• La Policía Nacional ha presentado una queja formal ante Hacienda tras obligar a que la Guardia Civil participe en las diligencias
• Guardia Civil y la Agencia Tributaria tienen un acuerdo firmado desde 2013 para que sea el Instituto Armado el que actúe en sus instalaciones
• Sin embargo, la norma prevé la actuación de la Policía Nacional en zona aduanera con motivo de investigaciones como el tráfico de drogas

El camión llegó al puerto de Almería después de que 2021 diera sus últimas campanadas. Sobre el papel, la batea de la parte trasera estaba vacía, pero los agentes de la Policía Nacional tenían la sospecha de que, en alguna parte del vehículo, los narcos habían escondido un cargamento de cocaína. 

De hecho, llevaban tiempo siguiendo a la presunta red y monitorizando sus movimientos, en una investigación emprendida por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Algeciras. Cuando el vehículo llegó, los perros marcaron como posible ubicación de la droga los ejes del vehículo. Así que para confirmarlo, los agentes de la Policía Nacional solicitaron a la Autoridad Aduanera el uso de un scanner para camiones que Hacienda tiene en el recinto portuario, y que se emplea para combatir el contrabando. Con esa herramienta, era posible saber sin desmontar el camión, si los ejes habían sido modificados y la droga estaba oculta dentro. 

Entonces saltó la sorpresa. Según los funcionarios de Hacienda, el scanner se podía utilizar, pero si encontraban drogas, el decomiso quedaría en manos de Aduanas y la Guardia Civil. Y no de la Policía Nacional que era quien llevaba el caso ¿El motivo? Un acuerdo firmado en 2013 entre Aduanas y la Guardia Civil para la coordinación de la lucha contra el contrabando en recintos aduaneros. Con esto sobre la mesa, los funcionarios interpretaron que pese a ser una investigación de Policía Nacional, si el camión contenía droga y estaba en un recinto aduanero, debía quedar en manos de la Guardia Civil. Se armó el Belén. 

Ante la falta de herramientas para comprobar el interior de las piezas del camión, los agentes de la UDYCO aceptaron las condiciones de Hacienda, aunque según ha podido confirmar NIUS, dejaron una queja por escrito tras la decisión de la Unidad de Análisis de Riesgos del recinto aduanero, formada por funcionarios de Aduanas e Impuestos Especiales y por la Guardia Civil.

El scanner pagado con fondos públicos

En 2013, Hacienda y la Guardia Civil firmaron un acuerdo de coordinación operativa para que los miembros de sus dos cuerpos trabajasen de forma conjunta en puertos y aeropuertos. El motivo es sencillo: Hacienda tiene competencia en el control de productos en frontera para el pago de impuestos y la Guardia Civil en cuestiones de seguridad y delitos penales. Desde entonces, los decomisos que se producen en zona aduanera llegan a los medios de comunicación y a las estadísticas oficiales con la firma de ambos cuerpos.

Sin embargo, la normativa prevé que otros cuerpos policiales (en este caso la Policía Nacional) puedan trabajar en recintos aduaneros “con el apoyo de la Unidad de Análisis de Riesgos o el Resguardo Fiscal de la Guardia Civil”, pero no bajo su mando o con su participación obligatoria. Es aquí donde la Policía mantiene que esas diligencias no tienen porqué ser conjuntas y más cuando la ciudad de Algeciras es demarcación de Policía Nacional. En este caso concreto, los agentes alegaron además que la investigación no se realiza por un presunto delito de contrabando, en el que Hacienda tiene competencias, si no por tráfico de drogas. 

Para evitar duplicidades, Policía Nacional, Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera, miembros de las Fuerzas Armadas, del Centro Nacional de Inteligencia y de Instituciones Penitenciarias se aglutinan en el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO) que es el organismo que coordina estas operaciones y en caso de conflicto, determina el cuerpo que será encargado de desarrollar la investigación. En este caso concreto, el acuerdo CICO indicaba también que debía ser Policía Nacional la encargada de seguir el camión y al resto de la presunta red de narcos. 

En los despachos de Interior

El pasado 25 de enero, fue la Unión Federal de la Policía (UFP) la que se dirigió directamente a la Secretaría de Estado de Seguridad para recordar que “la Policía Nacional es competente para la investigación y persecución de delitos de tráfico de drogas en recintos aduaneros”. El escrito del sindicato recuerda además que el posible delito de contrabando que implica entrar o salir del país con droga está subsumido siempre, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en un delito mayo: el de tráfico de drogas

Desde el sindicato consideran que la interpretación que hacen los funcionarios de Hacienda de la norma perjudica a la Policía Nacional, “obligando a este cuerpo a una investigación conjunta de las diligencias por el simple hecho del lugar donde se encuentra la droga, independientemente de que [Aduanas o la Guardia Civil] no hayan participado en la investigación”. 

El sindicato policial reclama así que la Policía Nacional forme parte de la Unidad de Análisis de Riesgos (UAR) de la Agencia Tributaria “para evitar con ello los actuales conflictos” y que interior dicte “instrucciones claras” que aclaren la forma de actuar en este tipo de casos.