La Dirección General de Instituciones Penitenciarias (IIPP), dependiente del Ministerio del Interior, mantiene abiertos todavía los expedientes administrativos contra los tres funcionarios de prisiones que fueron detenidos el 31 de mayo de 2021 injustamente acusados de tráfico de drogas. La apertura de expedientes a funcionarios del Interior es una práctica habitual cuando son acusados de algún delito y detenidos y acarrea la suspensión de servicio y sueldo, independientemente de la causa penal que afronten y su desarrollo. Cuando la causa penal se archiva recuperan el sueldo al 80 por ciento y cuando se reincorporan al servicio recobran el sueldo en su totalidad, pero no pueden hacerlo en tanto el expediente administrativo haya sido resuelto.

Pero de momento el Ministerio del Interior mantiene abiertos los expedientes y por ello los funcionarios reclaman que una vez que su caso ha sido archivado definitivamente esos expedientes sean cerrados, se reincorporen a sus puestos de trabajo y se les devuelvan los atrasos monetarios dejados de percibir durante este tiempo. Instituciones Penitenciarias argumentó primero que el sobreseimiento de las actuaciones no era definitivo y, por tanto, no cerraba el expediente administrativo y luego que el mismo expediente continuaba abierto y por tanto no devolvía los atrasos hasta que no se cerrase.

Tras el sobreseimiento total de la causa abierta contra los funcionarios por auto del Juzgado de Valdemoro con fecha 25 de mayo de 2022, los sindicatos con representación en Valdemoro, ACAIP-UGT, APFP, CCOO y CSIF, escribieron el 31 de mayo una carta al ministro del Interior pidiendo que se cerrara el expediente administrativo abierto contra los tres funcionarios encarcelados y luego puestos en libertad, se les restituyera en sus puestos de trabajo y se cesara al director de la cárcel de Valdemoro, José Antonio Luis de la Iglesia por su actuación en todo el proceso. La respuesta informal de Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, consistió en reafirmar en su puesto al director de la prisión de Valdemoro.

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska siempre ha hecho oídos sordos a las peticiones de sus trabajadores y en su ministerio hay verdaderos especialistas en templar la paciencia de los funcionarios cuando reclaman atrasos monetarios. Desde Interior siempre argumentan lo mismo, primero que la causa continuaba sin el sobreseimiento definitivo y cuando se logró el archivo total de la causa por parte del Juzgado, que el expediente administrativo continuaba abierto.

Es como la pescadilla que se muerde la cola. Interior puede sancionar administrativamente a sus trabajadores independientemente de los que diga un Juzgado y puede mantener un expediente abierto durante meses si lo desea, hasta ahogar económicamente al funcionario díscolo. Prisiones incluso ha usado los recursos de los abogados de los funcionarios afectados ante la Justicia para reabrir los expedientes administrativos, como hizo el 26 de abril de 2022: «informando dicho Juzgado que a día de hoy el auto mencionado carece aún de firmeza en tanto que la defensa de don (…) ha interpuesto recurso solicitando el sobreseimiento libre (algo que luego ocurrió), estando a la espera de resolución del mismo. Se procede, por tanto, a la reapertura del presente expediente».

Estos mismos tres funcionarios reclamaron por última vez el cierre de ese expediente en mayo de 2022, pero Interior les contestó primero que no se cerraban por la suspensión provisional tras su detención, «algo que ya no existe porque ese sobreseimiento provisional se convirtió en definitivo el 25 de mayo», explica Paco, uno de los funcionarios afectados, a OKDIARIO y después el ministerio argumentó que los expedientes administrativos continuaban abiertos, sin resolver y, por tanto, no iban a devolver esos atrasos en tanto no se resolvieran favorablemente a los funcionarios.

La última vez que los afectados reclamaron la devolución de sus atrasos invocaron el artículo 98.4 del Real Decreto 5/2015 de 30 de octubre: «Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos». Pero Eugenio Arribas, subdirector general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, contestaba por carta a uno de los funcionarios explicándole que no era posible atender esta reclamación ya que «para la devolución de los mismos, habrá que mantenerse a la espera de la resolución del expediente disciplinario (…) por parte de la Subsecretaría de Interior, ya que aunque levantada la medida cautelar, el expediente aún no ha sido resuelto».

Paco, el funcionario de Valdemoro que ha accedido a contar su historia para OKDIARIO, advierte de que el mismo artículo también recoge la posibilidad surrealista de que los funcionarios tengan que devolver todo el dinero que han cobrado durante este tiempo porque Instituciones Penitenciarias decida finalmente expedientarlos administrativamente, protagonizando un nuevo escándalo ¿Pero por qué causa? «Por cualquier cosa, por tener hojas de alcachofa en una taquilla común, por tener pastillas de magnesio o multivitaminas e incluso un teléfono móvil que puede haber sido dejado allí por cualquiera», concluye Paco.