Después de unas semanas de aconsejado descanso, ya he vuelto para ponerme al día con la actualidad y me encuentro con un asunto, que me llama poderosamente la atención, como es la proyectada reforma de la Ley de Seguridad Nacional filtrada intencionadamente por el Gobierno a través de su medio más afín. Miedo me da leer lo ya publicado, dado que de cumplirse supondría la defenestración de nuestra democracia. Supondría llegar a un estadio muy peligroso, que sólo un miope sin gafas no puede ver. Ese anteproyecto, que el pasado Consejo de Ministros del 22 de junio le dio el visto bueno, supone en la práctica la voladura del Estado de derecho y de todas las reglas del juego democrático. Supone un mecanismo liberticida, sin control judicial, al estilo de Fidel, Hugo Chávez, Maduro, Ortega y demás secuaces. Es la imposición propia de un régimen comunista o totalitario, puesto que, entre otros desatinos, permite la confiscación de los bienes públicos y privados sin derecho a indemnización, la suspensión de actividades, acaba con la nimia transparencia y obliga a los medios de comunicación a difundir informaciones preventivas u operativas.

Pero, analicemos, aunque sea someramente, el nuevo proyecto Sanchista. El presidente del Gobierno puede dictar un Real Decreto de situación de emergencia, sin el control del propio Consejo de Seguridad Nacional (Presidido por el Rey), ni siquiera del Congreso de los Diputados. El anteproyecto tiene su fundamento en el artículo 30.4 de le Constitución Española, que establece “Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”. Precepto que tuvo en cuenta la Ley 4/1981, Reguladora de la Estados de Alarma, Excepción y Sitio. La vigente Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, que se aprobó por un amplio consenso (incluidos PP y PSOE), precisamente, en su artículo 3, establece el siguiente objetivo: “A los efectos de esta ley se entenderá por Seguridad Nacional la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos (…)”. Es decir, lo contrario de lo que pretende Sánchez, incluso regularlo por Ley ordinaria, no orgánica puesto que afecta a derechos fundamentales y necesita de la mayoría absoluta por el Congreso. Se cobija en la excusa de la pandemia para liquidar los derechos y libertades de los ciudadanos, para liquidar la democracia, apelando a situaciones de emergencia, crisis, interés para la seguridad nacional, que son conceptos jurídicos indeterminados que le permiten hacer de su capa un sayo. Como ha dicho Isabel San Sebastián <<Sánchez dispondrá de un gatillo “legal” para expropiar, acallar, someter o explotar a los españoles a voluntad>>.

Ya me recojo, no sin antes recordar que la democracia es el mejor de los regímenes, puesto que debe garantizar la igualdad ante la ley y asegurar las libertades privadas, pero exige una atención constante de todos los ciudadanos. Es un régimen de libertad que conduce a grandes empresas, pero se desmorona cuando éstas dejan de estar conducidas por el único principio de la inteligencia, del intelecto calculador, que no sólo elabora estrategias de prudencia, sino también se preocupa por no herir ni favorecer a ninguno de los grupos que constituyen la colectividad (Historia del pensamiento político), criterio extensible a las últimas reformas legislativas. Y, reitero, sólo un miope sin gafas no puede verlo.

Autor: Manuel Novás Caamaño | Abogado