Alicia Vega Amaya acaba de ser elegida presidenta de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (CEAT). Malagueña de nacimiento, esta letrada especialista en Derecho Penal y Violencia de Género ejerce desde 1993. Colegiada en Toledo con el número 2.555 desde 2004, ama el cine, es deportista y huye de los casos mediáticos porque ya tuvo una experiencia agotadora: «Una vez me tocó un tema de drogas -explica- en el que había implicada una persona que hubiese sido carne de programas de la prensa del corazón. Acabé muy harta de atender tantas llamadas de periodistas, que me invitaron a ir a programas de televisión porque esa persona estaba relacionada con una folclórica».

Es muy activa en Twitter, donde ha publicado su opinión sobre los indultos del ‘procés’: «Ceder y ceder ante el insaciable. Una burla al ordenamiento jurídico, al Estado de derecho. Un agravio comparativo con el resto de presos comunes con delitos menos graves y que sí muestran arrepentimiento». Y, entre tuit y tuit, no pierde la ocasión para redondear en rojo una fecha en el calendario: «El 12 de julio se celebra el día de la Justicia Gratuita».

¿Por qué forma parte del turno de oficio?

No concibo ejercer la profesión sin formar parte del turno de oficio. Supone una satisfacción personal poder hacer algo por personas que carecen de recursos económicos, que en muchos casos también carecen de habilidades, ya sean sociales o educativas, para manejarse en situaciones complicadas. Es una oportunidad de trabajar en casos que, de otra manera, no entrarían en el despacho. La variedad de asuntos es muy estimulante. No hay sitio para el aburrimiento.

¿Cómo ha golpeado la pandemia en su sector?

El virus ha afectado a la abogacía de la misma manera que a muchos otros sectores de la economía. En un principio por que, aun considerándose la profesión como esencial, la suspensión de la actividad judicial nos dejó a todos en casa y sin ingresos. Luego, por que los ERE y la pérdida de empleos redujeron las posibilidades económicas de los ciudadanos y, con ello, una importante reducción de actividad para la profesión de la que formo parte.

¿Han podido resistir muchos de sus compañeros?

Hay bastantes compañeros que lo han pasado muy mal, con cuotas colegiales, de mutualidad y facturas impagadas. La mayoría de nosotros, regular. Aún ahora estamos sufriendo las consecuencias. La economía no se ha recuperado del todo y nosotros, tampoco. Solamente los abogados laboralistas estuvieron ocupados, sobrepasados incluso, por los ERE que tuvieron que presentar, pero sin que las herramientas telemáticas implantadas funcionaran adecuadamente. Esto provocó un exceso de carga de trabajo para estos profesionales, así como retrasos en la percepción de los ingresos para los trabajadores que son de sobra conocidos por todos.

Antes de la pandemia, los abogados del turno de oficio estuvieron muy combativos. ¿Cómo están esos ánimos ahora?

Es cierto que, pocos días antes de que se acordara el confinamiento domiciliario para toda la población, estábamos en plena efervescencia reivindicativa. Ahora estamos aún algo aletargados, expectantes por la vuelta a la normalidad. Judicialmente, esto, más o menos y con muchos inconvenientes, se ha conseguido. Pero el turno de oficio sigue igual de maltratado que siempre. En esto no ha habido cambios. Se ha aprobado el abono de las indemnizaciones a los letrados con carácter mensual, algo que ya se había conseguido hace tiempo y que, de modo incomprensible, se suspendió. Sin embargo, hay actuaciones que habíamos conseguido que se abonaran de forma más o menos inmediata, pero de nuevo, y sin causa justificada, han dejado de cobrarse. Podríamos decir que, si antes estábamos mal, ahora estamos casi peor. Podríamos decir que los ánimos están algo apagados, pero la llama puede avivarse en cualquier momento.

¿Yqué reclaman?

Prestamos nuestro servicio al Estado, que nos encarga el trabajo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución Española, que reza: «La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar». Pues entonces que sea el Estado quien nos abone el trabajo realizado. Si luego al justiciable se le deniega la asistencia jurídica gratuita, que sea la Administración la que se encargue de repetir contra ellos con todos los recursos de los que dispone; de la misma manera que hace la Agencia Tributaria, por poner el ejemplo más evidente.

¿Cómo se sienten ante el trato dispensado desde el Ministerio de Justicia?

Si nos referimos a una retribución digna en el turno de oficio, se puede decir que no podemos estar peor: mucho trabajo, mucha responsabilidad y una paupérrima retribución, en la que incluso hay actuaciones que no se abonan. Si nos referimos a la profesión en general, tampoco podemos estar satisfechos. Somos tratados como mercancía intercambiable. No se valora la profesión. El trato recibido en demasiadas ocasiones no es correcto y no hay respeto por las condiciones laborales en las que tenemos que desarrollar nuestro trabajo. La conciliación laboral y familiar es todavía una cuestión pendiente de resolver. Nuestro derecho al descanso y, sobre todo, la desconexión digital son puntos importantísimos que tenemos que alcanzar.

Tiene una larga experiencia en el mundo penitenciario. Como letrada, ¿apoya los indultos del ‘procés’?

Todos los españoles somos iguales ante la ley; eso es al menos lo que dice el artículo 14 de nuestra Constitución. Pero en este caso, y también en el de otros políticos en el pasado, comprobamos que no es así. El derecho de gracia, el indulto, es una herramienta que el Gobierno está utilizando con fines partidistas. Ahora mismo, después de haber leído la publicación de los indultos en el BOE, carezco de la información necesaria para opinar. Desconozco las motivaciones de la decisión, ya que éstas no se publican en el Boletín Oficial del Estado. Habría que leer las resoluciones para saber si están adecuadamente motivadas, si hay razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgar la gracia, tal y como dice la ley que regula los indultos de 1870.

¿Qué pensarán presos comunes con delitos menos graves?

Los indultos son una posibilidad al alcance de los penados, pero los presos comunes no disfrutan de la misma manera que estos presos que acaban de ser indultados. Aquí sí que hay categorías. Hay un evidente agravio comparativo. En mi opinión, los delitos son muy graves, no se trata tan sólo de la sedición, también ha habido malversación de fondos públicos. Estos otros presos a los que me refiero, los que se llaman comunes, con delitos mucho menos graves y que causan menos alarma social, ven denegadas sus peticiones de indulto total o parcial. Los presos del `procés´, en cambio, han sido privilegiados por el Gobierno. Considero que es una burla al Estado de derecho, una tomadura de pelo al ordenamiento jurídico y una falta total de respeto al sistema judicial español, que en este proceso se ha desarrollado de forma impecable.

Entonces, ¿hay presos de primera y de segunda?

La ley ha de cumplirse por todos; no puede haber ciudadanos, en este caso políticos, que delincan y luego no sufran las consecuencias de sus actos, máxime cuando no ha habido ningún arrepentimiento.

El 21 de marzo, unos policías entraron sin una orden judicial en un piso turístico de Madrid después de las llamadas de los vecinos.

He leído la noticia. Aunque se trate de una vivienda turística, sus moradores gozaban del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Me parece evidente que hubo una extralimitación de funciones. Pero ello no debería implicar la sanción a los efectivos que lo hicieron, sino a quienes dieron las órdenes, empezando por el ministro del Interior. Como juez que es, conoce muy bien la legislación y la jurisprudencia, y aun así avaló la actuación policial.

¿A qué conocido recluso y por qué le hubiera gustado defender en el turno de oficio?

No hay ningún asunto que salga en prensa por el que haya sentido tanto interés como para participar en él. Me vienen bien los que ya me asigna mi colegio profesional. No tengo ninguna inclinación por ningún asunto concreto. Si el tema tiene una especial relevancia pública, además del trabajo que implica y que está asumido, habría que sobrellevar a la prensa, deseosa de dar información. Y también las opiniones de gente desinformada en las redes sociales. Esto puede llegar a causar mucho daño tanto por no respetar la presunción de inocencia como por confundir al letrado con el investigado, achacando al primero los hechos del segundo. La incomprensión es muy peligrosa para nuestra profesión.