Era agosto de 2009 y el Instituto Armado recibió un ‘chivatazo’. Un narco iba a recoger la droga en el maletero de un coche, cerca de la estatua de Colón, al final de las Ramblas. El receptor, Juan Miguel B., alias ‘el gafas’, acabó detenido, y el atestado cuantificó 50 kilos, pero el análisis posterior determinó que 49 de ellos eran azúcar y yeso.

«El juez del 1 entró en una convicción personal de que la Guardia Civil había actuado mal, y de que había elementos corruptos en el Cuerpo, por eso pasó la investigación a los Mossos, a la unidad que yo dirigía», ha declarado este martes un subinspector durante el juicio en la Audiencia de Barcelona. Las pesquisas de la policía catalana determinaron que aquello se debió a un «engaño entre narcotraficante
s».

Dos proveedores habían cerrado la venta de 50 kilos de cocaína con Juan Miguel B. y, su vez, facilitaron el punto de entrega, la fecha y hora a un guardia urbano, que dio dicha información a la Guardia Civil. Con el receptor detenido, los vendedores se quedaron con el pago inicial de la droga, unos 600.000 euros.

Para llegar hasta ellos, la policía catalana solicitó al instructor la puesta en libertad del arrestado, y así fue como detuvieron a quienes le tendieron la trampa. Los Mossos descartaron cualquier indicio de la implicación de la Guardia Civil, pero según ha señalado el subinspector, el juez Aguirre les pidió seguir investigando a los agentes.

El enfado del juez con los Mossos
«Le expliqué que no existía ningún elemento para vincular a la Guardia Civil en la investigación, pero nos dijo que solicitásemos la intervención telefónica del grupo ECO y que pidiésemos registros en sus casas y en las oficinas en Cataluña. Cuando le dije que no podíamos hacer eso y mentir en un atestado, se enfadó muchísimo, y dijo que la policía le tenía que hacer caso», ha relatado ante la Sala el mosso a cargo de las pesquisas.

Según su relato, fue entonces cuando el instructor solicitó que Asuntos Internos se hiciese cargo del caso. «Le explicamos que no había ningún mosso investigado, y que esta unidad solo puede actuar en esos casos», ha manifestado el subinspector. Fue en ese momento cuando el juez les «ordenó finalizar la investigación».

En ese momento, ha proseguido el mando, Aguirre se apoyó en un informe de Asuntos Internos, pero de la Guardia Civil, que recogía los contactos entre algunos mossos e investigados por narcotráfico -sin especificar la relación que mantenían, por lo que podían ser confidentes-, para que la misma unidad de la policía autonómica se hiciese cargo de las pesquisas del caso ‘Macedonia’, como acabó sucediendo.

Prostíbulos Riviera y Saratoga
Y es que el principal imputado en esta causa, el narco Manuel Carbajo, era también confidente policial, por lo que había mantenido contactos con varios agentes. «El juez recoge en su providencia algo que nada tiene que ver con el informe que hace el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil», ha indicado, y es que su propia unidad, cuyo superior era el entonces intendente Josep Lluís Trapero, fue también investigada durante la instrucción.

El motivo fue la relación el propio Trapero con Carbajo, que actuó como confidente en otra investigación de los Mossos: la relativa a otra trama de corrupción policial: la de agentes del CNP y los prostíbulos de Castelldefels (Barcelona) Riviera y Saratoga, por la que acabaron condenados varios uniformados.

«Cuando la relación con el juez se quebró, nos envió un oficio para transcribir todas las llamadas de Carbajo. Seis o siete años después, cuando nuestra unidad ya estaba siendo investigada, ordenó lo mismo a la unidad de revisión de casos de la Policía Nacional, que después fue desarticulada, y que hacían un poco de fontanería; informes dirigidos», ha deslizado el que en 2010 dirigía la unidad anticorrupción de los Mossos.

El juicio continuará mañana con la declaración como testigos de más agentes de la policía catalana. Entre los 17 imputados hay un solo uniformado, otro subinspector de los Mossos, a quien la Fiscalía acusa de colaborar con la trama de narcotraficantes, mientras que su defensa alega que éstos eran confidentes del policía.