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El Estado debe indemnizar con 182.000 euros a la viuda e hijos del cámara José Couso por omisión de protección diplomática

El Estado debe indemnizar con 182.000 euros a la viuda e hijos del cámara José Couso por omisión de protección diplomática

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La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios ocasionados a la viuda y a los dos hijos de José Couso por la omisión de protección diplomática tras el fallecimiento de dicho cámara de televisión durante la toma de Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003. 

La Sala, en comunicado del Poder Judicial,  desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia recurrida que reconoció el derecho a una indemnización de 182.290 euros a la familia del cámara (99.430 euros para la viuda y 41.430 para cada uno de los hijos).

En la sentencia se examina la procedencia de que los ciudadanos españoles puedan invocar la protección diplomática del Estado español cuando se les haya ocasionado un daño por un acto internacionalmente ilícito por parte de otro Estado, determinando el contenido de la protección y los efectos en el caso de que no se prestase en la forma oportuna, pudiendo generar la responsabilidad patrimonial de la Administración pública, no en cuanto a la indemnización del daño ocasionado, que nunca se garantiza con la protección diplomática, sino por la deficiente protección diplomática o la denegación de la misma.

La sentencia, ponencia del magistrado Wenceslao Olea Godoy, declara, a los efectos de fijar jurisprudencia, que “los ciudadanos españoles tienen derecho a la protección diplomática por parte de la Administración nacional, para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por un hecho ilícito, conforme al Derecho Internacional, ocasionado directamente por otro Estado; siempre y cuando el propio perjudicado no haya podido obtener la reparación por los mecanismo de Derecho interno del Estado productor del daño, siempre que estén establecidos y sea razonable obtener un pronunciamiento expreso en tiempo razonable”.

Añade que “el mencionado derecho comprende la utilización de las vías diplomáticas que se consideren procedentes, conforme a las reglas de la actuación exterior de la Administración, o por otros medios admitidos por el Derecho Internacional, encaminada a la reparación del perjuicio ocasionado, siempre que dichos medios la hagan razonablemente admisibles”.

En consecuencia, -indica la Sala- “procederá la reclamación, en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración, cuando se acredite que el Estado español no ha prestado la protección diplomática, conforme a los requisitos que le es exigido y atendiendo a la pérdida de oportunidad que comportaría dicha omisión, siempre que concurran los restantes presupuestos de dicha responsabilidad”.

En el caso concreto, la Sala concluye que el Estado español omitió la protección que le fue requerida y que estaba obligado a otorgar a la familia de José Couso. Así, afirma que “el Estado español estaba obligado, como se hace constar en la sentencia recurrida, a hacer gestiones en pro de una investigación internacional objetiva de los hechos y, en su caso, utilizar los medios que estimara procedente que pudiera dar como resultado la reparación del daño ocasionado, no a dar la callada por respuesta o limitarse a dar por buenos los argumentos dados en contra de la ilicitud del hecho por el Estado que lo ocasionó en cuanto si bien es cierto que el Estado español no puede imponer dicha declaración en el ámbito internacional, tampoco estaba obligado el Estado español a dar por buenas esas explicaciones, como ya antes se dijo”.

Añade que “lo que no es admisible es omitir cualquier acción que no sea la de dar por buenas las escuetas explicaciones dadas por las autoridades del Estado que ocasionó el daño, sino la búsqueda de una valoración objetiva de los hechos, con las consecuencias que resultaran procedentes”.

La Sala señala que la discrecionalidad en nuestro Derecho no comporta una libertad absoluta de la Administración para adoptar una decisión que pudiera incurrir en la arbitrariedad, al apartarse de los fines para los que se confiere esa potestad. “De ahí la necesidad de la motivación que, habiéndose omitido de todo punto en el caso de autos, genera el funcionamiento, y además anormal por más que sea irrelevante, de los servicios públicos, generando el daño que no es, en puridad de principios, el ocasionado por el fallecimiento del padre y esposo de los recurrentes iniciales, sino la perdida de oportunidad de que estos hubiesen obtenido la reparación del daño ocasionado. Y es esa pérdida de oportunidad la que se acoge por la Sala sentenciadora de instancia con la valoración de los perjuicios que se declaran en su sentencia, que no se cuestionan en casación”, subrayan los magistrados.

En su sentencia, el tribunal rechaza la alegación del abogado del Estado de que los recurrentes no agotaron los recursos internos de reclamación ante los tribunales de los Estados Unidos. En este sentido, afirma que una pretensión de esa naturaleza requiere una importante disponibilidad económica de la que no consta pudieran asumir los recurrentes. En definitiva, “si tan necesaria se consideraba por la Administración esa pretendida necesidad de haber realizado dicha reclamación, bien se pudo, no asumir esa reclamación la Administración española, que no está incluida en la protección, pero si facilitar los medios para dicha reclamación”.

Para la Sala lo decisivo para rechazar la argumentación del escrito de interposición es considerar que la Audiencia Nacional “no reconoce el derecho de resarcimiento por el fallecimiento del padre y esposo de los recurrentes, menos aún, porque deba el Estado español asumir el riesgo de un profesional nacional que fallece en el ejercicio de su actividad, sino que el título de imputación, necesario para apreciar la responsabilidad patrimonial, es el hecho de que el Estado español omitió la protección que le fue requerida y que estaba obligado, como hemos visto”.

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Oleada de robos a mayores en Majadahonda a la salida de los bancos

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Los robos a personas mayores en Majadahonda se han disparado en la última semana. Según ha podido saber Telemadrid.es, en los últimos días varios ancianos han sido víctimas de atracos a la salida de las sucursales bancarias, en especial el Banco de Santander de la Gran Vía del municipio.

En la última semana, que coincide con el final de junio y el principio de julio, a tres mayores les han robado tras sacar dinero de sus cuentas bancarias. A uno le llegaron a robar 10.000 euros y a otro 1.700.

Modus operandi

El modus operandi siempre es el mismo. Uno de los ladrones entra en la sucursal bancaria, se hace pasar por cliente y coge un papel con el número para ser atendido, pero cuando le toca su turno lo deja pasar, su única intención es observar a los mayores que sacan dinero. Una vez han su víctima ha obtenido dinero de su cuenta, el delincuente manda un mensaje a otro de los ladrones que se encuentra en el exterior del banco, que espera a su víctima, que la sigue por una calle menos transitada y comete el robo.

El último atraco se ha producido este mismo lunes, cuando un anciano tras sacar dinero de la sucursal ha sido robado en la calle Santa María de la Cabeza, pero gracias a la acción de varios transeúntes han inmovilizado al ladrón hasta la llegada de un Policía Local y de la Guardia Civil.

Gracias a las cámaras del banco, la Guardia Civil ha identificado a una mujer que actuaba de observadora en el interior de la sucursal y que facilitó el robo a un anciano de 10.000 euros la semana pasada.

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La Guardia Civil detiene a un hombre por la muerte violenta de otro en Bargas

La Guardia Civil detiene a un hombre por la muerte violenta de otro en Bargas

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En la madrugada del 25 de junio, un hombre -que este lunes ha sido detenido y pasado a disposición judicial- se presentó en dependencias de Guardia Civil de Illescas y confesó haber mantenido una pelea con otro varón, al que había dejado malherido.

Una patrulla de la Guardia Civil le acompañó al lugar de los hechos, en la localidad de Bargas, y encontraron a un hombre, ya fallecido, en el cauce de un arroyo atado de pies. Los servicios médicos que se personaron en el lugar certificaron la muerte de esta persona.

Al tratarse de una muerte violenta, se hizo cargo de la investigacion la Policía Judicial de Illescas y el laboratorio de Criminalística de la UOPJ de Toledo, y se ha procedido este lunes a la detención del presunto autor, que ha pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Toledo. Fuentes de la Guardia Civil han confirnado estos extremos, así como la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

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La Policía Nacional detiene a un agresor sexual cuando trasladaba a una mujer a una zona oscura en Valencia

La Policía Nacional detiene a un agresor sexual cuando trasladaba a una mujer a una zona oscura en Valencia

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un joven de 23 años como presunto autor de los delitos de agresión sexual en grado de tentativa y atentado a agentes de la autoridad, tras ser sorprendido cuando presuntamente retenía y trasladaba a la fuerza hacia una zona oscura a una mujer que se le había cruzado en la calle.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 3.00 horas del pasado sábado, cuando los agentes que realizaban labores de prevención observaron en un descampado próximo a la calle Río Tajo de la capital a un hombre que se cubría la cabeza con una gorra negra y que agarraba «de forma brusca» por la cadera a una mujer, a la que estaba trasladando a pulso hacia una zona de «poca visibilidad», al parecer en contra de su voluntad.

Inmediatamente, los agentes se dirigieron hacia el hombre y le dieron el alto, momento en el que soltó a la mujer, que comenzó a llamar a los policías «en evidente estado de nerviosismo». El joven se desprendió de la gorra y salió huyendo haciendo caso omiso a las indicaciones de los efectivos policiales.

Rápidamente, uno de los agentes salió a la carrera tras el sospechoso, al que logró dar alcance. El presunto autor de los hechos presuntamente arremetió contra el agente, que pudo observar cómo el varón llevaba los pantalones «desabrochados y ligeramente bajados, presentando una evidente erección».

Tras forcejear con el sospechoso y pedir refuerzos ante su «gran resistencia», finalmente los agentes lograron reducirlo. Tras entrevistarse con la víctima, que se encontraba «llorando y en un gran estado de nerviosismo», los policías averiguaron que, momentos antes, la mujer se cruzó con el sospechoso, al que no conocía de nada, por la Avenida de los Naranjos, y este «sin mediar palabra», la agarró fuertemente, llegando a levantarla del suelo contra su voluntad, y la arrastró hacia una zona oscura.

El presunto autor de los hechos no la soltó, a pesar de que la mujer se lo pedía «insistentemente» ante el temor a ser agredida sexualmente, hasta que hizo acto de presencia la patrulla policial. El detenido, sin antecedentes policiales y de nacionalidad ecuatoriana, quedó detenido como presunto autor de los delitos de agresión sexual en grado de tentativa y atentado a agentes de la autoridad y ya ha pasado a disposición judicial.

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