Con un comunicado de prensa insólito, el Tribunal de Cuentas ha puesto pie en pared frente a la campaña de acoso instigada por el Gobierno contra su independencia y su carácter constitucional. En el documento hecho público ayer, el órgano encargado de fiscalizar las cuentas públicas y juzgar las irregularidades contables de las administraciones públicas ha desmontado cada ataque oficialista de La Moncloa, recordando la elección parlamentaria de sus miembros, su independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional y el rango constitucional que le corresponde. No, no es un mero órgano «administrativo», como ha dicho el Gobierno para ningunearlo, y ante semejante agresión, el Tribunal de Cuentas se defiende.

Este revés al Ejecutivo se produce al poco tiempo de que el Ministerio de Justicia sacara a la Abogacía del Estado del procedimiento que tramita el Tribunal de Cuentas por los gastos ilegales del 1-O. El argumento del Gobierno es que, en una sentencia de 2018, este órgano declaró que la Abogacía del Estado no estaba legitimada para pedir el reintegro a favor de la Generalitat catalana del dinero utilizado por Artur Mas y otros dirigentes nacionalistas para la financiación de la consulta ilegal de 2014. Casualmente, el Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena al expresidente catalán por estos hechos, avalando así el papel de la Abogacía del Estado. Lo cierto es que, en el caso de Puigdemont, Junqueras y otros responsables del 1-O por el desfalco de más de cinco millones de euros, el Gobierno no se ha planteado la posibilidad de que la restitución de fondos sea a favor de la Hacienda estatal. La Generalitat de Cataluña está rescatada por el Estado central y podría decirse que esos más de cinco millones desfalcados son dinero de todos los españoles. Ya que el Gobierno es tan creativo con sus indultos, sus reformas penales y sus mutilaciones al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, podría haber legitimado a la Abogacía del Estado de una forma sencilla: con la petición de que los responsables paguen a la Hacienda del Estado.

La acusación contra Puigdemont y Junqueras será mantenida por la Fiscalía y por grupos cívicos constitucionalistas de Cataluña. Habrá que confiar en que los fiscales del Tribunal de Cuentas sigan siendo leales al principio de legalidad y al interés público al que se deben. En todo caso, el mensaje político del Gobierno es alto y claro: siempre que tenga que decidir, lo hará a favor de los nacionalistas. La táctica de Pedro Sánchez es desempedrar el camino para consolidar una mayoría parlamentaria, indemne a la mayoría social en contra de los pactos del PSOE con los separatistas. La verdadera impunidad que busca Pedro Sánchez es la suya, y para lograrla tiene que sojuzgar al Estado de derecho, marginar al Parlamento, y abrir por la vía de hecho el proceso de construcción de un Estado alternativo al constitucional. La sentencia de 2018 del Tribunal de Cuentas es una excusa del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para una retirada oportunista de la Abogacía del Estado y aislar a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, siempre susceptible de ser corregida por una orden directa de la Fiscalía General. Ahora bien, en algún apartado del ordenamiento jurídico -quizá en el penal- estará reflejado que tan irregular es malversar fondos públicos para fines ilegales como no pedir su devolución. Las explicaciones de leguleyo empiezan a ser habituales en este Gobierno tan desdeñoso con la legalidad, pero tan apegado a la trampa legal. Más que nunca es necesario que el Estado de derecho actúe como contrapeso de los abusos del poder político.