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El Estado debe indemnizar con 182.000 euros a la viuda e hijos del cámara José Couso por omisión de protección diplomática

El Estado debe indemnizar con 182.000 euros a la viuda e hijos del cámara José Couso por omisión de protección diplomática

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La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios ocasionados a la viuda y a los dos hijos de José Couso por la omisión de protección diplomática tras el fallecimiento de dicho cámara de televisión durante la toma de Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003. 

La Sala, en comunicado del Poder Judicial,  desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia recurrida que reconoció el derecho a una indemnización de 182.290 euros a la familia del cámara (99.430 euros para la viuda y 41.430 para cada uno de los hijos).

En la sentencia se examina la procedencia de que los ciudadanos españoles puedan invocar la protección diplomática del Estado español cuando se les haya ocasionado un daño por un acto internacionalmente ilícito por parte de otro Estado, determinando el contenido de la protección y los efectos en el caso de que no se prestase en la forma oportuna, pudiendo generar la responsabilidad patrimonial de la Administración pública, no en cuanto a la indemnización del daño ocasionado, que nunca se garantiza con la protección diplomática, sino por la deficiente protección diplomática o la denegación de la misma.

La sentencia, ponencia del magistrado Wenceslao Olea Godoy, declara, a los efectos de fijar jurisprudencia, que “los ciudadanos españoles tienen derecho a la protección diplomática por parte de la Administración nacional, para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por un hecho ilícito, conforme al Derecho Internacional, ocasionado directamente por otro Estado; siempre y cuando el propio perjudicado no haya podido obtener la reparación por los mecanismo de Derecho interno del Estado productor del daño, siempre que estén establecidos y sea razonable obtener un pronunciamiento expreso en tiempo razonable”.

Añade que “el mencionado derecho comprende la utilización de las vías diplomáticas que se consideren procedentes, conforme a las reglas de la actuación exterior de la Administración, o por otros medios admitidos por el Derecho Internacional, encaminada a la reparación del perjuicio ocasionado, siempre que dichos medios la hagan razonablemente admisibles”.

En consecuencia, -indica la Sala- “procederá la reclamación, en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración, cuando se acredite que el Estado español no ha prestado la protección diplomática, conforme a los requisitos que le es exigido y atendiendo a la pérdida de oportunidad que comportaría dicha omisión, siempre que concurran los restantes presupuestos de dicha responsabilidad”.

En el caso concreto, la Sala concluye que el Estado español omitió la protección que le fue requerida y que estaba obligado a otorgar a la familia de José Couso. Así, afirma que “el Estado español estaba obligado, como se hace constar en la sentencia recurrida, a hacer gestiones en pro de una investigación internacional objetiva de los hechos y, en su caso, utilizar los medios que estimara procedente que pudiera dar como resultado la reparación del daño ocasionado, no a dar la callada por respuesta o limitarse a dar por buenos los argumentos dados en contra de la ilicitud del hecho por el Estado que lo ocasionó en cuanto si bien es cierto que el Estado español no puede imponer dicha declaración en el ámbito internacional, tampoco estaba obligado el Estado español a dar por buenas esas explicaciones, como ya antes se dijo”.

Añade que “lo que no es admisible es omitir cualquier acción que no sea la de dar por buenas las escuetas explicaciones dadas por las autoridades del Estado que ocasionó el daño, sino la búsqueda de una valoración objetiva de los hechos, con las consecuencias que resultaran procedentes”.

La Sala señala que la discrecionalidad en nuestro Derecho no comporta una libertad absoluta de la Administración para adoptar una decisión que pudiera incurrir en la arbitrariedad, al apartarse de los fines para los que se confiere esa potestad. “De ahí la necesidad de la motivación que, habiéndose omitido de todo punto en el caso de autos, genera el funcionamiento, y además anormal por más que sea irrelevante, de los servicios públicos, generando el daño que no es, en puridad de principios, el ocasionado por el fallecimiento del padre y esposo de los recurrentes iniciales, sino la perdida de oportunidad de que estos hubiesen obtenido la reparación del daño ocasionado. Y es esa pérdida de oportunidad la que se acoge por la Sala sentenciadora de instancia con la valoración de los perjuicios que se declaran en su sentencia, que no se cuestionan en casación”, subrayan los magistrados.

En su sentencia, el tribunal rechaza la alegación del abogado del Estado de que los recurrentes no agotaron los recursos internos de reclamación ante los tribunales de los Estados Unidos. En este sentido, afirma que una pretensión de esa naturaleza requiere una importante disponibilidad económica de la que no consta pudieran asumir los recurrentes. En definitiva, “si tan necesaria se consideraba por la Administración esa pretendida necesidad de haber realizado dicha reclamación, bien se pudo, no asumir esa reclamación la Administración española, que no está incluida en la protección, pero si facilitar los medios para dicha reclamación”.

Para la Sala lo decisivo para rechazar la argumentación del escrito de interposición es considerar que la Audiencia Nacional “no reconoce el derecho de resarcimiento por el fallecimiento del padre y esposo de los recurrentes, menos aún, porque deba el Estado español asumir el riesgo de un profesional nacional que fallece en el ejercicio de su actividad, sino que el título de imputación, necesario para apreciar la responsabilidad patrimonial, es el hecho de que el Estado español omitió la protección que le fue requerida y que estaba obligado, como hemos visto”.

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El chico de 15 años asesinado a balazos en Villaverde era trinitario y el homicida DDP, según la investigación

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El chico de 15 años asesinado anoche a balazos en un parque infantil del madrileño barrio de Villaverde Alto era supuestamente miembro de los Trinitarios y el homicida es de la banda latina rival de los Dominican Don’t Play (DDP), según las primeras investigaciones policiales.

Así lo ha indicado este mediodía ante los medios de comunicación la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que ha lamentado lo ocurrido.

La Policía Nacional busca ahora al agresor, un joven que llegó al parque cubierto con una capucha y una sudadera, que disparó en la cabeza sobre William, el menor fallecido, que vivía a pocos metros del lugar de los hechos.

Un joven de 15 años muerto y otro herido grave por arma de fuego en Villaverde

Otro joven, herido de bala

La persona que le acompañaba, un joven de 21 años vecino de Fuenlabrada, recibió una bala que le entró zona abdominal y salió por la lumbar. Fue atendido por los sanitarios del Samur-Protección Civil y evacuado al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Tras ser atendido médicamente, a lo largo del día de hoy recibirá previsiblemente el alta, ha indicado la delegada.

Posible venganza

«Espero que en las próximas horas haya resultados de la investigación policial. Todo apunta una venganza. La víctima estaría señalada por alguna cuestión que espero que en breve podamos dilucidar. El chaval estaba marcado y es evidente porque el asesinato es a bocajarro», ha señalado.

La Policía ya ha hablado con cuatro testigos que se encontraban en el parque anoche y que señalan lo mismo sobre los datos de lo ocurrido y la descripción del asesino.

Además, están revisando las cámaras de seguridad de la zona y de las estaciones de Metro cercanas por si pudo utilizarlos para huir.

Hay una investigación conjunta entre Brigada de Información y Homicidios para dar con el criminal. Además, hoy lunes hay prevista una reunión entre el comisario de Usera-Villaverde y el director de seguridad ciudadana de esos distritos para ver si se puede incrementar presencial policial en determinadas zonas.

Almeida urge a la Delegación del Gobierno a actuar contra el «repunte» de violencia en la capital

Plan antibandas

González ha recordado que se trata de dos distritos en los que hay presencia de ambas bandas de ascendencia dominicana y que, por tanto, son más habituales las rencillas y choques entre ambos grupos de pandilleros.

Lo que no es tan común, ha indicado, es que se haya utilizado un arma de fuego, ya que desde el inicio hace un año del plan de choque antibandas puesto en marcha por la Delegación, de las más de 600 armas incautadas por los agentes, solo una era de fuego.

La representante del Gobierno central en Madrid ha insistido en que este plan antibandas es estructural y que va a desmontar hasta acabar con este problema.

«Más refuerzo de policías es prácticamente imposible. Estamos hablando de 500 policías nacionales dedicados a ellos. Estamos hablando de una noche muy fría en la que se produce algo absolutamente incontrolable, que no puede preverse. Es un plan preventivo, con 110.000 identificados y una cifras que nos han permitido evitar muchas tragedias y de hechos como estos se resuelven los casos muy rápidamente», ha indicado.

Policía y Guardia Civil han detenido a 1.400 pandilleros en un año en Madrid, el 37% menores de edad

5 muertos este año en Madrid por reyertas

Por último, Mercedes González ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad porque los datos del balance anual del plan contra las bandas «reflejan que los integrantes de las bandas juveniles violentas se han reducido, tanto en territorio de la Policía Nacional como de Guardia Civil. Creo que dentro de nuestras posibilidades se les están cercando y acogotando pero desgraciadamente lo ocurrido anoche no hemos podido evitarlo», ha lamentado.

Según datos de la Delegación del Gobierno, en lo que va de año son cinco las personas fallecidas por conflictos entre bandas urbanas violentas. Son los registrados en la capital el 1 de enero en la calle Sáhara, el 6 de febrero en las calles Atocha y Carabelos, el 27 de abril en la calle Alcocer y, si se confirma, el de anoche. Ni los asesinatos de Alcorcón ni el de Fuenlabrada del primer fin de semana de octubre los incluyen en esta tipología.

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Un hombre intenta quemar a su pareja y se entrega después a la Guardia Civil

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Un hombre se ha entregado este lunes en el Cuartel de la Guardia Civil de Borriana (Castellón) tras supuestamente intentar quemar a su pareja en un domicilio de Segorbe, según han informado fuentes del instituto armado.
El suceso se produjo este domingo, cuando el hombre presuntamente intentó quemar a su pareja en una vivienda de Segorbe y este lunes 5 de diciembre se ha entregado ante la Guardia Civil.
La Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar los hechos.
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se movilizaron hasta dicha vivienda para sofocar el fuego, que había afectado al salón y a la cocina del inmueble , y tuvieron conocimiento de que el mismo se había producido supuestamente de manera intencionada.
La mujer fue atendida por medios sanitarios, según han señalado fuentes del Consorcio de Bomberos.

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La Guardia Civil encuentra a una mujer desnutrida en una playa de Valencia tras estar tres días desaparecida

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Desnutrida, deshidratada y aletargada. La Guardia Civil de Valencia ha encontrado en la playa de la pedanía de El Saler a una mujer que llevaba tres días desaparecida.
Los hechos se remontan al pasado 23 de noviembre, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de la desaparición de una mujer de 50 años en la localidad valenciana de Cullera.
Varias patrullas de la Guardia Civil desplegaron un dispositivo de búsqueda y localización de esta persona que dio sus frutos tres días después, cuando los agentes lograron localizar el vehículo de la desaparecida en la pedanía de El Saler.
Tras entrevistarse con varios vecinos, les indicaron que habían visto a una mujer que encajaba con la descripción física de la desparecida en la playa.
La Guardia Civil de Valencia , tras iniciar una batida, consiguió encontrar a la desaparecida. Deambulaba por la zona de forma aletargada.
Los agentes, iniciaron una primera asistencia proporcionándole comida y abrigo, ya que manifestó que llevaba cuatro días sin ingerir alimento.
Los guardias civiles pudieron observar que la desnutrición y deshidratación en la mujer era evidente. Instantes después, fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital Universitario de La Ribera en Alzira.
De acuerdo con la Guardia Civil «gracias a la rápida intervención de los agentes y el conocimiento de la zona se pudo localizar a esta persona y evitar un mal mayor».

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