El Comité de Empresa de la CIG de GFS Security en A Coruña ha expresado su preocupación por los «incumplimientos legales y administrativos» de la empresa de seguridad en las empresas de la zona de Ferrol donde presta sus servicios. La empresa en cuestión ha estado operando desde octubre pasado en empresas como Reganosa o Forestal del Atlántico después de que le transfirieran la mayor parte de los clientes de la anterior concesionaria Prosetecnisa que entró en quiebra dejando una deuda superior a los 250.000 euros, sin pagar los salarios de septiembre y las correspondientes liquidaciones a un centenar de trabajadores.

La Inspección de Trabajo de A Coruña ha dado a GFS Security hasta el 13 de febrero para demostrar que ha pagado la deuda a todo el personal en la provincia de A Coruña, advirtiéndoles que de no hacerlo, estarían cometiendo una infracción tipificada como muy grave y en su máximo grado, con una sanción económica que oscila entre los 120.000 y 225.000 euros. Durante el periodo de tiempo establecido, la empresa realizó varios pagos a algunos trabajadores vinculados a empresas del grupo Tojeiro, pero, según la CIG, sólo fueron parciales, lo que llevó a una reducción en los salarios de los trabajadores de entre 200 y 300 euros.

El sindicato ha acusado a GFS Security de no colaborar con la Inspección de Trabajo de A Coruña al no acudir a las citaciones cuando se le requería, obstaculizando así las funciones de las investigaciones abiertas contra la empresa, lo que llevó a la reapertura de un expediente sancionador. Además de la infracción advertida por la Inspección, se incluía un agravante por obstrucción a la función inspectora.

La CIG ha denunciado una vez más a GFS Security por el retraso en los pagos de los salarios correspondientes al pasado mes de enero, que se abonaron entre el 6 y el 8 de febrero a todos los trabajadores en la provincia de A Coruña, cuando el convenio indica que los salarios deben ser percibidos entre los tres primeros días de cada mes. Según el sindicato, la decisión final de continuar trabajando con esta empresa que está sumida en múltiples deudas, sanciones administrativas, investigaciones penales y denuncias en los juzgados, depende en gran medida de los clientes que mantienen vigentes los contratos de seguridad de sus puestos de trabajo, y rescindir estos contratos significaría volver a una contratación responsable en la prestación de los servicios de seguridad.

En resumen, la CIG ha presentado una serie de denuncias contra GFS Security por incumplimientos legales y administrativos, entre ellos, retrasos en el pago de salarios, incumplimiento de los plazos de pago, y obstaculización de las investigaciones abiertas por la Inspección de Trabajo de A Coruña. La decisión final de continuar trabajando con esta empresa en crisis parece recaer en los clientes que mantienen vigentes los contratos de seguridad de sus puestos de trabajo, y rescindir estos contratos podría significar una vuelta a una contratación responsable en la prestación