La concejala del grupo municipal Carmen Fidalgo ha afirmado que «debemos proteger todos los edificios públicos con un dispositivo y unos equipamientos adecuados, por lo que el Ayuntamiento debe hacerse responsable tanto de los trabajadores como de la defensa de su patrimonio»

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha mantenido una reunión con la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada (ANVISEPRI) con el fin de recoger las reivindicaciones de este colectivo y sus peticiones de mejoras de los servicios en el ámbito municipal. En este sentido, la concejal de la formación naranja Carmen Fidalgo ha resaltado que desde el colectivo ha trasladado que «hay varias instalaciones municipales que cuentan con el servicio de vigilancia por parte de la seguridad privada que presentan múltiples deficiencias en cuanto a la seguridad de las propias instalaciones y de quienes realizan dicho servicio».

Otras de las cuestiones que el colectivo de vigilantes ha puesto de manifiesto, según Fidalgo, ha sido «la escasez de efectivos en instalaciones como el castillo de San Sebastián, un espacio público que dispone de más de 40.000 metros cuadrados que solo dispone de un solo vigilante de seguridad para toda la instalación». La concejal ha añadido que «debemos proteger todos los edificios públicos con un dispositivo y unos equipamientos adecuados, por lo que el Ayuntamiento debe hacerse responsable tanto de los trabajadores como de la defensa de su patrimonio». Asimismo, el colectivo ha denunciado en varias ocasiones las deficiencias en el material de vigilancia del que dispone en distintas dependencias municipales que, en definitiva, «incentivan la desprotección tanto del trabajador que está ejerciendo su labor como de los ciudadanos que hacen uso de las instalaciones».

La concejala de Cs ha hecho hincapié en que en «más de una ocasión hemos visto que trabajadores de distintas dependencias municipales han sufrido ataques de usuarios y se han visto desprotegidos debido a la ausencia de protocolos de actuación y unas medidas de seguridad que se muestran insuficientes». Por ello, una de las reivindicaciones del colectivo de vigilantes de seguridad privada es la «realización de una auditoría de seguridad que sea independiente de la empresa contratante, en este caso el Ayuntamiento, y de la empresa contratada. El objetivo de dicha auditoría sería que esta reflejase las carencias en las funciones de los vigilantes de seguridad, que son los profesionales que conocen la operativa en cuanto al estado de las instalaciones, los elementos de seguridad, los dispositivos, las alarmas, etc…». De esta forma, el objetivo es que «este trabajo sirva para dotar a los vigilantes de seguridad de mejores medios, así como reforzar las plantillas para cubrir los puntos débiles que se hayan detectado, prestando así un mejor servicio a la ciudadanía».

Otra de las propuestas que ha planteado la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada es la creación de un centro de coordinación de vigilancia de los centros municipales que serviría para controlar el trabajo que se está realizando y comprobar que no existen problemas en los servicios que se estén llevando a cabo. Esta medida, según ha explicado Fidalgo, «reforzaría la seguridad de los propios trabajadores, ya que el Ayuntamiento es responsable civil de lo que les suceda durante su jornada laboral, por lo que los empleados que estarían en este centro se encargarían de comprobar que sus compañeros desarrollan su labor con normalidad y sin problemas», a lo que también ha sumado que, «una vez comprobada que no existe la intención de la ampliación de la plantilla, esta idea es más factible al no comportar tanto gasto, reforzándose así la seguridad de los trabajadores».