El Código de Conducta de la Guardia Civil, puede convertirse en el último jaque del Gobierno destinado al intento de control de la Benemérita y de sus asociaciones profesionales: Marlaska las quiere calladas, sin crítica y alejadas de cualquier “discurso político”. Así llama el Gobierno de Sánchez, por lo visto, a que los agentes se defiendan de la discriminación, falta de material, exceso de turnos o de una ley de Seguridad que les reduce la presunción de veracidad en sus actuaciones.

Las asociaciones de la Guardia Civil no dan crédito al texto, auspiciado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que, bajo el nombre de Código de Conducta, pretende limitar la actuación de sus agrupaciones profesionales. La más significativa es Jucil, que ha encargado ya un informe jurídico para intentar tumbar lo que considera un ataque a la “libertad asociativa y de expresión” de los agentes.

Lo cierto es que el texto de ese Código de Conducta deja en manos de una arbitrariedad política la limitación de las acciones de las asociaciones de los guardias. Porque bastará con encontrar una similitud entre lo que pide, por ejemplo Jucil, para imponerle automáticamente el silencio. Y eso se podría aplicar a la petición de equiparación salarial con la policía catalana o a la reclamación de chalecos antibalas, sólo por poner dos ejemplos. Y es que esas reivindicaciones ya han sitio retomadas por partidos políticos.

El Código de Conducta de la Guardia Civil señala las siguientes obligaciones de los agentes y sus asociaciones. Por ejemplo, el artículo 13, destaca la “neutralidad ideológica y política”. Y ahí, exige ser “plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo neutralidad en esta materia, alejados del discurso político y del debate partidista”.

Es decir, que en el momento en el que un discurso político incorpore una de sus reclamaciones, deben abandonarla. El artículo 14, en materia de “jerarquía”, deja clara además la fuerza de las exigencias. “Desempeñarán sus cometidos con estricto respeto al orden jerárquico establecido en la Guardia Civil, que define la situación relativa entre sus componentes en todo lo concerniente a mando, subordinación y responsabilidad”. Es decir, que una orden de los mandos de abandono de lo que el Gobierno califique como “discurso político” debe ser ejecutada de forma inmediata.

Pluralidad cultural

El artículo 17, “respeto y consideración a la pluralidad cultural de España” remarca estas exigencias: “Respetarán la pluralidad cultural de la sociedad y las singularidades de cada uno de los territorios que conforman España”. Esas singularidades, sin embargo, no aparecen definidas en ningún precepto legal. ¿Serán las que determinen los socios del Gobierno por pura presión al presidente y sin cotejo del Parlamento?

El Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite el recurso de la Asociación Profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, Jucil, contra este Real Decreto promovido desde el Ministerio del Interior que “trata de imponer la actuación que debe de regir “en todo momento” para los miembros del Cuerpo”, señala la asociación de guardias. Jucil, de hecho, considera que “este Código contradice también otras normas de rango superior, como la Ley Orgánica que regula los derechos y deberes de los guardias civiles y su aplicación dificultaría la actividad asociativa para los integrantes de esta institución”.

Jucil añade que el Código de Conducta del Personal de la Guardia Civil que quiere imponer Marlaska “supone una invasión en la intimidad de los miembros de la Guardia Civil, ya que señala obligaciones que, de aplicarse, afectarían a la vida personal de los guardias civiles. El contenido de esta normativa puede afectar a la actividad de las asociaciones profesionales que como Jucil trabajan en favor de los derechos laborales y sociales de los guardias civiles, lo que supondría una contradicción con las leyes orgánicas que determinan los derechos y las obligaciones de los integrantes de la Guardia Civil”, explica el secretario de comunicación de la asociación, Agustín Leal.

El recurso de Jucil, de hecho, señala como inconstitucionales algunos contenidos del Real Decreto, ya que “no es solamente un conjunto de principios que deben regir el comportamiento ético de los miembros de la Guardia Civil, como dice en su preámbulo, sino que se podrá convertir en un instrumento para valorar e interpretar determinadas conductas de cara a la aplicación de las sanciones que están en el catálogo del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil”.