Entre la indignación y un contundente rechazo se sucedieron las reacciones, especialmente entre colectivos feministas, a la decisión judicial que deja en libertad provisional, con medidas cautelares, a Pedro Muñoz, ex concejal de ‘Coalición por el Bierzo’ en el gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada (León), después de dos años en prisión provisional y a la espera de juicio, acusado de violencia de género, intento de homicidio y maltrato continuado a su esposa, Raquel Díaz, abogada y dirigente de su mismo partido político, que quedó parapléjica tras una presunta y brutal agresión en la casa donde vivían.

Pocas horas después de que se hiciera pública la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ponferrada, decenas de personas secundaron, en la plaza del Ayuntamiento de la capital del Bierzo, una concentración convocada por la Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana, que mostró su «indignación por la puesta en libertad» del ex político «que en ningún momento ha mostrado arrepentimiento por lo que supuestamente hizo a su mujer, a la que ha dejado en una silla de ruedas».

Más contundente se mostró la concejala de Igualdad y Bienestar Social de Ponferrada, Lorena González, quien considera que se da un «mensaje nefasto a las víctimas y al conjunto de la sociedad». La también secretaria de Acción Institucional de Podemos en Castilla y León decía que es una noticia «horrible, cruel e injusta», después de reconocer que no se explica cómo ahora se acepta la libertad provisional, cuando en febrero, el juez y la Audiencia Provincial de León denegaron la última de las repetidas peticiones de Pedro Muñoz para salir de prisión, por considerar que había «riesgo alto de dificultar la investigación, alterar pruebas o fugarse, y ante la extrema situación de vulnerabilidad de la víctima, más allá de las secuelas derivadas de este episodio».

Hoy, la asociación ‘Feministas Bercianas’, que presume de ser más radical que el resto de colectivos de mujeres, ha convocado otra concentración, a las siete y media de la tarde, en la misma plaza del Ayuntamiento de Ponferrada. Este grupo ha llegado a calificar como «pacto de la vergüenza» el acuerdo que mantienen PSOE y Podemos, con ‘Coalición por el Bierzo’, en el Ayuntamiento de Ponferrada, donde Pedro Muñoz ocupó un puesto de responsabilidad hasta que fue cesado tras su detención.

El Juzgado número 5 de Ponferrada, que se encarga de los asuntos de violencia de género, ordenó la puesta en libertad de Pedro Muñoz, bajo vigilancia, aunque la acusación solicitó, sin éxito, una prórroga excepcional de la prisión provisional, después de dos años sin haber concluido la instrucción del caso y sin juicio.

Ese plazo se cumple el próximo día 2 de junio. En todo caso, impone a Pedro Muñoz la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte. Tampoco se podrá acercar a menos de 500 metros de Raquel Díaz. Esa medida se controlará con la instalación de una pulsera telemática. El caso se remonta al 27 de mayo de 2020, cuando Raquel Díaz fue hallada con heridas gravísimas en la casa que compartía el matrimonio en la localidad de Toreno, a 22 kilómetros de Ponferrada, durante el confinamiento del primer estado de alarma por la pandemia. Según sus posteriores declaraciones y la reconstrucción de los hechos desarrollada allí mismo, Raquel aseguró que Pedro Muñoz la tiró al vacío desde la terraza de la primera planta de la vivienda, empujándola por encima de la barandilla. Añadió que luego la arrastró por el pelo, la introdujo en la casa y allí siguió con la paliza. Como consecuencia, sufrió trece lesiones graves y quedó parapléjica. El círculo cercano a Díaz asume que la decisión no sorprende. Opta por la discreción y espera que el juicio se celebre pronto.