Una macrocausa contra la corrupción policial vinculada al tráfico de drogas. Entre los investigados, agentes de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Así arrancó la investigación del caso ‘Macedonia’, pero doce años después al juicio han llegado 17 imputados entre los que solo hay un uniformado: un subinspector de la policía catalana, Josep R., para quien la fiscal Ana Gil pide once años de cárcel por colaborar con una red de narcos que tenía a la cabeza a Manuel Gutiérrez Carbajo, confidente de los tres Cuerpos.

Gutiérrez Carbajo, apodado ‘abuelo’ o ‘viejo’, fue el mismo que delató otra trama corrupta de mandos policiales que cobraban sobornos por prevenir de inminentes redadas a los prostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels (Barcelona). Aunque cuando comenzó el juicio, en 2012, este se desdijo parcialmente de su declaración inicial, por esta causa acabaron condenados el comisario jefe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, Luis Gómez, y otros dos inspectores jefe.

El inicio del caso ‘Macedonia’ se remonta a un chivatazo que recibió la Guardia Civil en mayo de 2009. Un presunto traficante, Juan Miguel B., alias ‘el gafas’, debía recoger un cargamento de droga en Barcelona. Cuando los agentes acudieron al punto señalado, vieron como éste recogía varios paquetes del maletero de un coche. El atestado recogía que el contenido del cargamento eran unos 54 kilos de cocaína, pero días después se comprobó que solo uno era de droga. El resto estaba compuesto de azúcar y yeso. Esto llevó al titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, a investigar un supuesto entramado criminal entre agentes y traficantes.

Las distintas investigaciones generaron conflictos entre los tres Cuerpos, con el punto común de compartir a Gutiérrez Carbajo como confidente. Fue este, según la fiscal, «en la cúspide del entramado criminal» que ahora se juzga en la Audiencia de Barcelona, el que llevó a los Mossos, en unas pesquisas que entonces dirigió Josep Lluís Trapero –cuando estaba al frente de la División de Investigación Criminal–, a descubrir la implicación de algunos policías nacionales con los burdeles, pero a su vez, el CNP siguió la pista a varios mossos por su supuesta colaboración con la trama de narcos. De hecho, el juez Aguirre llegó a presentarse en Egara, complejo central de los Mossos, para buscar documentación que, sospechaba, le habían ocultado. Finalmente solo un subinspector de la policía catalana se sienta en el banquillo. El Ministerio público apunta que el mando, por aquella época destinado en Vilanova i la Geltrú, habría recibido pagos de 1.000 euros mensuales por su colaboración con el entramado criminal –y también una videoconsola–.

Entre las evidencias que esgrime la Fiscalía contra Josep R. , y que ayer corroboró en la sala el jefe de Asuntos Internos de la policía catalana, se encuentra el uso que el subinspector hizo de las bases de datos policiales para facilitar información a la red de narcos, con la que mantenía «un fluido contacto telefónico» y también en varios encuentros. Entre estos, una cena en el restaurante La Parrilla de Vilanova, donde tanto el mosso como dos de los supuestos narcos detectaron la presencia de una furgoneta con los cristales tintados. Tras ello, el mando llamó a comisaría averiguar la titularidad del vehículo, y al día siguiente fue él mismo quien accedió a la base de datos del Cuerpo, donde comprobó que se trataba de un coche de la Policía Nacional.

Al confirmar el seguimiento, los investigados cambiaron de números de teléfono –ya lo hacían con regularidad– y aumentaron sus medidas de seguridad, mientras que el mosso dio cuenta a su superior del encuentro, bajo el pretexto de haberse reunido con confidentes. A este extremo se agarró ayer su abogado, José María Fuster Fabra, tratando así de desmontar la acusación contra el policía. Además, reprochó que la División de Asuntos Internos (DAI) no incluyera en los informes que entregó al juzgado la transcripción de las conversaciones intervenidas que así lo demostrarían.

«¿Tiene dudas de que fueran sus confidentes?», espetó el letrado al jefe de la DAI, durante su comparecencia como testigo. «No», indicó el aludido.

Trapero, testigo
En los inicios de la causa, el juez instructor llegó a poner en el punto de mira a Trapero, por su relación con el confidente Carbajo, aunque no llegó a ser investigado. Finalmente, declarará como testigo en febrero.

La última vuelta de tuerca llegó con las cuestiones previas, cuando el letrado de Gutiérrez Carbajo solicitó citar como testigo al excomisario José Manuel Villarejo, a quien el confidente acusa de fabricar el caso contra él, con el objetivo de «desprestigiar» al mayor y al Cuerpo de los Mossos.

Para sustentar esta afirmación, la defensa del supuesto capo aludió a una conversación del excomisario en 2009 –que publicó ‘La Razón’ el pasado verano–, en la que Villarejo deslizó la posibilidad de convencer al juez Baltasar Garzón para intervenir el teléfono de Trapero y escuchar así sus conversaciones con el principal acusado del caso ‘Macedonia’. A pesar de los intentos del abogado, las magistradas de la Sección 3ª descartaron esta citación al considerar que «las informaciones periodísticas y las declaraciones de este señor no pueden ser tomadas en consideración para juzgar hechos que pasaron hace más de diez años».

Del total de 17 imputados, cinco ya han cerrado un acuerdo con la Fiscalía, que ha rebajado sus penas de prisión de cuatro a dos años.

A juicio, 12 años después
Algunos abogados, como José María Fuster Fabra, que defiende al único mosso imputado en la causa, o Miguel Caput, que representa a dos acusados por tráfico de drogas, censuran la demora del procedimiento, cuando en estos 12 años «no ha habido ningún elemento nuevo que haya permitido mantener ‘viva’ la instrucción». Además, el letrado del subinspector criticó ayer que los investigadores no registraran el domicilio del agente en busca de pruebas de su supuesta corrupción y que se basaran únicamente en algunas escuchas, ya que Fuster reprocha que no se han transcrito todas.