El Defensor del Pueblo ha puesto en cuestión la prueba de ortografía a la que tuvieron que someterse el 6 de marzo de este año los opositores que optaban a una de las plazas de ingreso por la Escala Básica en Policía Nacional, dentro del proceso selectivo iniciado en agosto de 2020.

Esta institución abrió una investigación oficial sobre esa prueba por la denuncia interpuesta por la Confederación Española de Policía (CEP) a los pocos días de celebrarse. Considera ahora que el criterio de evaluación empleado para la corrección del examen ortográfico consistente en determinar en un tiempo máximo de ocho minutos si una palabra, de entre un listado de cien, figuraba o no en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: “No alcanza a medir el conocimiento de la lengua a través de sus reglas ortográficas y gramaticales”.

Esta disfunción, añade el Defensor: “Podría alterar la finalidad de la misma [prueba] y generar inseguridad y poca fiabilidad en los participantes en el proceso selectivo”, tal y como ponía de manifiesto la petición de intervención que CEP trasladó a esa institución el 10 de marzo pasado. Dicho documento dio lugar a la apertura de un procedimiento iniciado el 29 de marzo, en el que se ha instado a la División de Formación y Perfeccionamiento de Policía Nacional a justificar los objetivos y finalidad de ese polémico examen. Una prueba que generó numerosas quejas de opositores al considerar que el enfoque de la prueba era ajeno al recogido en la base sexta de la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso en Policía Nacional, “evaluar la capacidad ortográfica del opositor”, aprobada por la Dirección General de la Policía mediante Resolución de 27 de agosto de 2020.

En este sentido, el Defensor del Pueblo recuerda a la DGP que no cuestiona en modo alguno la inclusión o no de un examen ortográfico en el proceso selectivo para el acceso a la Escala Básica de Policía Nacional. Sin embargo, añade que “sí considera y así se hizo constar en el inicio de actuaciones por parte de esta institución, que el contenido de dicha prueba debe responder a la finalidad de la misma” y ejemplifica como posible alternativa a lo ocurrido en  marzo de este año la formulación de exámenes que midan “el uso correcto del abecedario o de las reglas de acentuación”.

Aunque el Defensor del Pueblo ha acordado finalizar las actuaciones abiertas por la denuncia de CEP, sí que reitera a la Dirección General de la Policía los riesgos en los que incurre al diseñar una prueba de ortografía que no se ajusta a los objetivos señalados en la convocatoria de ingreso en el Cuerpo.

La División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, tanto en su respuesta al Defensor del Pueblo durante el procedimiento abierto por la denuncia de CEP como a diversas preguntas parlamentarias tramitadas en el Congreso de los Diputados recogiendo las quejas de numerosos opositores, llega a justificar que los futuros policías deban saber si una palabra aparece o no en el diccionario de la RAE, como supuesto indicador de sus capacidades ortográficas, por “la alta carga de trabajo documental que deben tramitar los funcionarios de la Policía Nacional en sus labores diarias”.

La oferta de empleo público en Policía Nacional para la Escala Básica en 2020 -oposición durante la que los opositores tuvieron que someterse a esta cuestionada prueba de ortografía- fue de 2.366 plazas.

En este sentido, como advirtió este sindicato en su día, podría darse la situación de que un opositor supiera si una palabra aparece en el diccionario de la RAE y, sin embargo, no fuese capaz de escribirla correctamente o conocer su significado. En la denuncia tramitada por CEP en marzo se indicaba que “se ha exigido, en definitiva, no un conocimiento ortográfico sino el dominio de una mecánica memorística en relación con palabras que aparezcan o no en la citada referencia bibliográfica”.

La DFP ha mantenido estos meses una postura de defensa cerrada de su polémica prueba ortográfica, sin un solo resquicio siquiera para aceptar su redefinición a futuro o para demostrar el más mínimo sentido de autocrítica o de receptividad ante propuestas alternativas, calificándola de “válida y objetiva”. Criterio este último que el Defensor del Pueblo, en línea con la denuncia de CEP, no considera ni correcto ni adecuado.

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