La transgresión se produce esta vez porque el Gobierno no ha dado a conocer su Plan Anual Normativo para 2022, pese a que la ley le obligaba a hacerlo antes del pasado 30 de abril. Llueve sobre mojado porque el año pasado tampoco presentó el calendario de leyes referido a este 2021 y también se está saltando sus obligaciones en cuanto a la aprobación y publicación del Informe Anual de Evaluación Normativa sobre los textos que entraron en vigor en años precedentes.

Como resultado, transcurrida ya más de la mitad del año, nadie conoce el grueso de los proyectos legislativos que preparan los 22 ministerios de Pedro Sánchez para el último trimestre ni qué pretenden regular al año que viene.

El Gobierno se limita a avanzar únicamente los proyectos que le interesan por razones electoralistas y al no desvelar su plan legislativo, merma la función de vigilancia de la oposición. No en vano, el margen temporal de los grupos parlamentarios se reduce al mínimo y les impide en muchos casos elaborar estudios previos o reunirse con los sectores afectados de cara a presentar alternativas o mejoras a las propuestas de las nuevas leyes.

La Ley del Gobierno y el Real Decreto 286/2017 son muy claros y obligan al Ejecutivo a aprobar, antes del citado 30 de abril de cada año, un plan con las iniciativas reglamentarias o legislativas que llegarán al Consejo de Ministros durante el ejercicio siguiente.

También le obligan a remitir este proyecto a las Cortes y al Portal de Transparencia para su publicación, y a evaluar la actividad legislativa llevada a cabo por la Administración General del Estado en el ejercicio anterior en comparación con el plan previsto y analizando los resultados de las normas aprobadas en años anteriores.

Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno solo ha aprobado y remitido al Congreso y a Transparencia dos planes normativos, y ambos referentes a 2020. En febrero del año pasado la exvicepresidenta Carmen Calvo presentó el primero y en septiembre volvió a actualizarlo argumentando que la pandemia obligaba a alterar la agenda. Desde entonces, no ha habido más noticias. Tampoco de la evaluación normativa anual.

Tarea para Bolaños
Ante todos estos incumplimientos, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a «aprobar, remitir a la Cámara y publicar en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, con carácter de urgencia todos estos documentos».

«Es evidente que a este Gobierno, instalado en la opacidad, el desprecio al Parlamento, la querencia al decretazo y a los modos totalitarios, esta obligación legal le resulta incómoda para la consecución de sus fines, y, por eso, su incumplimiento flagrante de esta obligación legal», denuncia la iniciativa popular, a la que ha tenido acceso ABC.

Una vez cesada Calvo, la coordinación de todo este trabajo pendiente recae sobre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ayer se reunió con la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, sin que ninguno de los dos abordara este crucial asunto.

En una muestra de incoherencia, Bolaños sí remarcó a Batet «la necesidad de cumplir con la obligación de renovación de los órganos constitucionales» después de no haber abordado este tema durante la ronda de contactos que mantuvo con los portavoces parlamentarios la semana pasada.