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Subrogación del servicio de Vigilancia

Subrogación del servicio de Vigilancia

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Es muy común la Subrogacion del servicio hoy en día las empresas miran siempre el precio más económico sin mirar por el bien de los vigilantes.

Lo que el vigilante tiene que saber, es cuando vas a subrogar el papel que te dan para firmar tiene que figurar el artículo 14, 15, 16, 17 y 18. Si no es así acude a tu abogado o sindicato. ANTES DE FIRMAR.

Os dejo debajo de este post el articulado completo, para leerlo cuando tengamos una Subrogación.

Artículo 14.  Subrogación del servicio.

La subrogación se produce cuando una empresa sustituye de forma total o parcial a otra en la prestación de los servicios contratados por un cliente, público o privado, cualquiera que fuera la causa, en los supuestos y términos establecidos en este Convenio.
Dadas las especiales características y circunstancias de la actividad, que exigen la movilidad de los trabajadores de unos a otros puestos de trabajo, este artículo tiene como finalidad garantizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores de este sector, aunque no la estabilidad en el puesto de trabajo.
En virtud de la subrogación de personal, la nueva adjudicataria está obligada a integrar en su plantilla, subrogándose en sus contratos de trabajo, a los trabajadores de la empresa cesante en el servicio, cualquiera que sea la modalidad de contratación y/o nivel funcional de los trabajadores, siempre que se acredite el requisito de antigüedad establecido en los artículos 15 y 16 de este Convenio para cada colectivo, incluyéndose en el período de permanencia exigido las ausencias del trabajador del servicio subrogado establecidas en los artículos 56, 57, 63 y 65 de este Convenio Colectivo, las situaciones de Incapacidad Temporal y suspensiones disciplinarias, cualquiera que sea su causa, excluyéndose expresamente las excedencias reguladas en el artículo 62, salvo los trabajadores que hayan sido contratados por obra o servicio determinado, de acuerdo con las especificaciones y normas que se pactan en los artículos siguientes.
Dadas las peculiaridades establecidas en la normativa laboral respecto de los jubilados parciales y sus relevistas, estos trabajadores quedan excluidos del mecanismo de subrogación, por lo que en caso de sustitución de empresas en la prestación de un servicio, permanecerán siempre en la empresa cesante, salvo que la empresa cesante cierre o desaparezca, o en el supuesto de que la empresa cesante pierda la totalidad de los servicios del lugar de trabajo en los términos del art. 58 del presente Convenio.

Artículo 15. Subrogación en servicios de vigilancia, sistemas de seguridad, transporte de explosivos, protección personal y guarderío rural.
Para los servicios de vigilancia sistemas de seguridad, transporte de explosivos, protección personal y guarderío rural, además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo anterior, los trabajadores objeto de subrogación deberán encontrarse adscritos al
contrato de arrendamiento de servicios o lugar de trabajo objeto de subrogación acreditando una antigüedad real mínima en el servicio o cliente objeto de subrogación, de siete meses inmediatamente anteriores a la fecha en que la subrogación se produzca.
Asimismo procederá la subrogación, cuando la antigüedad en la empresa y en el servicio coincida, aunque aquella sea inferior a siete meses.
Igualmente procederá la subrogación cuando exista un cambio en la titularidad de las instalaciones donde se presta el servicio.

Artículo 16. Subrogación en Servicios de Transporte de Fondos (Manipulado de efectivo, cajeros automáticos, transporte y distribución).
La empresa cesante determinará el número de trabajadores objeto de subrogación, de entre los que tengan una antigüedad real mínima en la empresa de siete meses, en cada uno de los diferentes niveles funcionales en base a lo establecido en las letras A y B de este artículo.
Para la determinación de los trabajadores a subrogar se considerará, en primer lugar, a los que se presenten voluntarios. De no existir voluntarios en número suficiente, se procederá a sortear por niveles funcionales y turnos de trabajo, en presencia de la representación legal de los trabajadores y de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores certificarán en acta conjunta con la Dirección de la Empresa el resultado del sorteo.
A) Subrogación de Transporte y distribución del efectivo.
Para hallar el número de trabajadores objeto de subrogación se determinará entre la representación legal de los trabajadores y la empresa cesante los servicios prestados, o «paradas», que se hubiesen realizado en las Entidades objeto de la Subrogación, durante los siete meses inmediatamente anteriores a la fecha de la subrogación.
Tales servicios computarán para determinar el número de trabajadores que deben ser subrogados, de acuerdo con las siguientes reglas y supuestos:
A.1 Población de más de doscientos mil habitantes: Se dividirá el número de servicios prestados entre siete, y la media resultante entre seis.
A.2 Población de menos de doscientos mil habitantes: Se dividirá el número de servicios prestados entre siete, y la media resultante entre cuatro.
La población de referencia será la capital o, en su caso, la ciudad de mayor población, de la provincia donde se encuentra el centro de trabajo de la Empresa cedente del Servicio.
A.3 Normas comunes a A.1 y A.2: En ambos casos:
a) La cantidad resultante, que es la jornada mensual a subrogar, se dividirá entre el resultante de dividir la jornada anual entre 11, siendo el cociente de dicha operación el número de trabajadores que deben ser subrogados, multiplicado por la dotación del vehículo blindado.
El cociente se incrementará a un entero cuando contenga decimal igual o superior a cinco décimas.
No obstante, si una vez aplicada la regla anterior, la cifra resultante fuese inferior a 0,5 y, consiguientemente, no procediese a efectuar ninguna subrogación de personal, si la nueva empresa adjudicataria obtuviese durante los doce meses siguientes, la adjudicación de servicios que tuviese la misma empresa cesante, esta cifra anterior será, en todo caso, sumada a la nueva cifra resultante a los efectos de subrogación del personal.
b) Los trabajadores objeto de la subrogación deberán estar adscritos al turno en el que se prestan los servicios que motiva la subrogación, salvo que se trate de trabajadores sin turno fijo o que se hayan presentado voluntarios para la subrogación. Cuando la subrogación esté basada en la acumulación de varios servicios, el turno a tener en cuenta será el del servicio con mayor número de paradas.
c) Únicamente podrán subrogarse tripulaciones completas sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17.1).4.
d) En caso de que la empresa cesante pierda la totalidad de los servicios, la empresa adjudicataria deberá quedarse con todo el personal. En el caso de que sean varias las empresas adjudicatarias, deberán quedarse con todo el personal de acuerdo con los porcentajes asignados.
B) Subrogación de los trabajadores de Manipulado: La empresa que pierda un contrato de manipulación de efectivo (Contadores-Pagadores) en favor de otra, ésta estará obligada a subrogarse en el número de contadores-pagadores resultante de dividir el importe de la facturación media mensual perdida de los últimos siete meses, entre 2.500 euros. Esta cantidad, se actualizará anualmente en función de los costes laborales y la mejora en la tecnología y maquinaria utilizada en la actividad.
No obstante, si una vez aplicada la regla anterior, la cifra resultante fuese inferior a 0,5 y, consiguientemente, no procediese efectuar ninguna subrogación de personal, si la nueva empresa adjudicataria obtuviese durante los doce meses siguientes la adjudicación de servicios que tuviese la misma empresa cesante, esta cifra anterior será, en todo caso, sumada a la nueva cifra resultante a los efectos de subrogación del personal.

Artículo 17. Obligaciones de la empresa cesante y adjudicataria derivadas del proceso de subrogación.
1. Obligaciones de la empresa cesante: La Empresa cesante en el servicio:
1. Deberá notificar al personal afectado y a la Representación Legal de los Trabajadores la resolución del contrato de arrendamiento de servicios, así como el nombre de la nueva adjudicataria, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento formal y fehaciente de cada una de las circunstancias.
2. Deberá poner a disposición de la nueva adjudicataria, con antelación mínima de cinco días hábiles a que ésta dé comienzo a la prestación del servicio, la documentación que más adelante se relaciona. Si tuviese conocimiento de la adjudicación en un plazo inferior a los cinco días hábiles antes del inicio del servicio, deberá entregar la documentación con carácter inmediato y siempre como mínimo veinticuatro horas antes del inicio del servicio.
a) Relación de trabajadores afectados por la subrogación.
b) Certificación individual por cada trabajador en la que deberá constar los datos de contacto del mismo, los incluidos en el modelo 145 del IRPF (Retenciones sobre rendimientos del trabajo. Comunicación de datos al pagador), los necesarios para cursar el Alta en Seguridad Social, la naturaleza del contrato de trabajo vigente y su nivel funcional.
c) Copia de las nóminas de los siete últimos meses, o período inferior, según procediere, así como la correspondiente a la última paga extraordinaria.
d) Copias de los TC1 y TC2, de cotización a la Seguridad Social, de los últimos tres meses, o período inferior si procediera, con acreditación de su pago.
e) Certificado de estar al corriente del pago de las obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
f) Copia de los contratos de trabajo suscritos, cuando se hayan concertado por escrito, así como copia de todos los documentos, resoluciones administrativas o judiciales, acuerdos o pactos individuales o de empresa que afecten al trabajador o a los trabajadores afectados como condición más beneficiosa, incluida la vida laboral de afiliado al código de cotización correspondiente.
g) Copias de la Cartilla Profesional, Tarjeta de Identidad Profesional, y, en su caso, Licencia de Armas.
h) Parte de Baja por Incapacidad Temporal y último parte de confirmación de los trabajadores que se encuentren en tal situación en el momento de producirse la subrogación.
i) Copia de los cuadrantes de los siete meses anteriores a la fecha de subrogación. En caso de existir cuadrante anual, habrá de incluirse el mismo.
j) Documentación justificativa de la situación especial en que se encuentre el trabajador (reducción de jornada, guarda legal, baja por maternidad y paternidad, excedencias, etc.).
k) Cualquier otro documento que proceda o se requiera a estos efectos, necesario o preceptivo, por la adjudicataria entrante.
3. Deberá atender, como único y exclusivo obligado:
a) Los pagos y cuotas derivados de la prestación del trabajo hasta el momento del cese en la adjudicación.
b) la liquidación por todos los conceptos, incluidas vacaciones, dado que la subrogación sólo implica para la nueva Empresa adjudicataria la obligación del mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados.
Asimismo, en el plazo máximo de un mes desde que se produzca la subrogación, deberá facilitar a la nueva empresa adjudicataria copia de los finiquitos firmados por los trabajadores afectados.
4. Tendrá la facultad de quedarse con todos, o parte, de los trabajadores afectados por la subrogación.
5. Entregará a la Representación Legal de los Trabajadores la relación de los trabajadores afectados por la subrogación.
6. Si la documentación entregada contuviera falsedad o inexactitud manifiesta que hubiera dado lugar a una errónea identificación del trabajador o los trabajadores a subrogar, la nueva empresa adjudicataria tendrá derecho a revertir la subrogación ya realizada respecto de los trabajadores subrogados como consecuencia de dicha identificación errónea, estando obligada la empresa cesante a reincorporar a dichos trabajadores en su plantilla, teniendo éstos derecho a recibir una compensación indemnizatoria de la empresa cesante, por razón de la falsedad o inexactitud manifiesta, equivalente a la suma del «total» de la Tabla de Retribuciones del Anexo, y por los conceptos comprendidos en ella para su nivel salarial, más el Complemento Personal de antigüedad (Trienios/Quinquenios) y el promedio mensual de lo devengado en el período de referencia (desde la fecha de la subrogación hasta la de la reversión efectiva) por el trabajador por cualquiera de los complementos establecidos en el artículo 43 del Convenio.
2. Obligaciones de la nueva empresa adjudicataria: La Empresa adjudicataria del servicio:
1. Deberá respetar al trabajador todos los derechos laborales que tuviese reconocidos en su anterior empresa, incluida la antigüedad, siempre que éstos provengan de pactos o acuerdos lícitos que se hayan puesto en su conocimiento, junto con la documentación pertinente, o que el trabajador pueda demostrar.
2. No desaparece el carácter vinculante de la subrogación en el caso de que el arrendatario del servicio suspendiese o redujese el mismo, por un período no superior a doce meses, si la empresa cesante o los trabajadores, cuyos contratos de trabajo se hubiesen resuelto, o no, por motivo de esta suspensión o reducción, probasen, dentro de los treinta días siguientes a la terminación del plazo citado, que el servicio se hubiese reiniciado o ampliado por ésta o por otra empresa.
Cuando se produzca una subrogación, el personal objeto de la misma deberá mantener las condiciones económicas y sociales de este Convenio, si este fuera el que le es de aplicación en la empresa cesante en el momento de la subrogación, aunque la empresa cesionaria o entrante viniese aplicando a sus trabajadores condiciones inferiores en virtud de un convenio estatutario de empresa. La aplicación de las condiciones del presente Convenio se mantendrá hasta su vencimiento o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte de aplicación a la empresa cesionaria.

Artículo 18. Subrogación de los representantes de los trabajadores.
Los miembros del Comité de Empresa, los Delegados de Personal y los Delegados Sindicales que cumplan los requisitos para ser considerados personal a subrogar establecidos en los artículos precedentes y pudieran ser incluidos en la relación de trabajadores a subrogar por la empresa cesante, podrán optar entre permanecer en su empresa o subrogarse a la empresa adjudicataria, en el plazo de 48 horas tras recibir la comunicación, salvo en los supuestos siguientes:
a) Que hubiera sido contratado expresamente por obra o servicio determinado para el centro afectado por la subrogación habiendo mantenido dicha naturaleza la relación laboral.
b) Que haya sido elegido específicamente para representar a los trabajadores del Centro de Trabajo objeto de subrogación, siempre que afecte a toda la plantilla del Centro.
c) Que la subrogación afecte a la totalidad de los trabajadores del artículo 28 Grupo IV de la unidad productiva.
En estos supuestos, los Delegados de Personal, miembros del Comité de Empresa y Delegados Sindicales, pasarán también subrogados a la nueva Empresa adjudicataria de los servicios.

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Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana

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Acreditación de la identidad de los ciudadanos españoles.Los españoles tienen derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad.
El Documento Nacional de Identidad es un documento público y oficial y tendrá la protección que a estos otorgan las leyes. Es el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.

En el Documento Nacional de Identidad figurarán la fotografía y la firma de su titular, así como los datos personales que se determinen reglamentariamente, que respetarán el derecho a la intimidad de la persona, sin que en ningún caso, puedan ser relativos a la raza, etnia, religión, creencias, opinión, ideología, discapacidad, orientación o identidad sexual, o afiliación política o sindical. La tarjeta soporte del Documento Nacional de Identidad incorporará las medidas de seguridad necesarias para la consecución de condiciones de calidad e inalterabilidad y máximas garantías para impedir su falsificación.

El Documento Nacional de Identidad permite a los españoles mayores de edad que gocen de plena capacidad de obrar y a los menores emancipados la identificación electrónica de su titular, así como la firma electrónica de documentos, en los términos previstos en la legislación específica. Las personas con capacidad modificada judicialmente podrán ejercer esas facultades cuando expresamente lo solicite el interesado y no precise, atendiendo a la resolución judicial que complemente su capacidad, de la representación o asistencia de una institución de protección y apoyo para obligarse o contratar.
El prestador de servicios de certificación procederá a revocar el certificado de firma electrónica a instancia del Ministerio del Interior, tras recibir éste la comunicación del Encargado del Registro Civil de la inscripción de la resolución judicial que determine la necesidad del complemento de la capacidad para obligarse o contratar, del fallecimiento o de la declaración de ausencia o fallecimiento de una persona.
Artículo 9. Obligaciones y derechos del titular del Documento Nacional de Identidad.

El Documento Nacional de Identidad es obligatorio a partir de los catorce años. Dicho documento es personal e intransferible, debiendo su titular mantenerlo en vigor y conservarlo y custodiarlo con la debida diligencia. No podrá ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, sino en los supuestos en que, conforme a lo previsto por la ley, haya de ser sustituido por otro documento.

Todas las personas obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad lo están también a exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad a las que se refiere el apartado 2 del artículo 8 cuando fueren requeridas para ello por la autoridad o sus agentes, para el cumplimiento de los fines previstos en el apartado 1 del artículo 16. De su sustracción o extravío deberá darse cuenta tan pronto como sea posible a la comisaría de Policía o puesto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más próximo.
Artículo 10. Competencias sobre el Documento Nacional de Identidad.

Corresponde al Ministerio del Interior la competencia exclusiva para la dirección, organización y gestión de todos los aspectos referentes a la confección y expedición del Documento Nacional de Identidad, conforme a lo dispuesto en esta Ley y en la legislación sobre firma electrónica.
ARMAS Y EXPLOSIVOS

La competencia a que se refiere el apartado anterior será ejercida por la Dirección General de la Policía, a la que corresponderá también la custodia y responsabilidad de los archivos y ficheros relacionados con el Documento Nacional de Identidad.

Su expedición está sujeta al pago de una tasa.

Pasaporte de ciudadanos españoles.

El pasaporte español es un documento público, personal, individual e intransferible que, salvo prueba en contrario, acredita la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles fuera de España, y dentro del territorio nacional, las mismas circunstancias de los españoles no residentes.

Los ciudadanos españoles tienen derecho a que les sea expedido el pasaporte, que sólo podrá ser exceptuado en las siguientes circunstancias:
a) Haber sido condenado a penas o medidas de seguridad privativas de libertad, mientras no se hayan extinguido, salvo que obtenga autorización del órgano judicial competente.
b) Haber sido acordada por el órgano judicial competente la retirada de su pasaporte de acuerdo con lo previsto por la ley.
c) Haberle sido impuesta una medida de libertad vigilada con prohibición de abandonar el territorio nacional, salvo que obtenga autorización del órgano judicial competente.
d) Cuando el órgano judicial competente haya prohibido la salida de España o la expedición de pasaporte al menor de edad o a la persona con la capacidad modificada judicialmente, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

La obtención del pasaporte por los ciudadanos sujetos a patria potestad o a tutela estará condicionada al consentimiento expreso de las personas u órgano que tenga encomendado su ejercicio o, en su defecto, del órgano judicial competente.

Los titulares del pasaporte tienen la obligación de exhibirlo y facilitarlo cuando fuesen requeridos para ello por la autoridad o sus agentes. También estarán obligados a su custodia y conservación con la debida diligencia. De su sustracción o extravío deberá darse cuenta de manera inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o, en su caso, a la Representación Diplomática o Consular de España en el extranjero.


Competencias sobre el pasaporte.

La competencia para su expedición corresponde:
a) En el territorio nacional, a la Dirección General de la Policía.
b) En el extranjero, a las Representaciones Diplomáticas y Consulares de España.

Su expedición está sujeta al pago de una tasa.

Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministros del Interior y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, desarrollar esta Ley en lo referente al régimen jurídico del pasaporte.

Acreditación de la identidad de ciudadanos extranjeros.

Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar y portar consigo la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación regular en España.

Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación de origen, salvo en el curso de investigaciones judiciales de carácter penal.

Los extranjeros estarán obligados a exhibir la documentación mencionada en el apartado 1 de este artículo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad de la misma, cuando fueran requeridos por las autoridades o sus agentes de conformidad con lo dispuesto en la ley, y por el tiempo imprescindible para dicha comprobación, sin perjuicio de poder demostrar su identidad por cualquier otro medio si no la llevaran consigo.

Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana
Sección 1.ª Potestades generales de policía de seguridad

Órdenes y prohibiciones.


Las autoridades competentes, de conformidad con las Leyes y reglamentos, podrán dictar las órdenes y prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para asegurar la consecución de los fines previstos en esta Ley, mediante resolución debidamente motivada.

Entrada y registro en domicilio y edificios de organismos oficiales.

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo podrán proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las Leyes.

Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad.

Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.

Cuando por las causas previstas en este artículo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entren en un domicilio particular, remitirán sin dilación el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial competente.

Identificación de personas.

En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción.
b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito.
En estos supuestos, los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, incluida la identificación de las personas cuyo rostro no sea visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra, impidiendo o dificultando la identificación, cuando fuere preciso a los efectos indicados.
En la práctica de la identificación se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía telemática o telefónica, o si la persona se negase a identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios adecuados para la práctica de esta diligencia, a los solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las seis horas.
La persona a la que se solicite que se identifique será informada de modo inmediato y comprensible de las razones de dicha solicitud, así como, en su caso, del requerimiento para que acompañe a los agentes a las dependencias policiales.

En las dependencias a que se hace referencia en el apartado 2 se llevará un libro-registro en el que sólo se practicarán asientos relacionados con la seguridad ciudadana.

Constarán en él las diligencias de identificación practicadas, así como los motivos, circunstancias y duración de las mismas, y sólo podrán ser comunicados sus datos a la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal. El órgano competente de la Administración remitirá mensualmente al Ministerio Fiscal extracto de las diligencias de identificación con expresión del tiempo utilizado en cada una. Los asientos de este libro-registro se cancelarán de oficio a los tres años.

A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se les deberá expedir a su salida un volante acreditativo del tiempo de permanencia en ellas, la causa y la identidad de los agentes actuantes.

En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, en esta Ley.

Restricción del tránsito y controles en las vías públicas.

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento. Asimismo podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda.

Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, así como para el descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en su comisión y proceder a la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas, se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, siempre que resulte indispensable proceder a la identificación de personas que se encuentren en ellos, al registro de vehículos o al control superficial de efectos personales.

Comprobaciones y registros en lugares públicos.

Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes y vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas, susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, cuando tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares, procediendo, en su caso, a su intervención. A tal fin, los ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas que se porten con licencia, permiso o autorización si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de los bienes.

Disposiciones comunes a las diligencias de identificación, registro y comprobación.

Las diligencias de identificación, registro y comprobación practicadas por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con ocasión de actuaciones realizadas conforme a lo dispuesto en esta sección no estarán sujetas a las mismas formalidades que la detención.

La aprehensión durante las diligencias de identificación, registro y comprobación de armas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros efectos procedentes de un delito o infracción administrativa se hará constar en el acta correspondiente, que habrá de ser firmada por el interesado; si éste se negara a firmarla, se dejará constancia expresa de su negativa. El acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, salvo prueba en contrario.

Registros corporales externos.

Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes:
a) El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se practique esta diligencia.
b) Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta diligencia, de sus causas y de la identidad del agente que la adoptó.

Los registros corporales externos respetarán los principios del apartado 1 del artículo 16, así como el de injerencia mínima, y se realizarán del modo que cause el menor perjuicio a la intimidad y dignidad de la persona afectada, que será informada de modo inmediato y comprensible de las razones de su realización.

Los registros a los que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables, conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Medidas de seguridad extraordinarias.


Las autoridades competentes podrán acordar, como medidas de seguridad extraordinarias, el cierre o desalojo de locales o establecimientos, la prohibición del paso, la evacuación de inmuebles o espacios públicos debidamente acotados, o el depósito de explosivos u otras sustancias susceptibles de ser empleadas como tales, en situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles y durante el tiempo estrictamente necesario para garantizar la seguridad ciudadana. Dichas medidas podrán adoptarse por los agentes de la autoridad si la urgencia de la situación lo hiciera imprescindible, incluso mediante órdenes verbales.
A los efectos de este artículo, se entiende por emergencia aquella situación de riesgo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una actuación rápida por parte de la autoridad o de sus agentes para evitarla o mitigar sus efectos.

Uso de videocámaras.


La autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán proceder a la grabación de personas, lugares u objetos mediante cámaras de videovigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

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El Detective Privado en el ámbito familiar.

El Detective Privado en el ámbito familiar.

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En los años que llevo ejerciendo mi profesión, he comprobado que es habitual no ya solo el desconocimiento de la figura del detective privado, sino también de aquellos temas en los que desarrollamos nuestra actividad y que pueden reportar grandes beneficios a nuestros clientes.

Esto es así ya que el detective privado es el único profesional legalmente capacitado que lleva a cabo investigaciones de carácter confidencial para personas físicas o jurídicas. En este sentido, es significativa la consideración que de nosotros tiene el Tribunal Supremo, que nos define como testigos privilegiados.

No en vano, para el ejercicio de la profesión se requiere cursar unos estrictos estudios tras lo cual se obtendrá la licencia profesional (TIP) legalmente habilitada por el Ministerio del Interior.

Por ello, como modo de acercar la figura del detective privado a la sociedad, creo que es interesante analizar algunos de los más frecuentes campos en los que trabajamos, de modo que despachos de abogados, clientes y la sociedad en general, puedan entender que a través de nuestro trabajo, pueden obtener beneficios que no solo desconocen, sino que exclusivamente podemos prestar los Detectives Privados.

Los campos de actuación abarcan investigaciones de carácter, familiar, personal, económico, laboral, de seguros, informes comerciales y pre-comerciales, de solvencia, mercantiles, relacionados con nuevas tecnologías, propiedad industrial, arrendamientos, etc.

Sin entrar en una exhaustiva descripción de estos campos, más propia del temario de un curso para la obtención de la licencia de detective privado, creo interesante exponer algunos de ellos, centrándome en este caso en aquellos relacionados con el ámbito familiar, referido a todas aquellas investigaciones relacionadas con las relaciones personales y familiares, porque entiendo que este es el que más incidencia tiene en la sociedad, ya que a todas las personas les puede afectar.

Convenios de separación

En los convenios que se acuerdan en los procesos de separaciones y divorcios, quedan establecidas las normas por las que se regirá la relación entra las partes tras la separación. El tiempo que ha estado vigente la unión de la pareja, la situación laboral de ambos, los posibles desequilibrios económicos, la custodia de los hijos, regímenes de visita, pensiones a la otra parte e hijos, atribución de la vivienda, etc.

En ocasiones se acude a nuestras agencias de investigación antes de firmar estos convenios con el fin de que si la otra parte no está dispuesta a reconocer la realidad de su situación, obtener un informe de detectives que acredite estos hechos, de modo que ante la falta de acuerdo, si se ha de acudir al Juzgado, tener una prueba irrefutable que permita al juez tomar la decisión más justa.

Un ejemplo de esto, serían aquellos casos en los que una de las partes niega estar trabajando o hacerlo por un número de horas inferior a lo que oficialmente podría figurar, con lo cual, nuestro trabajo sería demostrar la realidad de la situación laboral de esa parte, que determinaría el pago de una pensión u otra, e incluso la anulación.

En otras ocasiones, una vez firmado el convenio y siendo ya efectiva la separación, se da con mucha frecuencia que pasado un tiempo, la situación que fundamentó el convenio, ha podido cambiar, de modo que es lógico que también se puedan modificar las condiciones del acuerdo. Para ello se llevará cabo un trabajo que demuestre la realidad laboral o profesional del investigado que permita determinar al juez la cuantía de la pensión.

Siguiendo en el ejemplo del trabajo, si cuando se firmó una de las partes no trabajaba y ahora sí, pero nuestro cliente desconoce lugar y tipo de trabajo, nuestro trabajo consistiría en comprobar esa actividad laboral, si es por cuenta ajena o no, horarios, condiciones del trabajo, etc.

El desarrollo de estas investigaciones implica en primer lugar saber si efectivamente trabaja y dónde. En ocasiones será nuestro cliente quién facilite la información, pero si no, será necesario hacer un seguimiento para comprobarlo.

Visto esto, se determinará en el caso de que trabaje en mismo lugar, en diferentes días de la semana, a lo largo de mes y medio aproximadamente, ver que entra y sale del lugar de trabajo, si es posible, que nos atienda, para poder constatar que es un trabajo habitual, de modo que aunque pudiese alegar en sede judicial que solo fue un día, a modo de favor personal, nuestro informe aporte otros datos que el juez valore en su justa medida.

Debemos tener en cuenta que en ocasiones, estos trabajos realizados por cuenta ajena, son sin contrato o con un contrato por menos horas de las que efectivamente realiza.

Esto también es aplicable a trabajadores autónomos, que reconociendo su actividad, podrían manifestar una actividad muy inferior a la real, que condicionaría la pensión a dar a la otra parte.

Dejando de lado las responsabilidades derivadas del ilícito, si esto es así, nuestro trabajo es el único modo de demostrar la realidad de la actividad laboral.

La custodia de hijos

Otro tema de trabajo muy habitual en nuestros despachos es el referente a la custodia de hijos.

Si bien al día de hoy en la sociedad actual la norma común en las separaciones es la de la custodia compartida, ya sea por semanas, quincenas, esto puede variar en función de numerosos factores, que abarcan desde la edad de los hijos a la disponibilidad de los padres, así como otras circunstancias.

No hay que olvidar que la custodia lleva aparejado un componente económico: cuánto más tiempo estén con uno de los padres, mayor deberá ser la pensión que el otro pase para el sostenimiento de los hijos. Hemos observado que a veces se solicita una custodia compartida al objeto de minorar la pensión de alimentos a la otra parte, si bien, luego no ejerce de facto la custodia.

En este sentido recordamos que la esencia de la custodia es su ejercicio real. Independientemente del tiempo que se tiene la custodia, ésta debe ejercerse, no delegarse. Es decir, dejando de lado las horas que los hijos pasan en el colegio, o que, dentro de un criterio normal, pasen con abuelos u otros familiares, si la mayor parte del tiempo que un padre o madre tiene la custodia, están con terceras personas, pudiendo estar ellos, sería posible solicitar un cambio del régimen de custodias o visitas.

En nuestra agencia hemos constatado con frecuencia casos en los que aquel que tiene la custodia deja de manera habitual al hijo con otras personas, hecho que si se demuestra que es habitual, podría variar el acuerdo establecido en su momento a este respecto.

Esa decisión corresponde al Juez, que determinará qué tiempo y/o circunstancias es el razonable que esté con terceros, pero un informe de un detective ha ayudado en muchas ocasiones a la decisión del juez.

Así mismo, actitudes y comportamientos alejados del concepto jurídico del “buen padre de familia” tales como la desatención del hijo, dejándolo solo en casa, no ejerciendo vigilancia en la calle o comportamientos como una conducción negligente de vehículos, realización de actividades peligrosas o no adecuadas a su edad, etc.

En general, el desarrollo de estas investigaciones consiste en aportar las pruebas que determinen sin duda cómo ejerce la custodia el padre en cuestión.

El que un juez ordene el cambio de custodia es complicado, porque se trata de un derecho básico. Por ello a lo largo de unas semanas, deberemos observar cuál es el comportamiento habitual. Nuestro cliente debe entender que en estos casos se requiere más que en otros la habitualidad. Puntualmente, cualquier persona puede encontrarse con situaciones que condicionen el ejercicio de la custodia.

Un caso más extraño y extremo, pero que también se da, es el que uno de los padres durante el ejercicio de la custodia, lleve un modo de vida incompatible con el que se considera adecuado en la convivencia con un menor de edad, como por ejemplo, abuso y/o consumo de alcohol o sustancias narcóticas, etc.

Uso de vivienda

En las separaciones ha sido frecuente que el uso de la vivienda habitual del matrimonio se adjudique a aquella parte que tenga la custodia de más duración de los hijos, con el objeto de que estos sigan residiendo en la casa de modo que se altere lo menos posible su modo de vida, lo que no altera las obligaciones de la otra parte a contribuir al mantenimiento de la vivienda en pagos tales como hipoteca, impuestos, seguros, etc.

Sin embargo, esa situación, conlleva la obligación de que la parte que se queda en la vivienda, caso de rehacer sentimentalmente su vida, no puede convivir en esta casa con su nueva pareja. En los últimos años y como consecuencia de la jurisprudencia establecida al efecto, se nos contrata para que se demuestre si se cumpliendo con este requisito.

Un informe debidamente fundamentado, obligaría a cambiar la adjudicación de la vivienda, y su posible venta, con la liberación de las cargas económicas de la otra parte.

Para ello, no necesariamente debe de pernoctar en ella todos los días. Será la suma de comportamientos y actitudes lo que nos dé base de nuestro informe.

Así, observando en distintos días de la semana, de lunes a domingo, a diferentes horas, la entrada y salida de la misma, si alguna vez permanece por la noche, si de manera habitual acude a comer a la misma, si hace uso de su propia llave, recogida de correo, sacar la basura, pasear al perro, etc.

También puede ser interesante recabar manifestaciones de vecinos que confirmen que reside en la casa.

Para que este informe sea válido ante el juez, deberemos realizarlo a lo largo de un plazo que oscilará entre un mes y dos, porque si solo fuese unos días de una semana, podría alegar que fue una situación puntual.

Hay otros muchos temas de investigaciones de tema familiar/personal, como por ejemplo relacionados con herencias, localización de personas desaparecidas, drogodependencias, adicciones, sectas, control de actividades de menores o alguno de los cónyuges, etc.

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Las 20 pistas que revelan una infidelidad según un detective privado

Las 20 pistas que revelan una infidelidad según un detective privado

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Un investigador que trabajó para el FBI y tiene más de 40 años como detective privado enumeró las 20 características que probarían una infidelidad en la pareja. «Si se cumplen 4 o más habría que preocuparse», aseguró.

Las relaciones de pareja suelen ser una de las más buscadas por las personas a lo largo de su vida, pero muchas de ellas no son del todo sinceras o acaban de la peor manera producto de una infidelidad. Un detective privado que supo trabajar para el FBI dio a conocer las 20 pistas que revelan una infidelidad y varias de ellas hicieron que más de uno o una mirara a su pareja con sospechas.

La experiencia de más de 40 años en investigaciones le dio a Thomas Martin la capacidad de de ver y conocer todas las señales que indican infidelidad. Más allá de la publicación de su instructiva lista, el detective dejó en claro que la persona no debe preocuparse si su pareja cumple con una o dos características, pero sí debe hacerlo si son cuatro o más.

El listado de características o actividades que tiene o desarrolla alguien que está cometiendo una infidelidad hizo que el detective privado fuera entrevistado por varios medios de Estados Unidos y en uno de ellos detalló cuales son los signos más evidentes. «Pasar horas extras en el trabajo, los viajes de negocios, menor cantidad de relaciones sexuales o estar todo el tiempo a la defensiva», comenzó diciendo el experimentado detective que ahora preside su propia agencia.

El cambio de actitudes o la incorporación de nuevos hábitos también pueden ser señales de infidelidad según Thomas Martin. «El compromiso con una actividad física como ir al gimnasio o la adquisición de ropa nueva, pueden ser una clara señal de que la pareja está trabajando para mejorarse a sí misma, pero con otra persona en mente», advirtió el detective.

El investigador confía en el listado que armó para detectar posibles infidelidades, pero remarcó que una persona no debe entrar en pánico ante estas situaciones o sacar conclusiones precipitadas, ya que puede “poner en peligro una relación valiosa por lo que pueden ser ansiedades infundadas”.

Finalmente el detective comentó cómo en la actualidad es mucho más fácil descubrir un engaño ya que con la tecnología está al alcance de la mano seguir los pasos de una persona. En ese sentido reconoció que son menos las personas que lo contratan para probar una infidelidad, pero Martin acepta las reglas del juego. “El juego cambió de manera drástica. Y la tecnología es el 100% de la razón”, reflexionó.

Las 20 pistas que revelan una infidelidad:

  1. Los cambios de hábitos.
  2. Salir temprano de la casa y regresar tarde.
  3. Los viajes de negocios.
  4. Las ausencias por vacaciones o eventos familiares.
  5. Las horas extras excesivas.
  6. Los gastos inexplicables.
  7. Las cuentas secretas en las redes sociales o correo electrónico alternativo.
  8. Las facturas de tarjetas de crédito ocultas.
  9. El aseo personal adicional.
  10. El olor a perfume de otra persona o manchas de lápiz labial en el cuello o en la ropa.
  11. La compra de regalos.
  12. Los artículos inexplicables encontrados en lugares extraños.
  13. Anotarse en el gimnasio.
  14. Las llamadas perdidas en el celular desde un número desconocido.
  15. Los mensajes de texto codificados o secretos.
  16. Tener menos relaciones sexuales.
  17. Ser evasivo o estar a la defensiva.
  18. Las mentiras obvias.
  19. La irritabilidad o el mal genio.
  20. El odio a las visitas inesperadas porque la presencia de la pareja puede llegar en un momento inoportuno para la persona infiel.

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