El hombre y su hijo se han sentado este martes ante el tribunal de la sección tercera de la Audiencia de Valencia acusados de un delito de estafa procesal en concurso ideal con un delito de frustración de la ejecución.

La Fiscalía reclamaba para ambos la pena de prisión de cuatro años y el pago de una multa, sin embargo, los acusados, tras reconocer los hechos, han llegado a un acuerdo con la acusación y se les ha rebajado la condena al año y medio de cárcel para el padre y al año y tres meses para su hijo al aplicarse la circunstancia atenuante de reparación del daño, puesto que habían abonado los cerca de 8.000 euros que debían a un letrado estafado.

El tribunal ha dictado una condena ‘in voice’ por estas penas y ha eximido a los acusados, sin antecedentes penales, de entrar en prisión con la condición de que en dos años no vuelvan a delinquir.

El hombre, funcionario de la Conselleria de Cooperación, se separó de su pareja en 2009 y le estuvo ingresando una mensualidad por la pensión de sus dos hijos comunes -1.200 euros- y la pensión compensatoria de 650 euros para ella, tal y como acordaron. En junio de 2012 la mujer falleció y el hombre se lo ocultó tanto al juzgado como a sus acreedores -tenía varias deudas- hasta marzo de 2019, es decir, durante más de siete años.

En concreto, el hombre debía casi 8.000 euros a un abogado que le había representado legalmente en otras causas diferentes a la que hoy se ha juzgado; y unos 240.000 euros a dos entidades bancarias por varios préstamos.

Figuraba como único autorizado
Durante el periodo en el que la mujer había fallecido, se le iba descontando al acusado de su sueldo 1.948 euros, cantidad que se ingresaba en una cuenta designada por la exmujer y en la que el acusado figuraba como único autorizado.

Así, el condenado iba apropiándose de las cantidades que le eran embargadas de su nómina y evitaba al mismo tiempo que se le retuviera mayor cantidad para el pago de las otras ejecuciones que tenía pendientes dada la preferencia legal de los embargos por alimentos y de los mínimos inembargables.

Más adelante, en abril de 2019, tras el archivo de la anterior ejecución de familia, el hijo de ambos, de acuerdo con su padre, presentó en el juzgado una nueva demanda de ejecución en la que reclamaba en nombre propio el impago de las pensiones desde enero de 2017, alegando su mayoría de edad. También pidió 18.225 euros de atrasos y 2.000 euros de gastos extraordinarios.

Instó el embargo de 1.500 euros al mes y designó una cuenta para el abono de las cantidades, todo ello pese a haber convivido con su padre en el mismo domicilio durante el periodo señalado. En base a esta demanda, el juzgado acordó el embargo de 1.200 euros.