Tras una hora a pie, superando zonas de gran desnivel, operativos del grupo de élite de los Mossos llegaron hasta una plantación de marihuana en el pantano de Susqueda (Gerona). El despliegue, el pasado 25 de agosto, requirió la intervención del GEI por la compleja orografía del terreno, que impidió la aproximación en vehículos. Allí, los agentes se incautaron de casi 1.000 plantas. No se trata de un caso asilado. Solo en 2021, la Policía catalana desmanteló una media de casi dos cultivos al día y se incautó de unas nueve toneladas de la droga. Unas cifras que convierten en un problema su transporte y almacenaje, del que se encargan, también, los propios uniformados. En el caso de Susqueda, la autoridad judicial ordenó un fuego controlado, una vez realizado el muestreo de la plantación –para determinar, entre otros, su porcentaje de THC, principal psicoactivo del cannabis –, pero en la mayoría de ocasiones, su destrucción se demora y hay que recolectar las plantas, trasladarlas y custodiarlas. Pero, tal y como denuncian los agentes, resulta «insostenible tener una semana miles de plantas en una comisaría», señala Imma Viudes, portavoz del sindicato Sap-Fepol. La petición de los mossos es unánime: la destrucción ‘in situ’ de las plantaciones –siempre que sea posible– una vez garantizada la prueba de cara al juicio. De hecho, así lo refleja la ley, que reza que «podrá decretarse la destrucción de los efectos judiciales, dejando muestras suficientes, cuando resulte conveniente por la propia naturaleza de los efectos intervenidos o por el peligro real o potencial que comporte su almacenamiento o custodia». Pero la autorización para hacerlo, en ocasiones, se demora durante meses. Además de saturar comisarías, el decomiso de marihuana supone que los agentes se conviertan en « jardineros », apunta el mosso Albert Palacio. Cortan, recogen, almacenan y custodian la droga. En algunas ocasiones, lo hacen con herramientas manuales y no mecánicas, como tijeras de podar, y sin equipos de protección individual, como guantes y mascarillas. Además, el trasladado de la marihuana se lleva a cabo, no pocas veces, en los propios vehículos policiales, «sin tener en cuenta la afectación –por inhalación– que ésta puede tener» sobre los uniformados. Este es el motivo que ha llevado a Sap-fepol a interponer una denuncia ante Inspección de Trabajo por los riesgos que supone la manipulación de la droga. Una vez en comisaría, los contenedores no son suficientes para las grandes cantidades decomisadas, y la hierba ha llegado a amontonarse en las celdas para los detenidos, e incluso en el exterior de dependencias policiales. Las plantas se pudren, generan plagas de insectos y su olor es insoportable. De hecho, esta martes, tras un rato de espera, dos personas abandonaron la comisaría de Mataró (Barcelona), donde pensaban interponer una denuncia por el mareo tras inhalar la droga allí acumulada. «Imagina lo que es pasar allí horas. Mientras se está secando es un infierno, no se puede soportar», explica una agente del Cuerpo. La gran acumulación de droga incautada lleva a que los aparcamientos exteriores de las comisarías se transformen en almacenes improvisados, mientras que la proliferación de cultivos por todo el territorio ha llevado a los agentes a asumir labores que podría llevar a cabo una empresa externa, como desmantelar la propia plantación. Una posibilidad que el Departamento de Interior puso sobre la mesa, aunque, finalmente, no se llevó a cabo. «El proceso actual, desde que se desarticula una plantación hasta que la droga se almacena y se destruye es lento. Hay que buscar cómo agilizarlo», insta Palacio. que aboga por quemas controladas , como la de Susqueda , cuando el cultivo se ubique lejos de zonas pobladas. Cuando el transporte no es viable, como en el caso mentado, la plantación queda custodiada por los agentes hasta que la autorización judicial permite su destrucción. «Entonces sí se acelera el trámite», señala el mosso. «Una vez garantizada la prueba, y una pequeña muestra de la droga, lo mejor sería la destrucción ‘in situ’», secunda Viudes. Además, los agentes denuncian que el Cuerpo obvia la afectación que supone trasladar la marihuana en las propias patrullas. No solo por que la inhalación puede afectar a sus capacidades, sino por el riesgo añadido. «La peligrosidad que implica, ya que pueden ser asaltados por cualquier banda de crimen organizado», advierten desde Sap-fepol. El búnker de Nou Barris Como solución a la saturación de las comisarías, desde Interior indican que para finales de año se prevé la entrada en funcionamiento del almacén central de estupefacientes en Nou Barris (Barcelona), pero las organizaciones de mossos reprochan que es una promesa que lleva más de un año de demora y tampoco evitará los riesgos de transportar la droga. «¿Los agentes tendrán que ir desde cualquier punto del territorio, donde se incaute la marihuana , hasta el almacén de Barcelona?», cuestiona Viudes, que vuelve a apuntar a la peligrosidad: «Somos una diana». Si el transporte se derivase a una empresa externa, el riesgo sería aún mayor. Y es que solo durante los últimos doces meses, según el balance de la Policía catalana, se registraron más de un centenar de narcoasaltos en el territorio, así como tres secuestros y tres homicidios, vinculados al tráfico de marihuana. Cataluña es el epicentro de cultivo de esta droga, que luego se distribuye por el resto de Europa, donde llega a triplicar su valor. El auge de esta actividad delictiva conlleva un aumento de la violencia asociada. « Exportamos marihuana e importamos crimen organizado », alertó el pasado septiembre Ramon Chacon, jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos .