Al Gobierno le ha surgido una dificultad con la que no contaba a la hora de promover sus gestos de concordia con el separatismo catalán tras los indultos. El Tribunal de Cuentas, cuya función es dirimir la responsabilidad contable de cargos políticos que han hecho un uso indebido de dinero público, mantiene abiertas distintas causas que afectan a algunos de los líderes golpistas y a dirigentes de la Generalitat por el dinero malversado para convocar el referéndum ilegal del 1-O. Es probable que Pedro Sánchez no contase con que estas causas no pueden ser monitorizadas por La Moncloa de la misma manera con la que trata de controlar a todas las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de su estrategia. Por eso el ministro José Luis Ábalos, visiblemente molesto con la actuación del Tribunal de Cuentas, dijo ayer con total impunidad que esos procedimientos sancionadores para que el independentismo devuelva todo el dinero malversado son «piedras en el camino». El argumento es la enésima humillación de otro organismo del Estado: como la prioridad es que Sánchez pacte una hoja de ruta soberanista con ERC, nadie debe interponerse, ni siquiera la mismísima legalidad. Se trata de un llamamiento de La Moncloa para forzar al Tribunal de Cuentas a que mire hacia otro lado, incumpla su función fiscalizadora y se subordine a los intereses políticos, porque, como ha ocurrido con la sentencia del Tribunal Supremo por sedición y malversación, todo debe ser papel mojado para el regreso triunfante de los líderes independentistas a la escena política. Nunca ningún Gobierno en democracia desplegó tanto desparpajo para inutilizar las armas de un Estado de derecho y favorecer sin sonrojo alguno a quien quiere dinamitarlo.

En el mismo contexto cabe interpretar las palabras pronunciadas ayer por Pedro Sánchez. «Lo útil en el pasado fue el castigo, y lo útil hoy es el perdón». Así, lo útil no es útil en sí mismo, sino que adquiere eficacia solo cuando Sánchez lo considera conveniente y favorable. Esta nueva manera tan oportunista de adaptar la democracia a sus tiempos ya no sorprende en Sánchez. Tiene tan maltratada su hemeroteca que le da igual un volantazo más en su credibilidad. Ahora sabemos que lo útil es lo que diga Sánchez, cuando lo diga Sánchez y como lo diga Sánchez. Y la democracia es lo que diga Sánchez, cuando y como lo diga él. Todo es una apropiación indebida del concepto del poder. No le basta solo con inutilizar el Parlamento y maniatar el Poder Judicial. Tiene que hacerlo además sometiendo a las instituciones a sus deseos, y si para ello tiene que desapoderarlas de las funciones constitucionales que tienen atribuidas, pues se las despoja sin el menor complejo. Con este Gobierno, hasta la separación de poderes tiene que supeditarse, por ordeno y mando, a las decisiones de un presidente que está pervirtiendo el significado de la ley hasta límites desconocidos. Está forzando las costuras del Estado para privilegiar a unos golpistas, y además aparecer, repleto de buenos deseos, como el salvífico protector de la democracia.

Este nuevo episodio, con el ataque ahora al Tribunal de Cuentas porque no se pliega, empieza a recordar viejas prácticas del PSOE. Por ejemplo, cuando Rodríguez Zapatero negociaba con ETA, y Arnaldo Otegui, en una declaración judicial tras ser detenido, preguntó al juez si «esto lo sabe el fiscal general». Hoy solo falta que cuando el Tribunal de Cuentas reclame a los separatistas el importe malversado, pregunten si eso lo sabe Ábalos.