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El sector de la seguridad privada insta a un cambio radical y urgente de los procesos de contratación de servicios

El sector de la seguridad privada insta a un cambio radical y urgente de los procesos de contratación de servicios

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El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, compuesto por las organizaciones sindicales FeSMC-UGT y FTSP-USO, y las organizaciones empresariales Asecops y Aproser, todas ellas firmantes del Convenio Colectivo Sectorial Nacional, acogió muy favorablemente la nueva Ley 9/2017 de contratos del sector público (LCSP).

Tanto el respeto del Convenio Colectivo Sectorial, como la consideración del beneficio industrial, la primacía de la calidad sobre el precio, la intensificación del control de la ejecución contractual y la lógica exención de la responsabilidad de los nuevos adjudicatarios por las deudas salariales y de seguridad social de anteriores contratistas, eran y son elementos indispensables para la garantía de una contratación pública socialmente responsable de los servicios de seguridad privada.

Con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley, el Tribunal Supremo ha modificado su criterio en relación con el régimen de asunción de responsabilidades de los nuevos adjudicatarios al respecto de las obligaciones pendientes de las empresas que cesaban en la prestación de los servicios, dejando importantes deudas salariales a los trabajadores, sin ingresar las retenciones a la Hacienda Pública ni las cotizaciones a la Seguridad Social -incluso las detraídas con anterioridad en las nóminas de los trabajadores-.

Producto de ello, contratos muy relevantes han ido quedado repetidamente desiertos. Añadido a lo anterior, la reciente apertura de procedimientos de reclamación de las cuotas no abonadas por las empresas salientes, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, contra las empresas que han asumido plantillas y servicios de seguridad abandonados por sus anteriores responsables (en clara contradicción con lo establecido en el artículo 130.6 de la LCSP), incrementa de forma exponencial e inasumible el riesgo a que ninguna empresa de seguridad privada quiera o pueda asumir unas deudas que, además, le son completamente desconocidas en el periodo de licitación e, incluso, en los meses o años posteriores al inicio de la prestación.

La previsible proliferación de estas situaciones conducirá a que servicios en los que la seguridad privada es complementaria de la seguridad pública, queden sin cubrirse y que miles de trabajadores pierdan sus puestos de trabajo, ya de por sí fuertemente impactados por los ERTEs y reducciones de servicios derivados de la actual crisis económica.

Solo una equilibrada interpretación de la actual normativa y una inmediata modificación de esta puede evitar este riesgo que, finalmente, impactará también en la seguridad de los ciudadanos.

El contenido de los pliegos de condiciones de los servicios de seguridad privada tiene una importancia capital en la garantía de la excelencia en la prestación, que es lo que debería ser el objetivo prioritario de la contratación, en vez de la reducción sistemática de los presupuestos dedicados a la seguridad en cada proceso de licitación.

Es imperativo, además, avanzar desde la exigencia del mero cumplimiento de la Ley -de todas las normas que afectan a este grave problema-, hacia el respeto íntegro y observancia de los principios que el legislador pretendía garantizar con su promulgación.

Y ello debe plasmarse en los siguientes aspectos:

  • El respeto formal de la primacía de la calidad sobre el precio; la elaboración de los pliegos y la adjudicación posterior no puede fundamentarse en la inclusión preponderante de criterios puramente económicos; pongamos como ejemplo las “bolsas de horas gratuitas”, que son un claro fraude de ley. La valoración de servicios de seguridad privada requiere la incorporación de criterios cualitativos adecuados y que, además, garanticen una contratación socialmente responsable.
  • La adjudicación de los servicios en esta actividad, intensiva en gestión de personas, no puede ser la consecuencia de rondas de negociación consecutivas -en la que se insta a los ofertantes a competir entre ellos solo por precio-; esta práctica puede conducir a los adjudicatarios a la asunción de compromisos difícilmente compatibles con las exigencias no solo de los pliegos de condiciones técnicas, sino de la ley misma.

Sin que ello implique una modificación de las responsabilidades que la legislación de seguridad privada atribuye a los diversos actores (personal habilitado, empresa de seguridad y usuarios), estas prácticas derivan en exigencias muy difícilmente asumibles para las empresas de seguridad que deciden, quizá porque se ven abocadas a priorizar a cualquier coste el mantenimiento de su actividad, a no contemplar la rentabilidad necesaria para hacer frente puntualmente a sus obligaciones de pago, afectando a trabajadores, proveedores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública….y finalmente, por derivación de responsabilidades a otras empresas.

  • Es inaceptable que se permita que determinadas empresas, para competir en diferentes condiciones -y finalmente desaparecer-, apliquen o pretendan aplicar convenios de empresa, con inferiores condiciones económicas para sus profesionales, como única ventaja competitiva en sus ofertas para la licitación de servicios. Esto constituye una competencia desleal cuya gravedad aumenta en la grave situación sanitaria/económica que atraviesa el país.
  • Es necesario avanzar en el control de la ejecución del servicio una vez adjudicado, procediendo a la inmediata rescisión contractual de aquellos que se presten en condiciones inferiores a las pactadas y a las requeridas por la ley, que son generadoras de una acumulación de deudas, especialmente las contraídas con los trabajadores y con la Tesorería General de la SS.SS.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Observatorio Sectorial insta a que se garantice la preminencia y pervivencia de las empresas respetuosas con las obligaciones contractuales, laborales y tributarias, no penalizándolas indebidamente y evitando, en cualquier caso, que se incentiven -por inacción- las malas prácticas que ya se estaban erradicando por el propio sector a lo largo de los últimos años, para lo que se requiere:

  1. Una inmediata modificación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que establezca un régimen de responsabilidades equilibrado para los diferentes actores, por lo que a nosotros respecta, en los servicios de seguridad privada.
  2. Un refuerzo en el artículo 42, de esa misma norma, de la responsabilidad de la empresa principal en cuanto al aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social parte de los contratistas de servicios.
  3. La reforma de la Ley General de Seguridad Social, a efectos de la publicación del listado de morosos a la seguridad social, análoga a lo efectuado anualmente por parte de los organismos tributarios.
  4. El desarrollo reglamentario de los Certificados de la TGSS para que cumplan el objetivo para el que fueron pensados, esto es, ayudar a garantizar los derechos de terceros.
  5. La efectiva aplicación del Artículo 62.1 de la LCSP con el nombramiento obligatorio de un responsable del contrato, en la propia firma del contrato de servicios, con funciones definidas y un sistema eficiente de control del cumplimiento de todas las obligaciones de la adjudicataria derivadas del contrato, extendiendo, mediante una modificación normativa de la LCSP, las fiscales y laborales, con la determinación de la responsabilidad ‘in vigilando’ de la Administración, en su caso.

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Noche larga en Alcorcón: un muerto por un disparo y dos apuñalados

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Una noche de fiesta en Alcorcón ha terminado de la forma más trágica posible: una reyerta múltiple a las puertas de una discoteca , dos apuñalados y un muerto tras recibir un disparo en la sien. La Policía Nacional investiga ahora la relación entre los tres agredidos y si los ataques –que podrían ser enfrentamientos entre bandas latinas– están vinculados. Los hechos se desataron a las a las 5.30 horas de la madrugada de este domingo en el exterior de un pub del centro de la localidad. Treinta minutos antes del cierre del club nocturno , en la puerta se inició una pelea en la que, aproximadamente, participaron una veintena de personas. La reyerta terminó con dos personas apuñaladas: un joven, de nacionalidad española y 26 años, con herida por arma blanca en el abdomen ; y otro, nacido en República Dominicana y de 21, con una herida incisa en el hombro. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112, que estabilizaron al primero de los heridos y lo trasladaron al hospital del municipio en una UVI Móvil. El segundo de los afectados huyó del lugar hasta su domicilio, según informan fuentes consultadas por este diario, y se personó directamente en el centro sanitario instantes después para que le sanasen la herida que no revestía gravedad. Este joven, de 21 años, ha sido detenido por la Policía Nacional , ya que tras recibir el alta y ser trasladado a dependencias policiales confesó su participación en la pelea, informan fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Media hora después de la reyerta, a solo 800 metros, se recibió un segundo aviso. Un vecino de la avenida Torres Bellas llamó al 091 para alertar de que había escuchado varias detonaciones . Agentes de la Policía y Emergencias 112 Comunidad de Madrid se desplazaron hasta el lugar del aviso, donde hallaron sin vida a un hombre , de 19 años y nacionalidad venezolana, con una herida de bala en la cabeza. Los presuntos autores del crimen efectuaron un mínimo de cinco disparos y al menos uno de ellos impactó en la víctima, que quedó tendida en el suelo sin posibilidad de reanimación. Otros dos fueron a parar al baño portátil de una obra que se está llevando a cabo en el edificio contiguo al lugar del tiroteo. Testigos del suceso manifestaron a los agentes que vieron a los asesinos huir a la carrera en dos coches . Noticia Relacionada estandar No Muere un joven de 19 años tras recibir un tiro en la cabeza en Alcorcón EP Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid han explicado que acudieron a la zona tras ser alertado por «varias detonaciones por arma de fuego» Efectivos de la Policía Científica y el Grupo V de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, que se ha hecho cargo de la investigación, se personaron en la avenida con el objetivo de recabar pruebas y aclarar lo ocurrido. Todas las hipótesis están abiertas, aunque no se descarta que sea un nuevo ataque entre bandas latinas –posiblemente, Lating Kings contra Dominican Don’t Play, se analiza la posible relación entre las agresiones.

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Acuchilla a su mujer en la cara y en el cuello

Acuchilla a su mujer en la cara y en el cuello

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Nuevo caso de violencia de género en la Comunidad Valenciana. La Policía Nacional de Castellón ha detenido a un hombre de 54 años por agredir a su mujer con un cuchillo y causarle heridas graves en la cara y el cuello . La agresión ha tenido lugar este sábado por la mañana en una vivienda del Grao de Castellón , según han informado fuentes de la Policía Nacional. La víctima permanece hospitalizada.



La agredida tiene diversas heridas de consideración en la cara y el cuello, pero no se teme por su vida. La agresión machista habría tenido lugar en la casa de la pareja, ubicada en un edificio de la calle Canalejas del Grao de Castellón.

El hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y, según las mismas fuentes, pasará a disposición «casi con seguridad» este lunes.

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700 kilos de hachís intervenidos en un peaje de la autopista AP-7 transportados con el método Go Fast

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Agentes de la Policía Nacional han intervenido 700 kilos de hachís en un peaje de la autopista AP-7 cuando eran transportados mediante el método Go Fast, es decir, utilizando la furgoneta para transportar el estupefaciente y el turismo lanzadera para abrir camino, circulando a gran velocidad y sin detenerse hasta su llegada al destino final.

Según han informado este domingo los uniformados en un comunicado, los dos conductores de los vehículos, que transportaban la droga desde Sanlúcar de Barrameda a Francia, han sido detenidos en la provincia de Málaga. Los agentes han intervenido dos vehículos de alquiler; una furgoneta que contenía la sustancia estupefaciente y un turismo que actuaba como lanzadera así como 1.290 euros.

Las pesquisas se iniciaron a principios del mes de septiembre cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal francesa que, presuntamente, estaba preparando el envío de una importante partida de estupefaciente desde Cádiz a Francia. Tras varias gestiones, los investigadores identificaron a dos ciudadanos franceses –que habían llegado al municipio malagueño de Torremolinos a finales de agosto– presuntamente conectados con otras personas vinculadas a organizaciones dedicadas al tráfico de hachís.

ENTREGA DE DROGA EN CADIZ

Los agentes detectaron cómo los investigados se desplazaron a la provincia de Cádiz en una furgoneta y en un turismo de alquiler, entregando la furgoneta en Jerez a terceras personas. Estas se dirigieron a una zona de diseminados de Sanlúcar de Barrameda para, posteriormente, devolvérsela a los detenidos que iniciaron la marcha en dirección a Málaga en los dos vehículos.

El hecho de que el turismo circulara varios kilómetros por delante de la furgoneta evidenció que se había producido la entrega de droga y que el transporte se realizaría mediante el método Go Fast.

HACHIS REPARTIDOS EN 21 FARDOS

Finalmente, con el objetivo de inspeccionar la furgoneta, los agentes establecieron un dispositivo policial en el peaje de la AP-7, a la altura de Manilva. El conductor, al detectar la presencia policial, intentó saltarse el control accediendo a un carril del peaje que se encontraba inhabilitado, si bien fue interceptado por otros policías que se encontraban prestando apoyo. Al mismo tiempo, otros agentes detuvieron al vehículo lanzadera a la altura de San Pedro Alcántara.

Tras inspeccionar ambos vehículos, los investigadores localizaron 21 fardos de hachís en el interior de la furgoneta, que arrojaron un peso aproximado de 700 kilos, motivo por el que los conductores fueron detenidos.

Las autoridades francesas comunicaron a la Policía Nacional que los arrestados contaban con múltiples antecedentes por robos, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas, entre otros. Por otra parte, la investigación continúa abierta con el fin de identificar a otras posibles personas relacionadas con los hechos.

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