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El sector de la seguridad privada insta a un cambio radical y urgente de los procesos de contratación de servicios

El sector de la seguridad privada insta a un cambio radical y urgente de los procesos de contratación de servicios

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El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, compuesto por las organizaciones sindicales FeSMC-UGT y FTSP-USO, y las organizaciones empresariales Asecops y Aproser, todas ellas firmantes del Convenio Colectivo Sectorial Nacional, acogió muy favorablemente la nueva Ley 9/2017 de contratos del sector público (LCSP).

Tanto el respeto del Convenio Colectivo Sectorial, como la consideración del beneficio industrial, la primacía de la calidad sobre el precio, la intensificación del control de la ejecución contractual y la lógica exención de la responsabilidad de los nuevos adjudicatarios por las deudas salariales y de seguridad social de anteriores contratistas, eran y son elementos indispensables para la garantía de una contratación pública socialmente responsable de los servicios de seguridad privada.

Con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley, el Tribunal Supremo ha modificado su criterio en relación con el régimen de asunción de responsabilidades de los nuevos adjudicatarios al respecto de las obligaciones pendientes de las empresas que cesaban en la prestación de los servicios, dejando importantes deudas salariales a los trabajadores, sin ingresar las retenciones a la Hacienda Pública ni las cotizaciones a la Seguridad Social -incluso las detraídas con anterioridad en las nóminas de los trabajadores-.

Producto de ello, contratos muy relevantes han ido quedado repetidamente desiertos. Añadido a lo anterior, la reciente apertura de procedimientos de reclamación de las cuotas no abonadas por las empresas salientes, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, contra las empresas que han asumido plantillas y servicios de seguridad abandonados por sus anteriores responsables (en clara contradicción con lo establecido en el artículo 130.6 de la LCSP), incrementa de forma exponencial e inasumible el riesgo a que ninguna empresa de seguridad privada quiera o pueda asumir unas deudas que, además, le son completamente desconocidas en el periodo de licitación e, incluso, en los meses o años posteriores al inicio de la prestación.

La previsible proliferación de estas situaciones conducirá a que servicios en los que la seguridad privada es complementaria de la seguridad pública, queden sin cubrirse y que miles de trabajadores pierdan sus puestos de trabajo, ya de por sí fuertemente impactados por los ERTEs y reducciones de servicios derivados de la actual crisis económica.

Solo una equilibrada interpretación de la actual normativa y una inmediata modificación de esta puede evitar este riesgo que, finalmente, impactará también en la seguridad de los ciudadanos.

El contenido de los pliegos de condiciones de los servicios de seguridad privada tiene una importancia capital en la garantía de la excelencia en la prestación, que es lo que debería ser el objetivo prioritario de la contratación, en vez de la reducción sistemática de los presupuestos dedicados a la seguridad en cada proceso de licitación.

Es imperativo, además, avanzar desde la exigencia del mero cumplimiento de la Ley -de todas las normas que afectan a este grave problema-, hacia el respeto íntegro y observancia de los principios que el legislador pretendía garantizar con su promulgación.

Y ello debe plasmarse en los siguientes aspectos:

  • El respeto formal de la primacía de la calidad sobre el precio; la elaboración de los pliegos y la adjudicación posterior no puede fundamentarse en la inclusión preponderante de criterios puramente económicos; pongamos como ejemplo las “bolsas de horas gratuitas”, que son un claro fraude de ley. La valoración de servicios de seguridad privada requiere la incorporación de criterios cualitativos adecuados y que, además, garanticen una contratación socialmente responsable.
  • La adjudicación de los servicios en esta actividad, intensiva en gestión de personas, no puede ser la consecuencia de rondas de negociación consecutivas -en la que se insta a los ofertantes a competir entre ellos solo por precio-; esta práctica puede conducir a los adjudicatarios a la asunción de compromisos difícilmente compatibles con las exigencias no solo de los pliegos de condiciones técnicas, sino de la ley misma.

Sin que ello implique una modificación de las responsabilidades que la legislación de seguridad privada atribuye a los diversos actores (personal habilitado, empresa de seguridad y usuarios), estas prácticas derivan en exigencias muy difícilmente asumibles para las empresas de seguridad que deciden, quizá porque se ven abocadas a priorizar a cualquier coste el mantenimiento de su actividad, a no contemplar la rentabilidad necesaria para hacer frente puntualmente a sus obligaciones de pago, afectando a trabajadores, proveedores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública….y finalmente, por derivación de responsabilidades a otras empresas.

  • Es inaceptable que se permita que determinadas empresas, para competir en diferentes condiciones -y finalmente desaparecer-, apliquen o pretendan aplicar convenios de empresa, con inferiores condiciones económicas para sus profesionales, como única ventaja competitiva en sus ofertas para la licitación de servicios. Esto constituye una competencia desleal cuya gravedad aumenta en la grave situación sanitaria/económica que atraviesa el país.
  • Es necesario avanzar en el control de la ejecución del servicio una vez adjudicado, procediendo a la inmediata rescisión contractual de aquellos que se presten en condiciones inferiores a las pactadas y a las requeridas por la ley, que son generadoras de una acumulación de deudas, especialmente las contraídas con los trabajadores y con la Tesorería General de la SS.SS.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Observatorio Sectorial insta a que se garantice la preminencia y pervivencia de las empresas respetuosas con las obligaciones contractuales, laborales y tributarias, no penalizándolas indebidamente y evitando, en cualquier caso, que se incentiven -por inacción- las malas prácticas que ya se estaban erradicando por el propio sector a lo largo de los últimos años, para lo que se requiere:

  1. Una inmediata modificación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que establezca un régimen de responsabilidades equilibrado para los diferentes actores, por lo que a nosotros respecta, en los servicios de seguridad privada.
  2. Un refuerzo en el artículo 42, de esa misma norma, de la responsabilidad de la empresa principal en cuanto al aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social parte de los contratistas de servicios.
  3. La reforma de la Ley General de Seguridad Social, a efectos de la publicación del listado de morosos a la seguridad social, análoga a lo efectuado anualmente por parte de los organismos tributarios.
  4. El desarrollo reglamentario de los Certificados de la TGSS para que cumplan el objetivo para el que fueron pensados, esto es, ayudar a garantizar los derechos de terceros.
  5. La efectiva aplicación del Artículo 62.1 de la LCSP con el nombramiento obligatorio de un responsable del contrato, en la propia firma del contrato de servicios, con funciones definidas y un sistema eficiente de control del cumplimiento de todas las obligaciones de la adjudicataria derivadas del contrato, extendiendo, mediante una modificación normativa de la LCSP, las fiscales y laborales, con la determinación de la responsabilidad ‘in vigilando’ de la Administración, en su caso.

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Agreden al vigilante de seguridad de un centro de menores

Agreden al vigilante de seguridad de un centro de menores

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Un vigilante de seguridad del Centro de Menores Francisco Pizarro de Trujillo ha recibido una paliza por parte de usuarios del propio centro. 

Todo ocurrió en la madrugada del pasado viernes al sábado, cuando el vigilante se percató de que tres menores estaban hostigando a una de las trabajadoras del centro. En ese momento les llamó al orden y los presuntos agresores le golpearon con las barras de los armarios y le arrojaron piedras que cogieron del jardín.

La víctima tuvo que ser atendida de múltiples magulladuras y contusiones en el Punto de Atención Continuada de Trujillo. Las lesiones no fueron a más gracias a que portaba el chaleco anti trauma.

Los presuntos agresores golpearon al vigilante con las barras de los armarios y le arrojaron piedras 

Fuentes internas del «Francisco Pizarro» señalan que los tres menores han sido trasladados al centro de Caminomorisco. Desde la Junta indican que ya se han denunciado los hechos ante la Policía Nacional, quedando a la espera de la actuación de la Fiscalía de Menores.

Los sindicatos denuncian la falta de profesionales y, en muchas ocasiones, incluso de equipos de protección para los mismos. 

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Torrelodones: un hombre se atrinchera tras dar una paliza a su pareja, sobre la que tenía orden de alejamiento

Torrelodones: un hombre se atrinchera tras dar una paliza a su pareja, sobre la que tenía orden de alejamiento

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La situación que se vive en el seno de la Policía Local de Torrelodones es extrema.
En la actualidad, cuenta casi con la mitad de plantilla que hace unos años, hasta pasar de 50 a 32 (incluidos el jefe y un efectivo para labores administrativas).
Y eso, contando a los que están de baja, a punto de jubilarse y las libranzas. Y en una de las localidades más importantes de la Sierra, con casi 25.000 habitantes. La ratio mínima que establece la UE es de 1,8 policías locales por cada 1.000 habitantes.
En Torrelodones, esa cifra mínima se alcanzaría con 45 efectivos, no con los 32 actuales.
Esto está provocando situaciones graves. El último capítulo ocurrió la madrugada de este domingo.
A las 4 horas, se recibieron llamadas de vecinos de la calle del Prado del Estudiante.
Explicaban que se oían gritos en el piso donde convivía una pareja.
Según ha podido saber , la mujer recibió una tunda de golpes , a puñetazos, por parte de su pareja.
Tenía la cara destrozada. Se las apañó como pudo para salir de la vivienda, pegando gritos de desesperación.
El problema vino cuando había un solo policía local de servicio.
La escasez de plantilla fue la culpable, más allá de la irregularidad que supone que en España solo actúe un agente, sin su binomio, pues se patrulla, por seguridad para ellos mismos y para los ciudadanos, en parejas. Y esa norma incluye a todos los Cuerpos, también los municipales.
 Los datos del año pasado muestran cómo el porcentaje de víctimas con denuncia previa fue el mayor de la serie histórica
La tensión creció por momentos, porque el maltratador, que tenía una orden de alejamiento sobre su víctima y había sido denunciado en ocasiones anteriores, se atrincheró en el piso.
Se negaba a abrir a la Guardia Civil, que tuvo que mandar a tres patrullas a Torrelodones.
El municipio se encuentra en la demarcación de la Primera Compañía y da servicio a más localidades del entorno, como Collado Villalba.
Tuvieron que acudir los bomberos, para romper la cerradura, y los guardias y el único policía local disponible se hicieron cargo de la detención del sujeto, de origen latino y unos 30 años.
Trabajaba como camarero en un bar de copas del pueblo.
Estaba en el dormitorio, totalmente borracho y tirado en la cama.
Por su reincidencia y peligrosidad, el juez lo ha enviado a prisión.
Los agentes tuvieron que actuar con cascos y escudos reglamentarios, pues no sabían muy bien lo que podrían encontrarse en la vivienda.
La chica, que es española y unos años mayor que él, fue atendida por el Summa-112 y trasladada al hospital, donde fue explorada y redactaron el parte de lesiones. Mario Sainz es el delegado del sindicato de Policía Local CPPM de Torrelodones.
Afirma que esta situación de falta de medios humanos viene de lejos: desde hace más de 17 años, asegura, no se han incrementado los efectivos; y en los últimos 12 gobierna Vecinos por Torrelodones, que tampoco «ha querido sacar plazas nuevas en las dos ofertas de empleo público de 2018 y 2019, previas a la pandemia»: «Los policías se están yendo a otros municipios o se jubilan.
Están limitando la plantilla. La situación es acuciante, porque así no se puede realizar un trabajo preventivo, solo reactivo, y de modo muy limitado».
Horas extra más ‘baratas’ Pone el ejemplo de que esos 32 funcionarios (30 operativos) se dividen en tres turnos diarios, además de las rotaciones.
Otro asunto es la cobertura en los horarios de entrada y salida de la media docena de colegios, donde solo se puede trabajar en dos cada día, tocándole al resto en días sucesivos.
El 12 de diciembre, los representantes de los policías locales se reunieron con el Ayuntamiento y «hubo buena sintonía»:
«Pero al día siguiente supimos que había un plan especial para la Navidad, pese a la falta de efectivos».
El 22 de diciembre, a las siete de la tarde, fue cuando se informó a los afectados de cuándo tenían que trabajar.
Y haciendo horas extra. El problema siguiente con el que se encontraron es que en octubre el secretario municipal decretó un cambio en el cobro/disfrute de esas horas extra que perjudicaba a los policías, «y, además, era con carácter retroactivo».
La delincuencia ha crecido Así, en Nochebuena solo quiso trabajar una patrulla, al renunciar el resto por las nuevas condiciones económicas. «Y ese día tuvimos un incendio en el que, con los bomberos y, de nuevo, el apoyo de la Guardia Civil, tuvimos que desalojar el edificio y tragué mucho humo», explica Sainz, que fue uno de los dos agentes que trabajó esa jornada.
En Navidad, solo trabajó un uniformado (Sainz estaba con secuelas del incendio de unas horas antes) y durante la cabalgata de Reyes también hubo solo un policía en la calle.
«Y todo ello, en plena alerta 4 antiterrorista», incide el delegado de CPPM.
«El Ayuntamiento dice que les salimos muy caros y la tasa de delincuencia ha crecido en 2022 un 7,1% con respecto al ejercicio anterior, con 891 infracciones penales resueltas.
Y están incrementándose los atracos a personas en cajeros automáticos, los robos en domicilios y las reyertas«, sentencia Mario Sainz. «No se trata de más policías»
Desde Vecinos por Torrelodones, a las preguntas , remitieron una nota de prensa del 25 de enero, en la que el concejal de Seguridad , Victor Arcos, manifestaba que el 24 de diciembre se desplegaron nueve efectivos de la Policía Local, reforzados con Guardia Civil y seguridad privada.
A la pregunta de cuántos agentes necesita Torrelodones, contestó: «No se trata de tener más policías, sino que se trata de gestionar bien los recursos de los que disponemos».
Añadió que el municipio cumple «las ratios» que recomienda la Federación Española de Municipios y Provincias, así como las de la UE, «que indica que debe haber dos agentes de policía por cada1.000 habitantes», aunque matiza: «Contando con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Es decir, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil «. Eso sí, reconoció la merma de la plantilla. Finalmente, anunció: «Durante 2023 contaremos con la incorporación de nuevos agentes, dado que al proceso de oposición iniciado el pasado 12 de enero se han aprobado otras dos plazas más en la Oferta de Empleo Público 2023-2025, se cubrirá una plaza vacante con un agente en condición de movilidad y estamos trabajando para activar plazas de comisiones de servicio«.

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Detenido un hombre por agresión sexual a una joven en una discoteca de Mislata (Valencia)

Detenido un hombre por agresión sexual a una joven en una discoteca de Mislata (Valencia)

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 47 años y origen español como presunto autor de un delito de agresión sexual , tras al parecer realizar tocamientos a una joven en una discoteca de la localidad valenciana de Mislata .
Tal y como han averiguado los agentes, los hechos habrían ocurrido la madrugada del pasado día 22 de enero, cuando una mujer entablaba una conversación con un varón en un local de ocio de Mislata.
El hombre, en un momento dado, habría introducido la mano por debajo de la falda de la joven, llegando a tocarle sus partes erógenas.
La víctima puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que tras una investigación ha logrado identificar al sospechoso, quien ha sido detenido este sábado como presunto autor de un delito de agresión sexual.
El arrestado, sin antecedentes policiales, ha pasado ya a disposición judicial.

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