El general de la Guardia Civil en prisión desde hace una semana por su presunta implicación en el «caso Mediador», Francisco Espinosa Navas, guardaba en su casa de Madrid cuando fue detenido 61.110 euros en billetes, en fajos escondidos en una caja de zapatos y entre la ropa de un cajón, dinero que la juez al cargo de la causa cree de procedencia «ilícita».

En un auto dictado el pasado 16 de febrero, pero hecho público este miércoles, la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres describe los indicios que le hacen sospechar que ese dinero proviene de las comisiones que, presuntamente, cobraba el general a empresarios a cambio de facilitarles negocios con otras sociedades o con el proyecto europeo de asistencia en materia de seguridad a los países del Sahel, que dirigió en los últimos años de su carrera (2017-2021).

Subraya, en este sentido, que se han revisado los ingresos que el general recibió desde 2019 en sus cuentas bancarias, tanto de la Guardia Civil, como de la fundación pública española que administraba el proyecto GAR-SI Sahel, como de la Seguridad Social una vez jubilado, con la conclusión de que «no justificarían el origen de los 61.110 euros», por lo que presupone su «ilícita procedencia».

El general, retirado del servicio activo desde enero de 2021 y jubilado en julio de ese mismo año, fue detenido por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil cuando estalló el caso, el pasado 14 de febrero, y ese mismo día fueron registradas sus tres viviendas: en Madrid, en Sevilla y en Punta Umbría (Huelva).

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En el auto de ingreso en prisión provisional, la instructora explica que en la casa de Madrid se encontraron 30.250 euros en billetes de 50 dentro de una caja de zapatos en el armario del dormitorio matrimonial, 2.400 euros en billetes de 50 en sobres metidos en un bolso, dentro del mismo armario; y 28.460 euros en billetes de 200 y 50 envueltos en prendas de vestir en el ropero de otra habitación.

Para la magistrada, del análisis de la información recuperada de los móviles del intermediario que da nombre a la trama, Marco Antonio Navarro Tacoronte, así como de las investigaciones realizadas por la Policía y la Guardia Civil se desprenden «indicios sobrados» que involucran al general Espinosa en delitos de cohecho, tráfico de influencias y participación en grupo criminal organizado.

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En esta primera pieza del caso Mediador, que consta hasta ahora de 2.165 folios, la instructora aprecia pruebas de que el general cobró comisiones en efectivo, en tarjetas prepago y en especie (viajes, comidas y hoteles, entre otros gastos) de varios empresarios interesados en beneficiarse de sus influencias, así como de que pidió a uno de ellos que se contratara a su amante por 3.000 euros al mes.

En el registro a su casa no solo aparecieron los fajos de billetes, sino también una cartulina con una cuenta bancaria anotada. Su numeración coincide con la que el propio Espinosa le da al intermediario Navarro Tacoronte en uno de los audios del sumario.

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Al respecto, la juez recuerda que está a la espera de que las autoridades de Bélgica respondan a la orden europea de investigación que les ha cursado para pedir su ayuda para conseguir los movimientos de una cuenta bancaria en ese país relacionada con este oficial.

En el auto, la magistrada dice que el general admitió al declarar ante ella que le han pagado «comidas y viajes a Fuerteventura y Las Palmas» y que recibió a empresarios en su despacho en la sede central de la Guardia Civil en Madrid; también señala que «reconoció parcialmente que había pedido tarjetas prepago».

En cambio, Espinosa negó en su declaración «haber recibido dinero», pero la juez considera que el dinero requisado en su casa de Madrid «respondería a esos pagos en B y de dudosa procedencia, a la vista de su investigación patrimonial que obra en autos».

En su defensa, el general alegó que puso en contacto a las personas que requerían su ayuda con dos importantes empresarios de Gran Canaria (no imputados en la causa) con los que mantiene amistad de la etapa en la que fue coronel jefe del cuerpo en provincia de Las Palmas pensando un su propio futuro: «En la búsqueda de un futuro empleo para después de su jubilación», dice el auto.

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En el sumario consta que, al jubilarse, la nómina de entre 7.000 y 10.000 euros al mes que recibía Espinosa mientras trabajó para el proyecto europeo GAR-SI Sahel se convirtió en una pensión de 2.553.

La juez precisa, además, que están pendiente del resultado de las investigaciones que ha ordenado sobre los contratos que uno de los empresarios imputados en la causa, dedicado al negocio de los drones, obtuvo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), la entidad pública española que administraba para la UE el proyecto GAR-SI Sahel.