El 24 de junio, cuando centenares de migrantes y refugiados intentaban entrar a la fuerza en Melilla, varios agentes marroquíes dejaron sus puestos en Nador para entrar en suelo español. Mezclados entre Policía y Guardia Civil, los gendarmes y fuerzas auxiliares, visiblemente armados con porras e incluso palos, recogieron a decenas de africanos para llevárselos a Marruecos. Esa actuación de policía marroquí en territorio español causa extrañeza entre la media docena de expertos en cooperación policial y derecho internacional consultados por EL PAÍS. Los hay que no encuentran el marco legal donde encuadrar esa operación; los que la ven ilegal; y los que no ven que merezca reproche jurídico aunque sí político. Interior la defiende, aunque el 29 de junio el ministro Fernando Grande-Marlaska tachó de “falsedad” que se hubiera producido esa actuación . Pero la actuación coordinada entre las fuerzas del orden de los dos países estaba grabada y llevaba publicada desde el día 25 en el diario Público. Y fuentes de la Guardia Civil admiten que ocurrió.

Rechazos en frontera, el eufemismo de las devoluciones en caliente

El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, insiste en que las 102 personas que fueron expulsadas de vuelta a Marruecos el 24 de junio una vez en España constituían “rechazos en frontera de libro”. El rechazo en frontera es como llama Interior a las devoluciones en caliente, pero no significan lo mismo. A diferencia de la devolución en caliente, que se hace de forma exprés y sin procedimiento ni identificación, el rechazo en frontera (equivalente legalmente a la denegación de entrada) supone impedir la entrada a un extranjero que no cumple los requisitos legalmente establecidos. Esta debe estar motivada y se permite asistencia letrada y recurso.

El departamento de Grande-Marlaska, en cualquier caso, defiende que esas devoluciones exprés y sin procedimiento, que fueron regularizadas por el PP en la llamada ley mordaza, fueron respaldadas por el Tribunal Constitucional en noviembre de 2020.
El fallo del tribunal, no obstante, advierte de que esas expulsiones deben observar la normativa nacional e internacional y no puede afectar a colectivos vulnerables, entre ellos los menores. Entre los testimonios recogidos por EL PAÍS estos días, al menos uno de los devueltos aseguraba no llegar a los 18 años.