Los reales decretos publicados ayer en el Boletín Oficial del Estado no permiten saber las razones por las que el Gobierno ha perdonado a los sediciosos del 1-O. Únicamente contienen una referencia escueta a los informes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, que eran abiertamente contrarios al indulto, «a los motivos de utilidad pública que se exponen en la propuesta del ministro de Justicia», y a la información que consta en el expediente tramitado. Sucede, sin embargo, que ni la propuesta del ministro Juan Carlos Campo, ni la información que obra en el expediente de indulto están incorporados a los reales decretos, ni han sido objeto de publicación oficial. Esta opacidad institucional se ha multiplicado además con los cauces de propaganda oficial porque el Gobierno ya se ha encargado de filtrar selectivamente a medios de comunicación elegidos a conveniencia de La Moncloa algunos informes de Justicia con las razones de la supuesta «utilidad pública». Va a resultar que los informes del Supremo y del Ministerio Fiscal son públicos, pero no aquel en el que el Ministerio de Justicia refleja la sesuda motivación de la utilidad pública con la que han justificado los perdones. La excusa de la protección de datos personales es una coartada de leguleyo, porque hay un interés público superior a la preservación de esos datos y porque a diario ven los ciudadanos juicios penales con profusión de datos privados, incluso íntimos, de los acusados y las víctimas.

Conviene que la Sala Tercera del Tribunal Supremo revise estos reales decretos a la luz de su motivación, como dejó establecido en su sentencia de 2013 sobre el indulto a un conductor suicida. El indulto es un acto del Consejo de Ministros sometido al deber de la motivación. Motivar no es maquillar la arbitrariedad, sino expulsarla del ejercicio de un poder público, incluido el derecho de gracia. No basta con acumular argumentos sentimentaloides sobre lo mucho que Pedro Sánchez quiere a los catalanes -a unos más que a otros-, ni sobre lo bonito que es el diálogo con unos golpistas que se reivindican en sus delitos. Motivar un indulto es, como ha dicho el Tribunal Supremo, explicar con lógica jurídica el perdón a un condenado, porque el indulto se concede con arreglo a la ley, y es apoyar ese perdón en los hechos concretos que afecten de manera individual al condenado.

La motivación que se ha filtrado no es un razonamiento jurídico, sino un argumentario de Iván Redondo, que se dedica a crear una realidad ficticia a la medida de las necesidades del Gobierno y de la satisfacción separatista. El perdón se apoya en la existencia de un «conflicto» en Cataluña, cuando lo que pervive es una agresión a la Constitución. El perdón se apoya en el «liderazgo» social de los condenados, cuando son básicamente delincuentes con votos, algo muy frecuente en la historia de la democracia.

Son muchas las razones que hacen necesaria la impugnación de estos indultos ante el Tribunal Supremo. Da lo mismo quién tenga legitimación. Lo lógico y coherente sería que fuera el Ministerio Público quien presentara el recurso: pidió activamente la condena por rebelión y se ha opuesto sin matices al indulto. El compromiso de la Fiscalía con la legalidad debería llegar hasta sus últimas consecuencias. Si no recurre el fiscal, la legitimación activa de Vox tiene fundamento como acusador popular y promotor de una acción penal finalmente reconocida en la sentencia, y ahora mutilada por unos indultos envueltos en un celofán cursi de buenismo y voluntarismo, pero muy tóxicos para el Estado de derecho y la defensa de la democracia.