El Partido Popular ha registrado en el Congreso una Proposición de Ley contra la okupación, en defensa de la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas en las comunidades de propietarios. Una normativa que contempla el desalojo inmediato de los okupas.

El okupa no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de las autoridades, y si se le requiere abandonar el inmueble, deberá desalojarlo voluntariamente en un plazo máximo de 24 horas o acreditar que tiene un título sobre la vivienda -como un contrato de arrendamiento-. Si se trata de flagrante delito, los agentes procederán al desalojo inmediato.

Penas de prisión

Por un lado, el Grupo Popular ha propuesto reformar el Código Penal para castigar a las personas que, con violencia o intimidación okupen un inmueble, con penas de uno a tres años de prisión. Asimismo, se impondrán las penas superiores en grado si la okupación ilegal dura más de 15 días.

El PP también contempla que sean castigados con penas de prisión de tres meses los que promuevan la okupación. Si la persona que promueve esta actividad delictiva, es funcionario público en el ejercicio de su competencia, también sufrirá una inhabilitación para su cargo y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años.

Juicios rápidos

El Partido Popular también ha pedido modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de allanamiento de morada y usurpación puedan resolverse mediante el procedimiento del juicio rápido.

Asimismo, plantea el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los propietarios de una vivienda que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento puedan agilizar el procedimiento para reclamar su recuperación.

La proposición plantea también la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que, si el okupa desarrolla actividades prohibidas en los estatutos de la comunidad de vecinos, el presidente, previa autorización de la Junta, pueda iniciar acciones legales contra él y el juez podrá ordenar el lanzamiento inmediato y condenar al okupa a pagar daños y perjuicios.

El Grupo Popular propone, además, la modificación de la Ley de Bases de
Régimen Local para que la okupación ilegal no pueda dar lugar a la inscripción de los okupas en el padrón municipal, ni obtener los beneficios que supone este trámite. Para ello, los ayuntamientos estarían obligados a dar de baja del padrón a los okupas, bien de oficio o cuando denuncie esta situación el propietario.

Por último, el PP pide reformar la legislación tributaria para que al legítimo propietario, una vez haya resolución judicial firme, le sea devuelto el IBI y el Impuesto sobre Patrimonio abonados durante el periodo de ocupación, y para que la vivienda okupada sea considerada como residencia habitual de su propietario, si lo era antes de la okupación, con el fin de que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiere.