La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de la Fiscalía contra el auto que rechazó las medidas cautelares para retirar el cartel electoral que Vox colocó contra los menores migrantes en la estación de la Puerta del Sol. De esta forma, los magistrados de la Sección Segunda avalan la instalación de la pancarta y establecen que estos jóvenes «representan un evidente problema social y político» y que la instalación debe entenderse en el contexto de los comicios regionales del 4 de mayo y ampararse en el «pluralismo político» y «libertad ideológica».

El Ministerio Público subrayaba en la solicitud de la medida cautelar, un recurso al que se adherió el PSOE, que la imagen constituía un presunto delito de odio al trasladar la imagen de un menor «extranjero y delincuente», buscando la «deshumanización» del colectivo de menores extranjeros no acompañados (menas).

La Audiencia estima ahora que este examen del «fondo» excede del «concreto objeto» del recurso y no corresponde declararlo ni al juez de instrucción, la Fiscalía o la Sala Segunda, sino «en caso de que el proceso llegue a la fase de juicio oral, al órgano ante el que se celebre la correspondiente vista». Además, entiende que el cartel debe situarse en el contexto de «legítima lucha ideológica-partidista en el escenario de una contienda electoral, donde consitutye una máxima de la experiencia los excesos verbales que se comenten por unos y otros actores políticos».

Añaden en el auto los magistrados que la pancarta «también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los menas». En este sentido, se presentaría una «crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones, en contraste con lo que se gasta en otras atenciones o finalidades, como es el sostenimiento de dichos jóvenes que, con idependencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio».

En él, Vox presentaba a una señora y a un joven con capucha y un pañuelo de colores que taba pala nariz y la boca. Entre ambos podía leerse: «Un mena 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensión/mes». La Audiencia Provincial considera que el mensaje se ampara en el artículo 6 de la Constitución Española sobre «pluralismo político»; en el 16.1 de «libertad ideológica» y el 20.1 en el que «se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción». Citan también el artículo 23, que reconoce el derecho de los ciduadanos a participar en los asuntos públicos y argumentan que al entender que se trata de un «slogan electoral» no se puede considerar «como ideas a prohibir» mientras han de admitirse otras de «signo contrario pero tan criticables o más que estas», en una clara alusión contra el Ministerio Público y el PSOE.

Por último, los jueces concluyen que «ya no resulta necesario revocar la decisión porque existen serias dudas de que los hechos de base puedan ser considerados delito dada la forma de presentarse y de haberse exteriorizado en una campaña electoral donde solo deben perseguirse hechos por un partido político legal y cuya evidencia delictiva sea claramente presumible».