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Empresas de Seguridad Privada

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Desarrollo de actividades de una Empresa de Seguridad Privada

1. Las empresas de seguridad privada únicamente podrán prestar servicios sobre las actividades previstas en el artículo 5.1, excepto la contemplada en el párrafo h) del mismo.

2. Además de estas actividades, las empresas de seguridad privada podrán realizar las actividades compatibles a las que se refiere el artículo 6 y dedicarse a la formación, actualización y especialización del personal de seguridad privada, perteneciente o no a sus plantillas, en cuyo caso deberán crear centros de formación, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.4 y a lo que reglamentariamente se determine.

3. Las empresas de seguridad privada podrán revestir forma societaria o de empresario individual, debiendo cumplir, en ambos casos, la totalidad de condiciones y requisitos previstos en este capítulo para las empresas de seguridad privada.

Autorización administrativa para una empresa de Seguridad Privada

1. Para la prestación de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán obtener autorización administrativa y serán inscritas de oficio en el registro correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.

2. La autorización administrativa se suplirá por una declaración responsable cuando pretendan dedicarse exclusivamente a la actividad de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1.f).

3. La validez de la autorización o de la declaración responsable será indefinida.

Requisitos generales de una empresa de Seguridad Privada

1. Para la autorización o, en su caso, presentación de declaración responsable, la posterior inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico y el desarrollo de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro mercantil o en el registro público correspondiente y tener por objeto exclusivo todas o alguna de las actividades a las que se refiere el artículo 5.1, excepto la del párrafo h). No obstante, en dicho objeto podrán incluir las actividades que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las actividades de seguridad autorizadas, así como las compatibles contempladas en el artículo 6.

b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

c) Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos adecuados que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, se determinen reglamentariamente, en función de la naturaleza de las actividades para las que soliciten la autorización o se presente la declaración responsable, y de las características de los servicios que se prestan en relación con tales actividades. En particular, cuando se presten servicios para los que se precise el uso de armas, habrán de adoptarse las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilización y funcionamiento. Igualmente, los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad privada y los operadores de seguridad, deberán disponer de la correspondiente acreditación expedida por el Ministerio del Interior, que se limitará a comprobar la honorabilidad del solicitante y la carencia de antecedentes penales, en los términos que reglamentariamente se establezca.

d) Disponer de las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.

e) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.

f) Constituir el aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas, para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de la empresa.

g) No haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, salvo que hubiesen cancelado sus antecedentes penales. En el caso de las personas jurídicas, este requisito será aplicable a los administradores de hecho o de derecho y representantes, que, vigente su cargo o representación, no podrán estar incursos en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas.

h) No haber sido condenadas mediante sentencia firme por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud. En el caso de las personas jurídicas, este requisito será aplicable a los administradores de hecho o de derecho y representantes, que, vigente su cargo o representación, no podrán estar incursos en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas.

2. Además del cumplimiento de los requisitos generales, a las empresas de seguridad privada que tengan por objeto alguna de las actividades contempladas en el artículo 5.1.b), c), d), e) y g), se les podrá exigir reglamentariamente el cumplimiento de requisitos y garantías adicionales adecuados a la singularidad de los servicios relacionados con dichas actividades.

3. Igualmente, en relación con las actividades contempladas en el artículo 5.1.a), f) y g), podrán ampliarse los requisitos referentes a medios personales y materiales, conforme se disponga reglamentariamente, para poder prestar servicios de seguridad privada en infraestructuras críticas o en servicios esenciales, así como en los servicios descritos en el artículo 40.1 y en artículo 41.2 y 3.

4. Para la contratación de servicios de seguridad privada en los sectores estratégicos definidos en la legislación de protección de infraestructuras críticas, las empresas de seguridad privada deberán contar, con carácter previo a su prestación, con una certificación emitida por una entidad de certificación acreditada que garantice, como mínimo, el cumplimiento de la normativa administrativa, laboral, de Seguridad Social y tributaria que les sea de aplicación.

5. A los efectos previstos en el apartado 1.e) y f), de este artículo se tendrán en cuenta los requisitos ya exigidos en el Estado miembro de la Unión Europea o parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de origen en lo referente a la suscripción del contrato de seguro de responsabilidad civil u otras garantías financieras, así como a la constitución de avales o seguros de caución.

6. Las empresas de seguridad privada no españolas, autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior o, cuando tengan su domicilio en una comunidad autónoma con competencias en materia de seguridad privada y su ámbito de actuación limitado a dicho territorio, en el registro autonómico correspondiente, a cuyo efecto deberán acreditar su condición de empresas de seguridad privada y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, en la forma que se determine reglamentariamente.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, a las empresas de seguridad privada que tengan por objeto exclusivo la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales receptoras de alarma se las podrá eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos incluidos en este artículo, excepto los contemplados en los párrafos e) y f) del apartado 1, cuando así se determine reglamentariamente.

8. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos establecidos en este artículo dará lugar a la extinción de la autorización o al cierre de la empresa, en el caso de presentación de declaración responsable, y, en ambos casos, a la cancelación de oficio de la inscripción de la empresa de seguridad en el registro correspondiente.

Inscripción registral de una empresa de seguridad privada

1. Toda empresa de seguridad privada autorizada o que, en su caso, haya presentado la correspondiente declaración responsable será inscrita de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico.

2. No podrá inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico ninguna empresa cuya denominación coincida, o pueda inducir a error o confusión, con la de otra ya inscrita o con la de órganos o dependencias de las administraciones públicas, o cuando coincida o pueda inducir a confusión con una marca anterior registrada para actividades idénticas o semejantes, salvo que se solicite por el titular de la misma o con su consentimiento.

Obligaciones generales de las empresas de Seguridad Privada

1. Las empresas de seguridad privada deberán cumplir las siguientes obligaciones generales:

a) Desarrollar las actividades de seguridad privada en los términos de esta ley y en las condiciones establecidas en la autorización que les haya sido concedida o en la declaración responsable que hayan presentado.

b) Contar con la infraestructura y logística acorde con las exigencias establecidas en esta ley y en su desarrollo reglamentario.

c) Comunicar al Registro Nacional o autonómico correspondiente todo cambio que se produzca en cuanto a su forma jurídica, denominación, número de identificación fiscal, domicilio, delegaciones, ámbito territorial de actuación, representantes legales, estatutos, titularidad de las acciones y participaciones sociales, y toda variación que sobrevenga en la composición de los órganos de administración, gestión, representación y dirección de las empresas.

Las empresas de seguridad deben comunicar al Registro Nacional o autonómico del lugar donde presten servicios las altas y bajas del personal de seguridad privada de que dispongan y las incidencias concretas relacionadas con los servicios que prestan.

d) Garantizar la formación y actualización profesional del personal de seguridad privada del que dispongan y del personal de la empresa que requiera formación en materia de seguridad privada. El mantenimiento de la aptitud en el uso de las armas de fuego se hará con la participación de instructores de tiro habilitados.

e) Presentar cada año al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente un informe sobre sus actividades y el resumen de las cuentas anuales, debidamente auditadas cuando sea preceptivo, con la información y datos que reglamentariamente se determinen. En ningún caso dicha memoria contendrá datos de carácter personal. El Ministerio del Interior y los órganos autonómicos competentes darán cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales y a los Parlamentos autonómicos correspondientes respectivamente, anualmente.

2. Asimismo, las empresas de seguridad privada vendrán obligadas a prestar especial auxilio y colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo facilitar a éstas la información que se les requiera en relación con las competencias atribuidas a las mismas.

Representantes legales en Empresas de Seguridad Privada

1. A los efectos de esta ley, se entenderá por representante legal de las empresas de seguridad privada todo aquel que asuma o realice las tareas de dirección, administración, gestión y representación, o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.

2. Los representantes de las empresas de seguridad privada, que se inscribirán en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico, deberán:

a) Ser personas físicas residentes en el territorio de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

b) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

c) No haber sido sancionados en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.

d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control de las entidades o servicios de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.

e) No haber sido administrador de hecho o de derecho o apoderado general, en los diez años anteriores, en una empresa que haya sido declarada en concurso calificado como culpable, o condenada mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales.

3. Los representantes legales de las empresas de seguridad privada serán responsables del cumplimiento de las obligaciones generales impuestas a las mismas por el artículo anterior.

Consideración de sector específico en empresas de Seguridad Privada

1. Las empresas de seguridad privada tienen la consideración de sector económico con regulación específica en materia de derecho de establecimiento.

2. Cuando el Consejo de Ministros, con arreglo a lo dispuesto en la normativa sobre inversiones extranjeras, suspenda el régimen de liberalización de los movimientos de capital, la autorización previa de inversiones de capital extranjero en empresas de seguridad privada exigirá, en todo caso, informe previo del Ministerio del Interior.

3. Las empresas de seguridad privada en las que se hubieran realizado inversiones de capital extranjero estarán obligadas a comunicar al Ministerio del Interior todo cambio que se produzca en las mismas, en relación con lo establecido en el artículo 21.1.c).

4. Las limitaciones establecidas en los dos apartados precedentes no son de aplicación a las personas físicas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea ni a las empresas constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión Europea.

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Dos detenidos por estafar 146 millones de euros a más de 4.000 alemanes con una cooperativa en Baleares

Dos detenidos por estafar 146 millones de euros a más de 4.000 alemanes con una cooperativa en Baleares

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Dos personas han sido detenidas por un presunto fraude de 146 millones de euros por medio de una cooperativa de consumidores, que podría afectar a alrededor de 4.200 ciudadanos alemanes, en una operación dirigida por la Fiscalía de Cooperación Judicial Internacional de Baleares, a requerimiento de la fiscalía de Stade (Alemania).

Las detenciones se han producido en el marco de una operación denominada ‘Kruger’, llevada a cabo por la Guardia Civil, la Polizei Alemana (BKA y ZKI), y Proyecto @ON (financiado por la Unión Europea, liderado por la Direzione Investigativa Antimafia italiana), ha informado el instituto armado en un comunicado.

El principal responsable del fraude fue detenido en Alemania donde se realizaron 19 registros, a la vez que se llevaban a cabo seis más en la localidad mallorquina de Capdepera, y uno en Polonia.

En los domicilios y oficinas inspeccionados en Mallorca, los agentes incautaron numerosa documentación relacionada con el fraude investigado. Asimismo, en un domicilio intervinieron un arma corta, dispositivos digitales de almacenamiento, joyas y relojes de gran valor económico.

La Guardia Civil investiga una nueva modalidad de estafa a través del alquiler de viviendas

La operación se inició en virtud de una orden europea de investigación por los supuestos delitos de malversación, fraude en inversiones y blanqueo de capitales sobre una cooperativa de consumidores que ofrecía a sus miembros un tipo de interés lucrativo por las acciones adquiridas a dicha cooperativa.

El detenido había creado una cooperativa cuyo objetivo era conceder a sus miembros un tipo de interés lucrativo. Esta cooperativa ofrecía a sus miembros ventajas en su vida diaria a través de la cooperación con socios comerciales, como eran descuentos o créditos para las compras en negocios, tiendas de internet o en propiedades vacacionales.

Con el paso del tiempo, el detenido transfirió el dinero pagado por los miembros de la cooperativa, realizando pagos, préstamos y transferencias cuantiosas de dinero a otras empresas de dudosa liquidez en Alemania y a un entramado de empresas españolas vinculadas al acusado y a sus socios.

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Detenida la pareja del colombiano que mató a un discapacitado en Alzira por una plaza de aparcamiento

Detenida la pareja del colombiano que mató a un discapacitado en Alzira por una plaza de aparcamiento

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La Policía Nacional ha detenido a la pareja del hombre colombiano que el martes mató a un discapacitado en una discusión por una plaza de aparcamiento en Alzira. La mujer, ecuatoriana de 26 años, ha sido detenida en la tarde de este jueves por su implicación en el homicidio del hombre de 62 años.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas en la localidad de Alzira, y según han informado fuentes policiales, la discusión se «inició debido a una plaza de aparcamiento para personas con discapacidad que el agresor estaba ocupando».

El detenido, un hombre de nacionalidad colombiana de 37 años, golpeó a la víctima, un hombre de 62 años, tras cederle el aparcamiento. Tras el fuerte puñetazo, el hombre cayó al suelo y tuvo que ser trasladado al hospital de urgencia en estado crítico. Unas horas más tarde, después de evaluarle, se le diagnosticó la muerte cerebral. Finalmente, se ha notificado su fallecimiento.

Varios testigos han asegurado a las autoridades que el hombre «quedó tendido en el suelo debido al golpe y permanecía quieto y sangrando por la cabeza de manera abundante». Esto ha sido lo que le ha provocado daños irreversibles. Al agresor se le imputa un delito de «tentativa de homicidio», según apuntan las mismas fuentes policiales. Esta calificación cambiará ahora, ya que el hombre ha terminado falleciendo.

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Detenido un joven con un machete de grandes dimensiones antes de una reyerta en Tetuán

Detenido un joven con un machete de grandes dimensiones antes de una reyerta en Tetuán

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La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un joven de 24 años cuando portaba un machete de grandes dimensiones en los momentos previos a que supuestamente intentase provocar una reyerta junto a otras siete personas que también tenían diversas armas blancas.

Ocurrió sobre las nueve y media de la noche del pasado 19 de febrero, cuando agentes de paisano observaron a un grupo de jóvenes con actitud nerviosa a la altura del número 358 del Paseo de la Dirección, ha informado este viernes el Cuerpo local.

Los sospechosos se acercaron a unos matorrales y se sacaron varios objetos de los bajos de los pantalones, que los agentes pensaron que podían ser machetes, y los escondieron entre las plantas.

Uno de ellos mostraba «claros signos de superioridad» y ordenó al resto taparse las caras con capuchas y mascarillas, han señalado a EFE fuentes policiales. Este mismo joven, el arrestado, escondió un machete de 62 centímetros de largo y 48 centímetros de hoja.

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En ese momento se aproximaron a ellos e identificaron a los ocho jóvenes. Al preguntarles sobre sus antecedentes, el detenido aseguró haber estado recientemente arrestado por apuñalar a un miembro de la banda juvenil de los Trinitarios, aunque las fuentes consultadas no han especificado cuándo ni dónde ocurrió dicho suceso.

Los otros siete también admitieron haber estado detenidos en el pasado por supuestamente participar en reyertas, lesionar a otras personas y tenencia ilícita de armas.

Además del machete de grandes dimensiones, los agentes también encontraron entre los matorrales dos cuchillos de cocina y una navaja militar.

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Los policías sospechan que estos ocho jóvenes podrían pertenecer a una banda juvenil y que tenían intención de enzarzarse en una reyerta con otros jóvenes que se encontraban reunidos en una cancha deportiva cercana.

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