Dos horas y media ha durado la primera reunión de Pedro Sánchez y Pere Aragonès como presidente del Gobierno y presidente de Cataluña. Primer encuentro entre el Ejecutivo central y el independentista desde que se indultó a los presos del «procés». El gesto del Gobierno en pro de «la concordia» que los soberanistas insisten en tildar de «insuficiente». Este martes, Aragonès ha reclamado más: «amnistía y autodeterminación». La Moncloa rechaza ese camino y apela a «recuperar la confianza». Fuentes gubernamentales advierten de un cambio en la relación, pero admiten que «frutos a corto plazo es imposible».

Por el momento, Sánchez y Aragonès han pactado reunir la mesa de diálogo la tercera semana de septiembre en Cataluña. Lo ven como un paso positivo. Aún no se abordó los representantes en ella, pero La Moncloa da casi por descartado que Oriol Junqueras participe porque quieren que sea institucional.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha restado importancia a que Aragonès haya insistido en todas las reclamaciones independentistas de siempre. «Los componentes de este diálogo» son conscientes «de los límites», ha explicado Montero; y después ha subrayado: «Lo que les puedo asegurar es que Sánchez no ha hablado de cuestiones de amnistía, exiliados o autodeterminación».

La portavoz ha comparecido en rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa para dar cuenta de los cuatro temas tratados: «la situación de la pandemia», la «normalización de las relaciones institucionales», un foro de encuentro entre catalanes para abordar el conflicto territorial que Sánchez ha reclamado a Aragonès y asuntos socioeconómicos. La cita ha transcurrido «en un clima de cordialidad y recuperación de la normalidad institucional por ambas partes», según ha dicho.

Montero también ha insistido en continuar con el diálogo dentro de los márgenes de la Constitución después de la dureza de Aragonès. «España no tiene sentido sin Cataluña y Cataluña no se entiende sin España», ha defendido ella. La portavoz insiste en que la cita sirve «como punto de partida» para avanzar hacia «el diálogo» y «dejar atrás la dinámica de confrontación». Pero en el Gobierno son conscientes de que las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas contra los líderes del 1-O le están sirviendo al independentismo para mantener su actitud hostil con el Gobierno.

Precisamente, Aragonès ha pedido este martes a Sánchez que desactive el Tribunal de Cuentas. Un movimiento que el jefe del Ejecutivo no contempla hacer, según reconocieron ayer fuentes gubernamentales preguntadas por ABC. «No hay en la agenda de gobierno ninguna vocación de reforma (del Tribunal de Cuentas), pero si hay una llamada al PP para que cumpla con la Constitución y acepte negociar y renovar los órganos constitucionales, no es de recibo que el principal partido de la oposición esté vetando la renovación», ha expresado Montero, preguntada por este asunto.

Moncloa intenta desviar el foco hacia la renovación del Tribunal de Cuentas acusando al PP de bloquear la negociación para justificarse de esta forma ante el independentismo. No obstante, el mandato de este órgano aún no ha caducado todavía, sino que lo hará a lo largo de este mes. La polémica surgió después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se refiriera a las investigaciones del TCu como «piedras en el camino». También la ministra de Igualdad, Irene Montero, abogó ayer por eliminarlas para centrarse en «lo político». Sánchez dijo que no moverán ninguna pieza en ese sentido y que el Gobierno respetará las resoluciones. Pero sí recordó que los dictámenes de dicho tribunal pueden recurrirse.