La primera persona que alguien ve cuando acude a un hospital seguramente sea un o una vigilante de seguridad privada. Y lo mismo sucede en un juzgado, en la sede de una entidad pública, en el metro, en el mercado, en un concierto… Profesionales que se sitúan en primera línea y que suelen pasar desapercibidos. De hecho, esto es síntoma de un trabajo bien hecho, ya que lo que busca un agente es que su presencia sea efectiva y, a la vez, no intrusiva, sutil. Sin embargo, de vez en cuando es necesario poner el foco en estas figuras que, actualmente, tienen que defender un sector que ve el futuro y sus condiciones con cada vez más incertidumbre.
De hecho, sindicatos, patronal y empresas de seguridad privada, se ponen de acuerdo a la hora de definir la situación en Catalunya. “Tenemos un grave problema con las contrataciones públicas, porque muchas se basan solamente en el precio más bajo y no en la calidad. Esto acaba repercutiendo en el servicio y también en el trabajador, ya que algunas empresas se lanzan a hacer ofertas a la baja que solo se pueden sostener con recortes, incumpliendo el convenio colectivo o sin estar al día con la Seguridad Social”, resume Anna Aisa, gerente de la Associació Catalana d’Empreses de Seguretat, que también denuncia el intrusismo institucional que se suele dar con figuras como las de los agentes cívicos municipales.
LAS CONSECUENCIAS LABORALES DEL MODELO ACTUAL
Debido a este modelo de contratación pública, que prepondera el precio más bajo, por encima de los aspectos cualitativos y de innovación de las ofertas, las compañías de seguridad privada que quieren prestar los servicios con el máximo nivel de rigor, favorecer mejoras en las condiciones laborales de sus plantillas e implementar mejoras en favor de la ciudadanía, no pueden ni siquiera plantearse la participación a según qué concursos públicos porque su configuración y dotación presupuestaria los hace directamente insostenibles. Como consecuencia de ello, solo aquellas empresas dispuestas a incurrir en malas prácticas durante la ejecución de estos servicios, concurren a estos procedimientos y son sus agentes de seguridad quienes tienen que asumir los costes de la falsa viabilidad del precio de sus ofertas, soportando condiciones inadecuadas si quieren mantener su trabajo, como excesos de jornada, recortes en las pagas extras y falta de formación.
“El sector público tendría que dar ejemplo, pero es todo lo contrario, porque bajan el precio al máximo, tardan más en pagar, adjudican a empresas ‘piratas’… Los concursos deberían ser transparentes y cumplir con unos mínimos, porque al final somos los vigilantes los que sufrimos las malas condiciones y una falta absoluta de estabilidad laboral”, detalla Salvador Sánchez, secretario del Sindicato Profesional de Seguridad Privada.
Otra queja del sector es el desconocimiento de la ley de seguridad privada por parte de los encargados de la administración de llevar a cabo las contrataciones, lo que da pie a confusiones e intrusismo. “A causa de esta falta de conocimiento y de un diseño de las licitaciones que premia a los precios más bajos –insuficientes parar cubrir los costes–, muchas administraciones acaban contratando auxiliares para llevar a cabo tareas de vigilantes de seguridad, y esto es ilegal”, asegura Sergio Sánchez, asesor de ADN Sindical. Por eso, explica que desde este sindicato impugnan constantemente licitaciones públicas porque incumplen la normativa. “Lamentablemente, es el pan de cada día, y nos solemos encontrar a personas sin formación haciendo tareas que solo corresponden al vigilante de seguridad”, añade. Por ejemplo, retener a una persona que supuestamente ha realizado un acto delictivo, a la espera de la llegada de la policía.
En este sentido, ahora se da un caso curioso. Con la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el sueldo de un auxiliar y un vigilante de seguridad se han aproximado mucho, por lo que a las empresas ‘piratas’ ya no les sale tan a cuenta hacer esta ‘trampa’. Eso sí, el vigilante de seguridad no ha visto en ningún caso como se le subía el sueldo. “Hemos perdido un 20% de poder adquisitivo en la última década, y eso que nuestras responsabilidades son muy superiores a los de un auxiliar”, denuncia Antonio Maraña, secretario del Sindicat de Treballadors de Seguretat (STS). Además, señala que para que a las empresas les salga a cuenta las adjudicaciones a tan bajo precio deben eliminar pluses, incumplir convenios o rebajar la calidad del material y los uniformes. “La única solución es que nos unamos todos para reclamar un convenio digno”, concluye.
LA SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS
Este contexto va en contra de aquellas empresas de seguridad privada que actúan según marca la ley y persiguen ofrecer a sus trabajadores unas mejores condiciones. En el caso de Clece Seguridad, su gerente, Albert Abril remarca que es necesario cambiar el modelo de contratación pública “para que no se convierta en una subasta que favorezca las estrategias de precio más agresivas por parte de empresas que no tienen estructura, que incurren en malas prácticas, no son transparentes y que acaban quebradas”. Esto, aclara, no sucede en todos los casos, ya que administraciones como la Generalitat sí que priorizan la calidad -ejemplo de ello son todas las contrataciones realizadas con su Acuerdo Marco-, pero no suele ser el caso de la mayoría de administraciones, especialmente aquellas de ámbito local.
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a una pareja en el distrito de Tetuán por presunto maltrato y abandono de sus cuatro hijos. La alerta llegó después de que uno de los niños, de ocho años, confesara a su tutora que sufría abusos y que quería acabar con su vida.
Los agentes acudieron al colegio y encontraron al menor en una situación de gran ansiedad y nerviosismo.
Después de lograr tranquilizarlo, el niño confirmó que tanto él como uno de sus hermanos eran víctimas regulares de maltratos por parte de su madre y su padrastro.
Además, los agentes descubrieron que los niños a menudo se quedaban sin desayuno ni cena, lo que sugiere una situación de abandono.
Los cuatro niños han sido trasladados a un centro de menores mientras que la pareja ha sido detenida por maltrato continuado, que se cree que se ha estado produciendo durante al menos tres años.
La Policía Nacional ha capturado en Madrid a un prófugo español acusado de una triple violación a una mujer en la capital en 2011, por la cual había sido condenado a 24 años de prisión. El arrestado contaba con una amplia red de contactos familiares que le ayudaron a esconderse en el edificio de El Ruedo, en el barrio de Moratalaz. La investigación, que duró varios meses, formó parte de la Operación Violeta, que se enfoca en encontrar a los fugitivos buscados por delitos sexuales graves en España.
Los hechos por los que el fugitivo fue buscado ocurrieron en Madrid en 2011, cuando él y otros dos individuos violaron a una mujer repetidamente mientras la sujetaban por los brazos y las piernas. La víctima se encontró con los agresores en un bar de copas de Madrid y después la llevaron a la fuerza a otro lugar de la capital, donde la violaron. El prófugo fue condenado en 2016, pero se encontraba prófugo desde entonces.
La investigación para capturar al prófugo comenzó a principios de 2022, pero se prolongó debido a su constante cambio de domicilio y a la extensa red de contactos familiares que le ayudaban a esconderse. El prófugo aprovechaba el hecho de que la vivienda de su mujer y la de otros familiares estaban cerca y cambiaba de domicilio constantemente dentro de la misma zona. Cuando salía al exterior, lo hacía de forma fugaz y se cubría la cara para evitar ser reconocido.
Finalmente, los agentes lograron determinar que el prófugo se encontraba en uno de los domicilios investigados y fue arrestado a mediados de marzo. La Dirección General de la Policía ha destacado la importancia de la Operación Violeta y la colaboración ciudadana en la captura de fugitivos peligrosos y ha reiterado su compromiso de garantizar la seguridad y protección de las víctimas de delitos sexuales.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación «Dux», en la que se han detenido a tres personas y se investiga a otras dos por su presunta implicación en tráfico de armas y sus municiones. En total, se han registrado ocho domicilios en diferentes provincias de España, donde se han intervenido 242 armas de fuego, 20.685 cartuchos metálicos de diferentes calibres, pólvora para la fabricación ilegal de municiones y silenciadores, entre otros efectos.
Entre los detenidos, destaca el arresto de una persona en Barcelona que poseía 196 armas de fuego plenamente funcionales, incluyendo 21 armas de guerra, como ametralladoras, fusiles de asalto y subfusiles, así como 130 armas cortas, más de 15.000 cartuchos de diferentes calibres y abundantes piezas y componentes esenciales para la manipulación de armas de fuego.
La persona detenida tenía un taller clandestino equipado con maquinaria industrial de precisión que utilizaba para la fabricación de piezas y cañones con los que manipular las armas de fuego que poseía ilegalmente.
Los detenidos se enfrentan a numerosos cargos, incluyendo tráfico de armas, depósito de armas, depósito de armas de guerra, depósito de municiones, depósito de explosivos y tenencia ilícita de armas prohibidas.
La operación «Dux» ha sido un éxito gracias al trabajo conjunto de la Guardia Civil en diferentes provincias de España. La incautación de un gran número de armas y municiones, así como la detención de los presuntos implicados, ayudará a prevenir la actividad delictiva en el país y a garantizar la seguridad ciudadana.