Los sindicatos de funcionarios del Centro Penitenciario de Botafuegos, la cárcel de Algeciras, se concentran este martes 13 de septiembre a las 11 de la mañana para pedir al ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska «en protesta y repulsa por los últimos graves incidentes sucedidos al personal de este centro, como coacciones y amenazas por parte de internos, que ha llegado a tal punto de vernos amedrentados en el exterior», según el comunicado de la convocatoria firmado por el sindicato de prisiones ACAIP-UGT. Los funcionarios piden que Instituciones Penitenciarias disperse a estos narcos por otras prisiones.

«Igual que añaden recursos humanos y económicos para esta zona de Campo de Gibraltar para luchar contra el narcotráfico podían poner orden en el caso de los presos de mayor entidad y trasladarlos a otras prisiones para evitar esta convivencia tan complicada para los funcionarios», explican desde ACAIP.

Porque parece que el respeto y la convivencia entre preso y funcionario de prisiones se ha roto. En este caso los culpables han sido sin duda los presos. Ser funcionario de prisiones siempre ha sido un trabajo de riesgo, pero cuando el funcionario presta servicio en una cárcel conocida como «la cárcel del narco» ese riesgo se multiplica. La noche del pasado lunes 5 de septiembre una funcionaria de la prisión tuvo que ver cómo ardían dos vehículos de su propiedad por un incendio provocado en lo que parece ser una coacción en toda regla, ya que es una de las personas que forma parte de la Junta Penitenciaria, que decide si un preso sale de permiso o no. Hace seis meses quemaron el coche de otro funcionario que trabaja en el mismo módulo, que reúne a narcotraficantes de «perfil alto».

La cárcel algecireña de Botafuegos tiene entre su población penitenciaria a un porcentaje muy elevado de presos relacionados con delitos cometidos en el Campo de Gibraltar, casi todos relacionados con el narcotráfico. Por tanto, su población reclusa en su inmensa mayoría son de la zona. En la misma prisión también hay presos extranjeros, muchos de origen marroquí y que cumplen su estancia en régimen de prisión preventiva a la espera de juicio e incluso definitivamente cumpliendo condena.

Un trabajador de esta cárcel de Algeciras explica que «antes el recluso narcotraficante, una vez entraba por la puerta del establecimiento penitenciario era cumplidor con la legislación penitenciaria y con sus trabajadores, pero ahora está cambiando, no temen las consecuencias de sus conductas, ya no se conforman con las meras amenazas, se ha pasado a los hechos y han traspasado líneas rojas», el mismo funcionario asegura que es «incapaz de saber qué ha ocurrido porque los presos siempre han sabido que cuando traspasaban los muros de la cárcel nosotros somos los encargados de velar por el orden y la convivencia dentro de la cárcel y esa norma no escrita se había respetado hasta ahora».

El último incidente fue el incendio provocado que calcinó dos vehículos de una trabajadora penitenciario, «que desempeña su trabajo en el interior del establecimiento, que tiene trato directo con los reclusos, con voz y voto a la hora de decidir si a un interno se le concede un permiso de salida o es progresado al tercer grado penitenciario; una “coacción” en toda regla», añaden.

Este incidente no puede calificarse de accidente, porque seis meses atrás el vehículo de otro funcionario de la cárcel de Algeciras fue calcinado en iguales circunstancias. Se da la circunstancia de que trabajaba en el mismo módulo que la funcionaria que ha visto ahora arder sus dos coches. Entonces sus compañeros creyeron que podía haber sido un accidente o una víctima aleatoria de un desalmado y por tanto no tuvo la relevancia que debiera porque era la primera vez que sucedía este hechos, pero… «las casualidades no existen. Ahora en la mente del colectivo las preguntas son ¿Quién será el siguiente? ¿A nuestras familias? ¿A nuestras viviendas?», se preguntan los funcionarios de Botafuegos. La Policía Nacional ya investiga ambos incendios.

Desde el sindicato de prisiones ACAIP-UGT han hablado con la Dirección de la cárcel de Algeciras para conocer de primera mano los hechos, y les han explicado que «lo han remitido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que se adoptará medidas internas. Desde el Sindicato entendemos que la solución pasa por el traslado a los presos relacionados con el narcotráfico a otros Centros Penitenciarios del país», dicen en un comunicado.

La realidad es que Botafuegos es una prisión muy singular por su ubicación cercana a Marruecos, por la tipología delictiva y por las características de los presos que se custodian. En los últimos cinco años es el Centro Penitenciario de España donde más teléfonos móviles se han incautado, en concreto 690 terminales, el pasado año 2021, ocupó el número 2 en el ranking con 134 unidades con el consiguiente agujero en la seguridad interior de la cárcel, a lo que hay que sumar los drones, en los cuales se han incautado drogas y teléfonos.

«Estos datos, cifras y quejas se han presentado en innumerables veces al máximo responsable de Prisiones, también se le recordó las dificultades para ejercer el trabajo en un recinto penitenciario masificado, con una continuada falta de trabajadores y con carencias de medios electrónicos adecuados, ya que algunos están obsoletos o fuera servicio, a lo cual nunca ha contestado», aseguran desde ACAIP.

Por eso, añaden, «desde ACAIP-UGT, demandamos al Ministro del Interior, que Botafuegos y su personal esté encuadrado dentro del Plan de Especial Singularidad del Campo de Gibraltar al igual que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los cuales cuentan con más y mejores medios como: unidades especializadas contra el narcotráfico, productividades especiales, unidades investigación…, en la comarca, y dote a Botafuegos de más recursos humanos, materiales y económicos; al Secretario General de Prisiones, señor Ortiz, que proteja a sus trabajadores, que negocie y resuelva los múltiples problemas que tiene el colectivo penitenciario, caso contrario la mejor solución para todos los empleados penitenciarios es, que por vergüenza y dignidad, los máximos responsables presenten su dimisión».

A la protesta de este martes se sumarán otros colectivos relacionados con la seguridad y representantes de organismos públicos.