Entrar en la Policía Nacional se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos en la que miles de personas no sólo tienen que superar las pruebas físicas, médicas, teóricas y psicotécnicas de esas oposiciones. También una mucho
más difíc
il, más costosa y más larga: invertir varios años de su tiempo y hasta 6.000 euros de su bolsillo para que la Justicia enmiende una y otra vez a la Dirección General de Policía (DGP) por descartarles de esas oposiciones sin motivo justificado.

Una situación que afecta no sólo a miles de aspirantes por toda España, sino también a sus familias, que sufren con ellos las consecuencias económicas, personales y laborales de esa larga travesía judicial por errores y arbitrariedades de la propia DGP. Estos son los tres casos más paradigmáticos que sufren cada año esos aspirantes a los que la Policía descarta por razones que siempre acaban en los tribunales, que en la mayoría de los casos dan la razón a los afectados:

Ortografía contra la RAE
Tras superar las pruebas físicas, los opositores llegan a un examen de ortografía tipo test en el que deben responder si 100 palabras están mal o bien escritas. El problema es que la DGP plantea y corrige varias de esas preguntas en contra de los criterios de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), lo que provoca que dé por malas respuestas que en realidad son correctas.

Aunque los afectados recurren ante la propia DGP con informes de expertos que evidencian esos errores, ésta los ignora, lo que obliga a los opositores a acudir a la vía judicial. Así, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló recientemente cuatro preguntas del test de ortografía de 2020 que la DGP se empeñó en corregir en contra de la RAE. Y lo mismo ha vuelto a ocurrir en 2022, cuando cientos de aspirantes también han recurrido otras tres preguntas de ese mismo test que la DGP les dio por malas y que expertos en la materia consideran correctas.

Entrevistas arbitrarias
Los que consiguen aprobar la ortografía directamente o tras varios años esperando a que la Justicia les dé la razón se enfrentan entonces a una entrevista personal en la que muchos de ellos son descartados sin ningún criterio objetivo, sino de forma arbitraria.

Así lo ha confirmado también el TSJM, que ya ha anulado más de 400 de esas entrevistas durante los últimos años. Y cada vez más, porque todavía le quedan cientos de recursos que resolverá de la misma manera siguiendo su propia jurisprudencia. Incluso la del Tribunal Supremo, que ya ha dejado claro que en este tipo de pruebas no se pueden aplicar criterios caprichosos o arbitrarios para descartar a opositores, como lleva haciendo la DGP desde hace años. Con el actual Gobierno (PSOE-Unidas Podemos) y con el anterior (PP), que han permitido esa arbitrariedad en unas oposiciones que dependen del Ministerio del Interior.

ABC ha recogido el testimonio de numerosos afectados, todos los cuales coinciden en calificar esas entrevistas como «atropello, calvario y humillación». La DGP ha empezado a grabarlas durante los últimos años para intentar reducir esa discrecionalidad de sus entrevistadores, pero sigue encajando varapalos judiciales por decenas.

Test con distinto rasero
La última prueba que deben pasar los aspirantes a policía es un test psicotécnico. Si lo aprueban, consiguen la plaza y entran en la Escuela Nacional de Policía (Ávila). También en esta fase muchos se encuentran con un agravio provocado por las mencionadas anomalías en las dos pruebas anteriores, ya que llegan al psicotécnico tres o cuatro años después de lo que les correspondería, porque la DGP les descartó antes de forma injusta.

Todo ello provoca que en este último examen se junten aspirantes de hasta cuatro promociones diferentes: los de ese año y los de tres convocatorias anteriores readmitidos por sentencia judicial. Y además con notas de corte muy distintas entre unos y otros. Así, a algunos que ya fueron descartados de forma injusta en el test de ortografía o en la entrevista personal, cuando llegan al psicotécnico se les exige casi un 7,4 como mínimo para conseguir la plaza, mientras que a otros les vale con un 4 raspado e incluso menos, a pesar de que el examen es el mismo para todos.

El TSJM sí permite a la Dirección General de la Policía aplicar en el psicotécnico esa diferencia de rasero, que vuelve así a perjudicar a opositores a los que varios años antes la propia DGP ya había descartado de forma injusta antes de llegar a esa prueba. Por eso los afectados han llevado este agravio al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir primero si acepta a trámite ese recurso y, en ese caso, entrar en el fondo del asunto.

Todo esto, ajeno por completo a una oposición ya de por sí exigente, es lo que sufren cada vez más personas en un proceso de selección multitudinario para acceder a un empleo público. Mientras, la Dirección General de la Policía sigue perdiendo cientos de sentencias por sus propios errores y arbitrariedades, que sin embargo se siguen repitiendo año tras año.