La juez de Instrucción 6 de Sevilla se encuentra investigando la presunta trama de fraude a la Seguridad Social que supuestamente se llevó a cabo en la empresa Mersant Vigilancia. Ahora, se está indagando si los responsables de la compañía pagaron sobornos a funcionarios de Hacienda y de la Seguridad Social. Tres trabajadoras de la compañía de seguridad privada han declarado ante la Policía y han proporcionado información relevante. Una de ellas asegura que un abogado de Sevilla que era amigo del dueño de la empresa en la sombra, Francisco Javier Cabrera Santamaría, sobornó a funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria para que expidieran certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones con ambos entes públicos, sin ser esto cierto. Según la declaración, el contable de Mersant entregaba al abogado unos cheques con dinero que él se encargaba de cobrar en el banco y con ese dinero pagaba los sobornos a los funcionarios de Hacienda y la Seguridad Social.

Durante la pandemia, el contable solicitó préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para todas las empresas del grupo por encargo de Cabrera. Estas ayudas fueron concedidas y se utilizaron las cantidades que se ingresaron para ponerse al día con la Seguridad Social y Hacienda, según destacó otra empleada de la compañía. Otra de las trabajadoras aseguró que conocía que Mersant y otras empresas asociadas a ella tenían unas deudas muy elevadas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, y por ello las cuentas de esas empresas eran sometidas a embargos preventivos. Sin embargo, vio certificaciones que acreditaban que Mersant Vigilancia estaba al corriente de pago con la Agencia Tributaria.

La empresa estaba administrada por la mujer de Cabrera, Raquel Serrano de Mergelina, ya que Cabrera estaba inhabilitado para administrar empresas tras llevar a la quiebra una sociedad anterior, Kappa Vigilancia. La Policía detuvo al matrimonio a finales de diciembre, después de que vendieran Mersant a un empresario de Carmona que les había prestado un millón de euros, y ellos no pudieran pagar la deuda. Esto, para los investigadores, supone un delito de alzamiento de bienes o frustración de la ejecución.

Mersant acumuló una deuda con la Seguridad Social de más de seis millones de euros. A pesar de ello, la empresa seguía optando a créditos y ayudas públicas y figuraba al corriente de pago en determinados momentos. Esto llamó la atención de la trabajadora, que declaró a la Policía que cuando Cabrera y dos personas más le ordenaban que se descargase los certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria, éstos aparecían sin deuda, y que si los comprobaba sin que ellos le dijeran nada, siempre figuraba endeudamiento.

En definitiva, la investigación de la juez de Instrucción 6 de Sevilla sobre la presunta trama de fraude a la Seguridad Social orquestada en la empresa Mersant Vigilancia, se ha ampliado para investigar posibles sobornos a funcionarios de Hacienda y la Seguridad Social por parte de los responsables de la empresa. Todo ello a raíz de las declaraciones de tres trabajadoras de la compañía de seguridad privada.

Las trabajadoras declararon que se habían conseguido levantar los embargos que obraban sobre las cuentas de la empresa gracias a la actuación de un abogado de Sevilla que era amigo del dueño de la empresa en la sombra y del empresario de Carmona que terminó adquiriendo la empresa. Al parecer, este abogado sobornó a funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria para que expidieran certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones con ambos entes públicos, sin ser esto cierto.

Además, una de las trabajadoras afirmó que el contable de Mersant le entregaba al abogado «unos cheques con dinero que luego él se encargaba de cobrar en el banco y con ese dinero pagar los sobornos a los funcionarios de Hacienda y la Seguridad Social». Uno de estos cheques, según consta en el sumario del caso, era de un importe de 30.000 euros y se libró en los meses de diciembre de 2021 o enero de 2022. El abogado supuestamente se encargaba de conseguir los certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias de la empresa.

Otra trabajadora declaró que Mersant y otras empresas asociadas a ella «tenían unas deudas muy elevadas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, y por ello las cuentas de esas empresas eran sometidas a embargos preventivos». Sin embargo, vio certificaciones que acreditaban que Mersant Vigilancia estaba al corriente de pago con la Agencia Tributaria. Al conectarse al sistema red de la misma (al que se accedía con el certificado digital de la empresa) «podía comprobar que la deuda que había pendiente de satisfacer seguía existiendo». La empleada aseguró que dichas certificaciones se obtenían en unos determinados momentos en los que aparecía que la empresa aparentemente no tenía deudas.

Además, los responsables de la empresa también habrían obtenido aplazamientos de la deuda sin cumplir los requisitos para su concesión. Todo ello ha llevado al Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF de la Policía de Sevilla a enviar un informe al juzgado solicitando el auxilio de la Agencia Tributaria para «demostrar el ocultamiento a la Hacienda Pública y el patrimonio asociado a cada una de las personas investigadas».

El caso Mersant Vigilancia ha causado gran revuelo en la sociedad sevillana y en el ámbito empresarial, ya que ha puesto de manifiesto una posible trama de fraude a la Seguridad Social y Hacienda, así como posibles sobornos a funcionarios públicos.

Los documentos requeridos para la investigación de la juez incluyen certificaciones de estar al corriente de pago de obligaciones fiscales y la identificación de las personas que las solicitaron y recibieron. Además, se solicita información sobre el patrimonio y las propiedades de las personas investigadas para determinar si han ocultado bienes a la justicia.

En definitiva, la investigación en torno a la presunta trama de fraude a la Seguridad Social orquestada en Mersant Vigilancia se ha expandido para incluir la posible implicación de funcionarios de la Hacienda y de la Seguridad Social. Las declaraciones de las empleadas de la empresa han sido clave para la apertura de esta nueva línea de investigación y para el descubrimiento de posibles delitos de soborno y falsedad documental.

La complejidad y gravedad de los delitos investigados en este caso ponen de manifiesto la importancia de la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción en las empresas. Además, resalta la necesidad de una justicia eficiente y eficaz que pueda investigar y sancionar estos delitos. La colaboración entre las empresas y los funcionarios públicos para ocultar el fraude y la corrupción en el sector empresarial es un problema que debe ser combatido por las autoridades y la sociedad en su conjunto.