La primera persona que alguien ve cuando acude a un hospital seguramente sea un o una vigilante de seguridad privada. Y lo mismo sucede en un juzgado, en la sede de una entidad pública, en el metro, en el mercado, en un concierto… Profesionales que se sitúan en primera línea y que suelen pasar desapercibidos. De hecho, esto es síntoma de un trabajo bien hecho, ya que lo que busca un agente es que su presencia sea efectiva y, a la vez, no intrusiva, sutil. Sin embargo, de vez en cuando es necesario poner el foco en estas figuras que, actualmente, tienen que defender un sector que ve el futuro y sus condiciones con cada vez más incertidumbre.

De hecho, sindicatos, patronal y empresas de seguridad privada, se ponen de acuerdo a la hora de definir la situación en Catalunya. “Tenemos un grave problema con las contrataciones públicas, porque muchas se basan solamente en el precio más bajo y no en la calidad. Esto acaba repercutiendo en el servicio y también en el trabajador, ya que algunas empresas se lanzan a hacer ofertas a la baja que solo se pueden sostener con recortes, incumpliendo el convenio colectivo o sin estar al día con la Seguridad Social”, resume Anna Aisa, gerente de la Associació Catalana d’Empreses de Seguretat, que también denuncia el intrusismo institucional que se suele dar con figuras como las de los agentes cívicos municipales.

LAS CONSECUENCIAS LABORALES DEL MODELO ACTUAL

Debido a este modelo de contratación pública, que prepondera el precio más bajo, por encima de los aspectos cualitativos y de innovación de las ofertas, las compañías de seguridad privada que quieren prestar los servicios con el máximo nivel de rigor, favorecer mejoras en las condiciones laborales de sus plantillas e implementar mejoras en favor de la ciudadanía, no pueden ni siquiera plantearse la participación a según qué concursos públicos porque su configuración y dotación presupuestaria los hace directamente insostenibles. Como consecuencia de ello, solo aquellas empresas dispuestas a incurrir en malas prácticas durante la ejecución de estos servicios, concurren a estos procedimientos y son sus agentes de seguridad quienes tienen que asumir los costes de la falsa viabilidad del precio de sus ofertas, soportando condiciones inadecuadas si quieren mantener su trabajo, como excesos de jornada, recortes en las pagas extras y falta de formación.

“El sector público tendría que dar ejemplo, pero es todo lo contrario, porque bajan el precio al máximo, tardan más en pagar, adjudican a empresas ‘piratas’… Los concursos deberían ser transparentes y cumplir con unos mínimos, porque al final somos los vigilantes los que sufrimos las malas condiciones y una falta absoluta de estabilidad laboral”, detalla Salvador Sánchez, secretario del Sindicato Profesional de Seguridad Privada.

Otra queja del sector es el desconocimiento de la ley de seguridad privada por parte de los encargados de la administración de llevar a cabo las contrataciones, lo que da pie a confusiones e intrusismo. “A causa de esta falta de conocimiento y de un diseño de las licitaciones que premia a los precios más bajos –insuficientes parar cubrir los costes–, muchas administraciones acaban contratando auxiliares para llevar a cabo tareas de vigilantes de seguridad, y esto es ilegal”, asegura Sergio Sánchez, asesor de ADN Sindical. Por eso, explica que desde este sindicato impugnan constantemente licitaciones públicas porque incumplen la normativa. “Lamentablemente, es el pan de cada día, y nos solemos encontrar a personas sin formación haciendo tareas que solo corresponden al vigilante de seguridad”, añade. Por ejemplo, retener a una persona que supuestamente ha realizado un acto delictivo, a la espera de la llegada de la policía.

En este sentido, ahora se da un caso curioso. Con la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el sueldo de un auxiliar y un vigilante de seguridad se han aproximado mucho, por lo que a las empresas ‘piratas’ ya no les sale tan a cuenta hacer esta ‘trampa’. Eso sí, el vigilante de seguridad no ha visto en ningún caso como se le subía el sueldo. “Hemos perdido un 20% de poder adquisitivo en la última década, y eso que nuestras responsabilidades son muy superiores a los de un auxiliar”, denuncia Antonio Maraña, secretario del Sindicat de Treballadors de Seguretat (STS). Además, señala que para que a las empresas les salga a cuenta las adjudicaciones a tan bajo precio deben eliminar pluses, incumplir convenios o rebajar la calidad del material y los uniformes. “La única solución es que nos unamos todos para reclamar un convenio digno”, concluye.

LA SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS

Este contexto va en contra de aquellas empresas de seguridad privada que actúan según marca la ley y persiguen ofrecer a sus trabajadores unas mejores condiciones. En el caso de Clece Seguridad, su gerente, Albert Abril remarca que es necesario cambiar el modelo de contratación pública “para que no se convierta en una subasta que favorezca las estrategias de precio más agresivas por parte de empresas que no tienen estructura, que incurren en malas prácticas, no son transparentes y que acaban quebradas”. Esto, aclara, no sucede en todos los casos, ya que administraciones como la Generalitat sí que priorizan la calidad -ejemplo de ello son todas las contrataciones realizadas con su Acuerdo Marco-, pero no suele ser el caso de la mayoría de administraciones, especialmente aquellas de ámbito local.