La maniobra del Gobierno para acortar la condena de medio centenar de etarras, descontándoles el tiempo de cárcel que han cumplido en Francia, se topa principalmente con dos objeciones. La primera afecta fundamentalmente a la credibilidad del Estado de derecho y la convalidación de la función que en él lleva a cabo la Justicia, a la que con este ardid el Ejecutivo pretende fintar. La segunda tiene que ver con el respeto y protección que ese mismo Estado debe procurar a las víctimas de los terroristas, que tienen razón cuando dicen sentirse traicionadas por el Gobierno. Los 54 presos a los que Sánchez quiere beneficiar con una salida prematura de la cárcel acumulan el 10 por ciento de todos los asesinatos cometidos por ETA a lo largo de su sanguinaria historia. Hablamos de 84 asesinatos probados y sentenciados que además dejaron 250 heridos. El plan del Gobierno prevé que todos esos criminales se ahorren cuatro siglos de cárcel en lo que supone el penúltimo ‘favor’ que el sanchismo hace al entorno etarra, ese sobre el que descansa buena parte de la estancia de Sánchez en La Moncloa. En realidad, es la penúltima traición a las víctimas; la última suena aún mucho peor y pasa por poner a todos en la calle antes de tiempo.