El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Valdemoro investiga a José Antonio Luis de la Iglesia, director del centro penitenciario Madrid III (Valdemoro) y a cuatro guardias civiles tras la denuncia de un funcionario detenido injustamente durante la operación Orión el 31 de mayo de 2021. Este funcionario fue puesto en libertad antes de ingresar en prisión, después de que el director de la cárcel reconociese su error al señalarlo ante los investigadores de la Guardia Civil como uno de los implicados en una trama de tráfico de drogas y de móviles dentro de la cárcel. Luego se demostró que ninguno de los funcionarios acusados participaban en ella, tras más de cuatro meses en prisión. La causa contra ellos fue archivada definitivamente en mayo de 2022.

Pero el daño ya estaba hecho. Los cuatro funcionarios quedaron señalados, tres de ellos estuvieron en prisión durante cuatro meses y el denunciante, el primero que quedó en libertad sin cargos tras detectarse el error, acudió a la Justicia para denunciar la arbitrariedad de su detención. Ahora el Juzgado de Valdemoro cita para el próximo 19 de octubre a este primer denunciante, Miguel Ángel G.M., para que se ratifique en el relato de los hechos presentado ante la Fiscalía el pasado 22 de junio de 2022. En los mismos se acusa de los delitos de omisión de perseguir delitos, prevaricación, detención ilegal y falsedad documental al director de Valdemoro y a los cuatro guardias civiles que realizaron el atestado que acusaba a los funcionarios. En concreto, al director de la prisión se le acusa del artículo 408 del Código Penal, de la omisión del deber de perseguir delitos. La causa se encuentra en fase de diligencias previas y los otros tres funcionarios perjudicados ya anunciaron su intención de allanarse a esta misma denuncia para acusar también al director de Valdemoro.

El denunciante argumenta que el director de Madrid III «actuó como testigo en las diligencias previas (…) por los que el denunciante, que es funcionario del centro penitenciario, pasó tres días en los calabozos del Guardia Civil con el resultado de libertad provisional con cargos y medidas cautelares durante los seis meses siguientes». Este funcionario fue detenido el 31 de mayo de 2021 en su domicilio por agentes de la Guardia Civil. El director de la prisión declaró ante los agentes sobre este funcionario que «tenía información del año 2018 en la que el denunciante se dedicaba a introducir en el centro penitenciario alcohol y móviles». Por esa declaración el denunciante esgrime el artículo 408 del Código Penal, que hace referencia al deber de perseguir delitos como funcionario público.

Luego en el juzgado el director rectificó y dijo «que se trata de otro Miguel». El problema añadido es que el funcionario fue suspendido de empleo y sueldo durante seis meses, «con la consiguiente pérdida de haberes, suponiendo un perjuicio económico (…) además de los daños causados a la familia del denunciante».

La denuncia a los guardias civiles es porque «se quedó demostrado en sede judicial … que el funcionario al que se referían era otro distinto al detenido, incumplieron su deber de comprobar las supuestas informaciones que decían tener y que resultaron ser falsas, antes de detener al denunciante (…)».

La causa contra los funcionarios decayó cuando en septiembre de 2021 la juez tomó declaración a cuatro testigos y cada testimonio fue más rocambolesco, desde alguno que dijo «no sé nada» hasta otro que aseguraron que no habían prestado declaración previa ante la Guardia Civil y que lo había hecho su abogado por él.

Tras las declaraciones judiciales los tres funcionarios encarcelados fueron puestos en libertad y consiguieron el archivo definitivo de la causa en mayo de 2022. Gran parte de las acusaciones para detenerlos se basaban en el testimonio de cuatro presos que estaban o habían estado en la cárcel de Valdemoro (Madrid III) durante la pandemia.

El juzgado de Valdemoro tomó declaración por videoconferencia a estos internos que se encontraban en otras cárceles e incluso en el caso de un ex interno, en su casa. Las sorpresas para los abogados defensores de los funcionarios llegaron una tras otra, pero la primera se produjo cuando el primer testigo, interno en el módulo 7 de Valdemoro, que tenía la calidad de testigo protegido dijo que «mi declaración no sirve de nada porque es de oídas, o sea que lo que declaré sí lo he declarado, pero todo eso es a través de otra persona. Yo no he visto nada ni sé nada». Cuando la juez le pregunta el nombre de esa otra persona el preso, un viejo conocido de Instituciones Penitenciarias por el tiempo que ha pasado en varias prisiones, dice que «no me acuerdo del nombre, pero vamos yo no he presenciado nada delante de mí ni nada».