«Atropello», «calvario» o «humillación». Así definen numerosos aspirantes a policía nacional su experiencia en estas oposiciones, que dependen del Ministerio del Interior. Sobre todo por la entrevista personal y el test psicotécnico tras superar las pruebas físicas y teóricas. Como avanzó ABC, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya ha anulado más de 400 de esas entrevistas
por descartar a aspirantes de forma arbitraria e injustificada.

No en vano, el TSJM ha dado la razón a todos los declarados ‘no aptos’ en esa prueba que han recurrido en vía judicial. De momento ya van 412 sentencias obligando a la Dirección General de la Policía (DGP) a readmitir a otros tantos opositores a los que descartó por esa entrevista.

«Me trataron como un
delincuente», recuerda Armando Jiménez, al que los entrevistadores llegaron a amenazar porque creían que llevaba una cámara oculta en la chaqueta. Era el logo de esa marca de ropa. «Sientes rabia e impotencia tras tanto esfuerzo», apunta. Este madrileño se ha presentado a otras oposiciones similares, como las de Guardia Civil, en las que afirma que fue tratado «con educación exquisita e impecable».

David Fuente vive en Barcelona y denuncia que le descartaron «con un informe plagado de mentiras». Le preguntaron por los aspectos más desfavorables de ser policía y él mencionó la falta de medios materiales. Los entrevistadores se lo afearon porque, según ellos, no puede opinar de eso quien no forma parte del cuerpo. Ni siquiera aunque los sindicatos policiales lo lleven denunciando desde hace años y su mujer sea policía nacional. «Te humillan y maltratan con una criba totalmente arbitraria», concluye David.

Otros afectados prefieren no dar su nombre completo por temor a represalias cuando vuelvan a la oposición de la que fueron descartados por la DGP y readmitidos por la Justicia. Carlos es andaluz y recuerda que le trataron «muy mal» en esa entrevista, en la que le preguntaron «hasta tres veces a qué se dedicaba mi madre». Asegura que la DGP gestiona estas pruebas «como si fuera un
cortijo y sin ningún respeto» a tantas resoluciones judiciales que las anulan por arbitrarias.

A su paisano Francisco también le preguntaron por su padre, que es policía nacional. Tanto que «parecía que la entrevista estaba más enfocada a él que a mí». Lo recuerda como «un ataque constante», en el que incluso los entrevistadores se dedicaron a «menospreciar a mi padre».

También desde Andalucía lo ha sufrido Juan Antonio, al que descartaron pese a su experiencia militar de varios años y alguna misión internacional a sus espaldas: «Me trataron muy mal, fue un bombardeo». Dice que esa mala experiencia no le ha quitado las «ganas» de cumplir su «sueño» de entrar en la Policía, pero sí la «buena imagen» que tenía de ella.

Ana es de Madrid y también sufrió «una entrevista repleta de desprecio, miradas de odio y de asco» por parte de dos mujeres, que «fueron muy duras desde el principio, s
obre todo
por la edad». Tenía 35 años. Además, la tacharon de «poco natural e insincera».

Desde Valencia, Rafael destaca otro problema por tantos aspirantes que la DGP rechaza de forma irregular y que la Justicia le obliga a readmitir en la oposición dos o tres años después. Ello provoca que en cada test psicotécnico haya hasta cuatro notas de corte distintas y con mucha diferencia. Así, el mismo año hay opositores que tienen que llegar al 7,3 en una prueba en la que a otros les basta con un 4 raspado. Este agravio ha llegado ya al Tribunal Supremo.

Ignorando al Supremo
Todo ello sigue ocurriendo incluso después de que el propio Supremo diera la razón a dos aspirantes a la Policía Foral de Navarra, que denunciaron la misma arbitrariedad que se da en las pruebas de Policía Nacional. Ángel Galindo es el abogado que ganó esa sentencia y otras ante el TSJM por irregularidades en tres fases de esta oposición, como las mencionadas y el test de ortografía.

Explica que el fallo del Alto Tribunal del pasado mes de enero sienta jurisprudencia para pruebas como la entrevista personal, en las que «exige que se haya publicado previamente el perfil profesiográfico que se valora y los parámetros y aspectos que se miden, que se conozcan los criterios y variables de puntuación y que se razone el motivo de la calificación según el material obtenido y la fuente en la que descansa la decisión». Es decir, al tratarse de pruebas de aptitud, «la motivación de la exclusión debe ser especialmente intensa, no siendo suficiente juicios genéricos o vacíos de sustento», como ocurre ahora.

Galindo recuerda que el Supremo fijó hace ya medio año que en estas pruebas se deben cumplir «las exigencias mínimas de expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico, consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitirlo y expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado de negar la aptitud de un candidato».

ABC ha recabado la versión de la Policía Nacional, cuya División de Formación y Perfeccionamiento asegura que «ha tomado las medidas de mejora oportunas para las siguientes convocatorias». Insiste en que, desde que se empezaron a grabar las entrevistas en 2019, «no hay ninguna sentencia en contra». Sin embargo, ABC ha tenido acceso a varias anulando esa prueba a favor de aspirantes que la realizaron justo ese mismo año, en 2019.

Mientras, cientos de afectados se ven obligados a invertir varios años y hasta 6.000 euros para enmendar ante la Justicia unas oposiciones que siguen acumulando sentencias en contra por arbitrarias.