Empresas de seguridad van a demandar al Gobierno por «responsabilidad patrimonial»

Buscan que se les abone por las cantidades que han desembolsado por la doctrina Somoza y que tendrán que pagar a la Tesorería de la Seguridad Social. Quieren que se unifique el criterio normativo y se aplique la Ley de Contratos Públicos

Las empresas de seguridad privada de Canarias iniciarán un procedimiento por «responsabilidad patrimonial» contra el Gobierno de Españapor la aplicación de la doctrina Somoza y que obliga a las empresas de servicios que entran en un contrato público a asumir las deudas con los trabajadores que dejan sus antecesores.

Las empresas de seguridad buscan que se unifiquen los criterios y prevaleza la Ley de Contratos del Sector Público, que dice que cuando un contratista entra en un contrato «no tiene ningún tipo de responsabilidad» frente a la doctrina Somoza «que impone esa obligación».

Así lo indica el responsable de la Asociación de las Pequeñas y Medianas Empresas de Seguridad (Apemes), Pablo Jorge, tras el comité ejecutivo de la organización celebrado ayer y en el que se decidió dar este paso.

En el caso de que no se reconozca la responsabilidad patrimonial, Apemes está dispuesta a ir a un contencioso en al vía judicial.