El Ayuntamiento de Sevilla ha desestimado las alegaciones formuladas contra el acuerdo del pasado mes de julio para la «liquidación» del contrato adjudicado a la empresa Mersant para la vigilancia de parques y jardines, a cuenta de los incumplimientos de dicha entidad, marcada por los impagos a su plantilla y un grave conflicto derivado en la rescisión de los contratos con los que contaba; acometiendo además la «incautación» de 32.042 euros de la garantía depositada por la sociedad por dicho contrato.

Recordemos que ya el pasado 29 de abril fue aprobada «la resolución del contrato administrativo suscrito por el Ayuntamiento con Mersant Vigilancia para los servicios de seguridad y control de distintos parques y jardines, como consecuencia del «incumplimiento reiterado y culpable por parte de la empresa adjudicataria de las obligaciones definidas en el contrato».

servicio de vigilancia y la apertura y cierre de los parques y centros de trabajo adscritos al Servicio de Parques y Jardines, con una duración de tres años, con posibilidad de prórroga de dos más, a cuenta de la situación de dicho servicio fruto de los incumplimientos de Mersant.

La situación e incumplimientos de Mersant, así, ha motivado que el Ayuntamiento haya rescindido o tramite la rescisión de los contratos adjudicados a la empresa para los servicios de seguridad de instalaciones de los servicios sociales municipales, los colegios públicos y centros de educación permanente, la factoría cultural del Polígono Sur o las bibliotecas municipales.

Los incumplimientos

Ello, «por el incumplimiento por parte de la adjudicataria, al dejar de prestar el servicio de vigilancia en múltiples ocasiones en todos los centros donde se realiza la prestación, así como ser imposible contactar con la misma para la gestión del contrato y resolución de incidencias que se están produciendo».

Recientemente, además, el Consistorio aprobaba excluir de cualquier licitación pública municipal para obras y servicios a Mersant e ISSI Facility System SL, como integrantes, al 85 y 15 por ciento, respectivamente, de la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de la vigilancia de los colegios públicos y centros de educación permanente.