad a empresas como Reganosa, Forestal del Atlántico, Gadisa o el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), sigue sin cobrar los sueldos de septiembre y se detienen las liquidaciones a cargo de la anterior empresa Prosetecnisa.

Esto sucede, denuncia CIG-Servizos, a pesar del supuesto acuerdo firmado entre Prosetecnisa y GFS, en virtud del cual esta última se haría cargo de los salarios dejados de percibir desde el mes de septiembre por los trabajadores, que sólo en la provincia de A Coruña añaden 250.000 euros.

La Inspección de Trabajo, respondiendo a la denuncia presentada por la CIG-Servizos por los continuos retrasos y finalmente impago de salarios, señala también a la empresa GFS como responsable de estos continuos retrasos, ya que en aplicación del artículo 44 de la Ley de Trabajadores ' Estatuto, las empresas adjudicatarias se subrogarían en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del personal, entre ellos, el pago de salarios y contribuciones. De esta forma, añade CIG-Servizos, “GFS podría estar incurriendo de forma continuada en estos impagos desde el 1 de octubre al no hacerse cargo de las deudas salariales dejadas por Prosetecnisa


Represalias contra los trabajadores

También hay que recordar que a las dos semanas de entrar en servicio, GFS suspendió a los trabajadores que prestan servicios en Reganosa (uno de ellos miembro del comité de CIG). Casi dos meses después, los tres compañeros "siguen esperando su reincorporación al trabajo, o al menos conocer los motivos y alcance de la medida que les impide acceder a una normal prestación de servicios, vulnerando nuevamente el derecho a tener una ocupación efectiva". Incluso cuando los trabajadores se comunicaron con la sede de GFS, “les están negando la identificación de los motivos alegados, como su reincorporación inmediata a su lugar de trabajo”.

GFS Security Group, empresa valenciana que llegó el 1 de octubre para gestionar los controles de acceso de empresas tan conocidas como las anteriormente mencionadas, se subrogó en el contrato que Prosetecnisa venía manteniendo con estos clientes, por lo que el 31 de diciembre estos contratos tendrían Caducado. “Ahora la responsabilidad está en manos de las empresas clientes que serán las encargadas de decidir si se vuelve a un contrato responsable basado en la calidad y no solo en el precio”, subraya Xabier Rodríguez, de CIG-Servizos de Ferrol.

Tres empresas quebraron en los últimos años

En este sentido, señala que en los últimos años ya han pasado por estos servicios tres empresas en quiebra, siendo esta última incluso investigada por la Fiscalía por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en el proceso de subrogación de servicios con Prosetecnisa. , con todo el perjuicio para el personal asociado dicha situación. “Hasta el día de hoy, la deriva violenta contra el personal sigue en aumento luego de que GFS presentara cuadrantes que modifican unilateralmente las condiciones laborales del personal, extremo que será puesto en conocimiento de la autoridad laboral en la mejor defensa de los trabajadores de la Servicio".

Ante esta situación, el CIG ya adelantó que las movilizaciones que la plantilla viene desarrollando en los últimos meses frente a los centros de trabajo continuarán hasta que haya "una solución digna e inmediata al conflicto", a la espera también de la decisión que tome el las empresas clientes