Los cinco agentes y el subinspector que dirigía el operativo han sido acusados por la Fiscalía Provincial de Madrid de un delito de allanamiento de morada. La defensa de dos de ellos ha presentado sendos escritos al Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid, en el que se instruye esta causa, solicitando el archivo de la misma por considerar que «no concurre delito alguno».

En el escrito del subinspector, al que ha tenido acceso ABC, su defensa añade un nuevo argumento para justificar la entrada por la fuerza después de que las personas que se encontraban en el interior ignoraran la veintena de requerimientos que les hicieron los agentes durante cerca de media hora para que abrieran la puerta.

Y ese argumento apunta a que, además de incumplir las limitaciones de aforo por la pandemia y las molestias que estaban causando a los vecinos, en el interior de ese piso «podría estar sucediendo un delito contra la libertad y la indemnidad sexuales». La defensa de este subinspector, al que representa el bufete Frango & Suárez, enmarca lo anterior en una «organización lucrativa de prostitución de alto nivel para los visitantes de Oriente Medio».

Es decir, prostitución de lujo en un piso turístico del barrio de Salamanca con cinco mujeres (dos españolas, una india, una búlgara y una francesa), a las que los agentes no detuvieron porque sí intentaron salir, y nueve hombres: cuatro de Emiratos Árabes Unidos, uno de Arabia, tres españoles y un británico, el mismo que alquiló el piso y que denunció a los agentes.

El escrito de defensa añade que los policías desconocían esa circunstancia cuando acudieron al inmueble, pero explica que, al irrumpir en el interior, encontraron «indicios muy evidentes» de ese supuesto delito de prostitución, entre los que enumeran algunos como «camas deshechas, maletas abiertas, concurrencia de jóvenes señoritas [españolas, del este, etc] con ciudadanos de Oriente Medio que aún no se ha explicado cómo entraron en España en plena pandemia».

Por todo ello, para la defensa del subinspector «es evidente que a ninguna de las intervinientes en la fiesta les hubiera gustado tener que explicar qué hacía en aquella fiesta con esas otras personas cuando se recibiera la multa». Y concluyen que esa «fue la razón por la que se atrincheraron en el piso» y por la que negaron la entrada a los agentes.

Bisnieta de un ministro de Franco
Otro de los argumentos que esgrime la defensa es que la joven que se enfrentó con los policías y les advirtió de que «se iban a enterar de quién era», es una persona con influencia. «No era una amenaza vana», recoge el escrito, pues «es bisnieta de Antonio Iturmendi Bañales, ministro de Justicia y Presidente de las Cortes Generales con el General Franco». Por este motivo, relacionan su «entorno nobiliario» con el hecho de que finalmente otros agentes de policía dejaran a los detenidos en libertad antes de pasar a disposición judicial, «algo absolutamente extraño, máxime al haber declarado expresamente una magistrada la pertinencia de la detención», expone la defensa.

Según los acusados, fue ella, la bisnieta del ministro de Franco, quien habría llevado la voz cantante asegurando «falsamente» que el inmueble era de su propiedad privada y habría llamado «guarras, zorras y traidoras» a las otras asistentes a la fiesta que, a diferencia de ella, sí querían salir del domicilio.

Además de estos escritos, la defensa de los dos agentes también ha aportado un vídeo, al que ha tenido acceso ABC. En él se ve cómo esta joven se dirige a los policías. «Se les va a caer el pelo. No saben con quién se han metido. Éstos van de ‘flipaos’ y no saben con quién se meten», llega a decir.

Con todos estos elementos su letrado pide su absolución. En este caso la Fiscalía Provincial de Madrid imputó a los seis agentes un delito de allanamiento de morada, si bien no encontró «responsabilidad penal en su conducta». El próximo paso es que el titular del Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid convoque una nueva vista, para que todas las partes expongan sus argumentos.