La investigación se inició a finales de 2019 a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros (ASNEF), en la que se manifestaba que a través de determinadas páginas web se publicitaban y ofrecían servicios de gestión de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) en los diferentes ficheros de solvencia patrimonial y de crédito que existen. Esos servicios eran ofrecidos de forma supuestamente gratuita a través de esa web, pero en realidad, en la misma se invitaba a los usuarios a iniciar un proceso que implicaba realizar varias llamadas a números de tarificación adicional de manera injustificada y fraudulenta, suponiendo un importante perjuicio económico para los usuarios que lo iniciaban.

Las compañías que gestionan los ficheros de solvencia patrimonial y crédito disponen de un servicio gratuito para que los usuarios puedan conocer qué datos obran en ASNEF y solicitar la rectificación o cancelación de los mismos. Sin embargo, el procedimiento utilizado por los arrestados consistía en usar números de tarificación adicional para que los usuarios contacten con su empresa (lucrándose económicamente por ello). Posteriormente efectuaban la petición a través de los servicios gratuitos en nombre de la persona que realizó la llamada a las numeraciones de tarificación publicitadas en dicha página web.

Tras las gestiones realizadas por los agentes, se dio con la empresa que se encontraba detrás de la página web investigada, la cual utilizaba además las marcas registradas propiedad del denunciante (sin estar autorizado a hacerlo) para confeccionar sus páginas web y transmitir a los usuarios una apariencia de credibilidad y legalidad. Así hacía creer a los usuarios que realmente se encuentran ante los verdaderos propietarios de los ficheros de solvencia patrimonial o un interlocutor habilitado para realizar las gestiones que necesitan.

Mantenían a las víctimas hasta 30 minutos al teléfono

La empresa investigada actuaba únicamente como un supuesto intermediario entre los ficheros de solvencia patrimonial y de crédito y los usuarios, ocasionando a los mismos un grave perjuicio económico por realizar, supuestamente, una gestión que ofrecen de forma gratuita los propios ficheros y para la que, además, no están habilitados.

Para maximizar los beneficios económicos obtenidos por la empresa y el perjuicio de las víctimas, los operadores que recibían las llamadas en nombre de la mercantil investigada mantenían a los usuarios al teléfono el máximo tiempo posible, hasta 30 minutos (que es el tiempo máximo permitido por ley para las llamadas a los números de tarificación adicional), mediante múltiples silencios y la supuesta realización de gestiones que no tenían otro objetivo que alargar las llamadas de forma innecesaria para aumentar los ingresos.

Incluso, en el caso de ponerse en contacto con la página web denunciada para solicitar información sobre los ficheros de morosidad sin estar incluido en ninguno de ellos, los investigados siempre respondían, por defecto, que el usuario podría estar incluido por lo menos en dos de ellos, indicando que se debía llamar al número de tarificación adicional para continuar el proceso, e informando de que el mismo es gratuito y subvencionado, y que la duración media de la llamada era de 5 minutos. Sin embargo, nunca era posible terminar el proceso de consulta en una sola llamada, aunque el usuario no estuviese incluido en los ficheros de morosidad, obligándole por tanto a realizar varias llamadas sin recibir ninguna contraprestación y con un gran perjuicio económico.

Para darse a conocer y aumentar el número de posibles víctimas, la compañía realizaba una campaña para posicionar su páginas web en los primeros lugares de los buscadores, de tal manera que cuando un usuario realizara una búsqueda en Internet para buscar información relativa a los ficheros de morosidad, en lugar de que los primeros resultados fuesen los de las páginas legítimas fueran los de la compañía denunciada.

Los ingresos obtenidos desde año 2019 superan los 700.000 euros

En el transcurso de la investigación, se detectó que los investigados crearon una nueva empresa en la que además pusieron a una tercera persona como administradora. Además, cambiaron la página web utilizada para captar a las víctimas. Todos estos mecanismos son habituales cuando se investigan estas modalidades delictivas, ya que utilizar empresas pantalla o testaferros son medidas de seguridad habituales que utilizan los delincuentes para evitar ser localizados y sustraerse de la acción de la justicia.

Sin embargo, las gestiones de investigación realizadas y el seguimiento de los pagos para ver quiénes eran los auténticos beneficiarios de los ingresos que se obtenían a través de los números de tarificación adicional permitieron averiguar que los auténticos responsables de los delitos investigados eran dos hermanos. A través  del análisis de la información bancaria que se realizó también se obtuvo una estimación del beneficio ilícito que habían obtenido los investigados a través de las páginas web que explotaban los números de tarificación adicional, resultando que los ingresos obtenidos desde año 2019 superaban los 700.000 euros.

En los registros se hallaron los guiones que utilizaban los teleoperadores para mantener a las víctimas el mayor tiempo posible

Una vez que concluyeron las gestiones de investigación se procedió al registro en los domicilios de los investigados, así como de la sede social de las empresas.  En el transcurso de la entrada y registro realizada en la sede social de las empresas investigadas, donde se encontraba montado un pequeño call center, se intervinieron numerosos dispositivos electrónicos con documentación relativa a la facturación y a los clientes de la empresa y documentación física, entre la que se encuentra los guiones que utilizaban los teleoperadores para mantener a las víctimas el mayor tiempo posible al teléfono. Asimismo, se obtuvieron evidencias de que se atendían a las víctimas desde Colombia y que desde España únicamente se conectaban las llamadas. Tras la realización del registro, los call center localizados fueron desmontados, de tal forma que los investigados no pudiesen  continuar con su actividad delictiva. Finalizados los registros, también se tomó declaración en calidad de investigada a la trabajadora que tenían los investigados en el call center de Madrid.

Durante la materialización de los registros, los dos principales investigados se encontraban en su país de origen, Colombia, por lo que ambos fueron detenidos cuando regresaron a España. Se continúan las gestiones para localizar el centro ubicado en Colombia desde donde los teleoperadores atendían y mantenían al teléfono a las víctimas para cometer el fraude.