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Los detenidos habían construido un complejo entramado para conseguir apropiarse ilícitamente con las propiedades de personas fallecidas que, aparentemente no tenían herederos conocidos.
Aprovecharon los múltiples fallecimientos ocurridos durante la pandemia para quedarse con los bienes de hasta 22 víctimas.
Hay ocho personas detenidas y tres investigados más. Aunque no ha sido hasta ahora cuando la Guardia Civil ha dado a conocer los pormenores del caso, en realidad la operación ‘Mano Negra’ arrancó en mayo de 2021.
Agentes del instituto armado comprobaron con sorpresa que alguien había retirado el precinto judicial de una vivienda que se precintó al no dar con los herederos del finado. Para su sorpresa, no solo se había reabierto la casa, incluso se habían realizado reformas.
También comprobaron que se habían sustraído varios objetos, incluyendo una motocicleta de alta gama.
Comprobaron que los usurpadores no solo no habían tenido reparos en saltarse el precinto judicial, sino que, además, en Internet había varios anuncios de alquiler para esa vivienda.
Esa pista les permitió identificar a dos trabadores del tanatorio ubicado en la comarca de Marina Alta. Resultaron ser dos miembros más de una organización que dirigían dos hermanos con conocimientos en Derecho y seguros desde Bilbao.
El cometido de los dos empleados del tanatorio era robar las joyas de los difuntos no reclamados y también pasar información para obtener sus claves bancarias o robar en sus viviendas.
Una vez se aseguraban de que ningún familiar reclamaba los restos mortales, entraban en acción los dos cabecillas residentes en Bilbao : una mujer de 63 años con estudios en Derecho y su hermano, un hombre de 54 años mediador de seguros.
Entramado empresarial La mujer figuraba como gerente de doce empresas , entre las que constaban dos inmobiliarias y cuatro gestorías.
El hombre era, por su parte, propietario de una correduría de seguros. Utilizaban las inmobiliarias, situadas en Denia y País Vasco para alquilar las viviendas usurpadas.
Para ello, utilizaban falsos contratos mercantiles en los que los difuntos figuraban como avalistas de sus empresas que realizaban a través de las gestorías, situadas en Bilbao y Cantabria.
De esta manera, a ojos del a administración figuraba que los fallecidos tenían responsabilidad civil patrimonial, lo que les permitía quedarse con sus bienes de forma «muy económica».
Además, habían creado todo un entramado para evadir impuestos. «Incluso se hicieron con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos», explica la Guardia Civil.
También utilizaban una empresa de construcción y reformas, una oficina de trámites de seguros, un taller de mecánica de Bilbao, dos hoteles en Murcia y Valencia, un restaurante en Denia y dos sociedades offshore en Irlanda y Malta. La banda contaba con los servicios de un antiguo trabajador de un ayuntamiento de la comarca de Marina Alta que realizaba las modificaciones catastrales par inscribir de forma irregular las viviendas en el Registro de la Propiedad.
Entre los detenidos también consta un trabajador de un geriátrico de la zona que se encargaba de obtener documentación y claves bancarias de las víctimas.
Llegó a transferir más de 112.000 euros de dos residentes nonagenarias a cuentas del grupo criminal. 22 víctimas El incremento de las muertes durante la pandemia , unido a las dificultades de las autoridades para contactar con las familias de los fallecidos, especialmente extranjeros, hizo que el grupo criminal incrementara su actividad.
En total la Guardia Civil ha identificado a 22 víctimas , dos de ellas de nacionalidad española y el resto belgas, franceses, suizos, británicos, alemanes o finlandeses. La investigación ha acreditado la participación del grupo en la apropiación ilícita de hasta 20 inmuebles.
Cuatro de ellos situados en París. En su conjunto suman un valor superior a los tres millones de euros. La operación policial se precipitó el pasado mes de octubre ante el riesgo de fuga de uno de los líderes.
En los registros se han intervenido 11.000 euros en efectivo, casi 100 piezas de joyería, ocho vehículos a motor y 20 inmuebles.
Los detenidos también tenían en su haber cinco armas de fuego, diversos dispositivos informáticos y de telefonía móvil y una billetera fría de criptomonedas.
Además, se están analizando 71 cuentas bancarias a las que podrían haber accedido de forma fraudulenta.
En total son ocho los detenidos por delitos de organización criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación del estado civil y tenencia ilícita de armas.
La Guardia Civil no descarta que pueda incrementarse el número de víctimas, por lo que la operación continúa abierta.