Inspección de Trabajo ha ordenado a GFS Security que abone la deuda heredada de Prosetecnisa en un plazo de un mes, incluyendo el pago de las nóminas de septiembre y las liquidaciones. Algunos empleados han recibido pagos adicionales, pero con reducciones.

Los trabajadores de GFS Security se encuentran en una situación difícil debido a que la empresa no les ha pagado sus salarios adeudados desde hace cuatro meses. A pesar de esto, siguen prestando servicios para empresas como Reganosa y entidades públicas como el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. La situación se debe a que GFS Security asumió los contratos de Prosetecnisa, pero con una deuda de alrededor de 250.000 euros solo en la provincia de A Coruña.

La Inspección de Trabajo ha determinado que GFS Security es responsable de la deuda y debe asumirla como nueva concesionaria. En aplicación del artículo 44 del Estatuto de las personas Trabajadoras, las empresas adjudicatarias quedarían subrogadas a cumplir con los derechos y deberes del personal, entre ellos, el pago de salarios y cotizaciones”, recuerda la CIG.

Los trabajadores han realizado varias protestas para llamar la atención sobre su situación, y la última tuvo lugar el pasado 20 de enero en Reganosa y Forestal del Atlántico en Mugardos. La deuda de Porsetecnisa sigue sin abonarse y el fin del conflicto no parece próximo.

La Inspección de Trabajo les concedió un mes de plazo para hacer el pago de las nóminas de septiembre y las liquidaciones, según informa la CIG “debiendo acreditar ante este organismo los recibos de salarios y los respectivos pagos a todos los trabajadores en la provincia de A Coruña y no solamente a aquellos pertenecientes al grupo Tojeiro”.

El incumplimiento por parte de GFS de este deber antes de la fecha señalada, sería considerada como la comisión de una falta muy grave en su grado máximo, teniendo aparejada una sanción entre 120.000 y 225.000 euros, destacando como hechos agravantes a reiteración en la falta del pago durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, el número de trabajadores afectados, y la cantidad dejada de pagar.

Dentro de esta orden están amparados, además, los más de cien empleados que prestan servicio en “los polígonos industriales de Bergondo, Espíritu Santo, Alvedro, Piadela, el centro logístico de MRW en Ledoño y la planta de Vertex Bioetanol Galicia en Teixeiro”, entre otros.

Hasta la fecha, y siempre según el comunicado de la CIG, solo unos pocos trabajadores han recibido el pago excepcional, si bien “las cantidades no se corresponden con los salarios dejados a recibir en septiembre” con reducciones que van desde los 200 hasta los 300 euros. El sindicato considera esto como una maniobra dilatoria por parte de GFS Security y ha llevado a Prosetecnica y GFS ante la justicia por el retraso de los pagos o las denuncias por un presunto delito de falsificación.

Los trabajadores afectados están sufriendo un gran estrés y preocupación debido a la falta de pago de sus salarios, y el sindicato teme que esto pueda aumentar la precariedad laboral en la región. La situación es muy tensa y la CIG está trabajando para encontrar una solución al conflicto, pero hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo.