UGT, CCOO y USO pedirán el aumento de los salarios y la inclusión de las nuevas tecnologías en el servicio para asegurar una mejor protección

El secretario general de la FESMC-UGT a nivel nacional, Diego Giráldez, ha anunciado este miércoles en Melilla movilizaciones para el próximo día 23 de septiembre, entre las 12 y las 13 horas y en coordinación con CCOO y USO, para pedir un cambio en el modelo de la seguridad privada en España.

Giráldez ha abogado por la incorporación de las nuevas tecnologías y el aumento de los salarios de los vigilantes de seguridad para conseguir, en definitiva, un mejor servicio y una mayor seguridad para los ciudadanos. En este sentido, el dirigente ugetista ha indicado que “salario o conflicto no es un eslogan”, sino que es “decidir quién paga esta crisis” energética y es “tanto como decidir si los empresarios de este país se quieren seguir subvencionando la subida de impuestos a costa de reducir los derechos de los trabajadores”. En definitiva, ha apuntado, “es tanto como decidir si somos capaces de que nos trabajadores no paguen los efectos de una crisis que no han provocado ellos”.

Esto vendría a ser lo que se denomina anticipación al cambio e incluye, aparte de la adaptación de las nuevas tecnologías al mercado laboral, la jubilación anticipada, el contrato de relevo a cargo de los jóvenes y la formación profesional.

En Melilla, este colectivo está compuesto por más de 400 personas, según ha informado la responsable del área en UGT-Melilla, Belén Guzmán. En concreto, en la ciudad, según Giráldez, hay “varias demandas claras”, ya que en la ciudad estos vigilantes trabajan en “servicios esenciales y estratégicos” como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o en la prisión.

El dirigente ugetista ha afirmado que estos vigilantes están trabajando en “unas condiciones alarmantes”, ya que, “como en el resto del país”, en Melilla la contratación pública para estos centros sólo tiene en cuenta el precio más barato posible y no apuesta “claramente por garantizar las condiciones de seguridad y, por ende, de la ciudadanía”. “Los vigilantes de estos centros necesitan un mayor reconocimiento, una mayor protección y unas mejores condiciones laborales, sociales y económicas”, ha proseguido Giráldez, quien ha lamentado que se están encontrando, por parte de los Gobiernos central y local, “oídos sordos y excusas un día sí y otro también”.

El responsable del sector del sindicato a nivel nacional ha alertado de que no sólo es una cuestión económica, ya que también hay empresas que, debido a las “bajas ofertas”, acaban cerrando, por lo que estos vigilantes de seguridad se quedan “en la exclusión social”.

En cuanto al CETI, particularmente, según ha explicado, más allá de unas mejores condiciones económicas, lo que se reivindica es una mayor adecuación de los servicios de seguridad y, en concreto, “dejar de tirar los precios para dar una sensación, que es mentirosa, de seguridad, para realmente garantizar la seguridad de las personas que concurren al CETI y a los internos del centro”. “No se puede garantizar la seguridad de nadie cuando las empresas, debido a los bajos precios de concursos, en muchas ocasiones son incapaces de garantizar la propia seguridad personal del vigilante que está custodiando el CETI”, ha incidido Giráldez.

En este sentido, el dirigente ugetista ha recalcado la necesidad de elaborar “un reglamento del siglo XXI” para estos trabajadores después de que fuera “aparcado” primero por el anterior ministro del Interior del PP, Juan Ignacio Zoido, y ahora por el actual, Fernando Grande-Marlaska. Se trata, según ha dicho, de elaborar un nuevo texto que recupere la figura del agente de la autoridad, que desapareció en 1992, para estos guardias, mediante una mayor protección jurídica de sus actos.

“Tanto los clientes privados como los clientes públicos como la ciudadanía se merecen una seguridad privada que realmente esté basada en las condiciones laborales y en la profesionalización de sus vigilantes y no que esté basada, como está ocurriendo en los últimos años, cada vez en una mayor precariedad y en una lucha insaciable de empresas por adquirir contratos al precio que sea para luego acabar en concursos y dejando a miles de familias de la seguridad privada en la exclusión social”, ha concluido Giráldez su explicación.