Cinco personas han sido detenidas acusadas de tres delitos de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonios forzados y otros relacionados con menores de edad. A raíz de la denuncia de la inspección educativa de Fuente del Maestre (Badajoz), alertada por el repentino absentismo escolar de dos niñas de nacionalidad rumana, los agentes de la Brigada de Extranjería de la Comisaría Provincial de Badajoz iniciaron una ardua investigación que derivó en la provincia de Ciudad Real.

En un determinado subgrupo cultural de origen rumano es habitual el casamiento de niñas en edades tempranas, a partir de los 12 años, concertándose el matrimonio entre las familias de los contrayentes o a través de intermediarios a cambio de una contraprestación económica de entre 6.000 y 7.000 euros. Una vez casadas, las menores abandonan la escuela y el entorno familiar, desplazándose a la vivienda de su nueva «familia política», donde contribuyen en las tareas domésticas hasta que alcanzan la edad mínima legal para poder obtener un contrato de trabajo y contribuir así económicamente.

Gracias a la investigación, se logró identificar a una familia con tres niñas que cumplían con el modus indicado. Los policías averiguaron que las dos hermanas mayores contrajeron matrimonio, conforme a sus ritos, con 14 años. Mientras, la menor de las tres hermanas, de 12 años, estaba siendo preparada para el casamiento. Se llevó a cabo un operativo para la localización de las menores y de las familias implicadas, teniendo en cuenta la elevada movilidad, temporalidad y nomadismo de los investigados, quienes varían su residencia continuamente como consecuencia de su actividad laboral como temporeros agrícolas.

En octubre de 2020 la mayor de las hermanas, que ya había alcanzado la mayoría de edad, fue localizada en Almendralejo (Badajoz). Por estos hechos los padres del cónyuge fueron puestos en su momento ante la autoridad judicial. Recientemente se tuvo información de la posible residencia de la segunda de las hermanas y de su familia política en Herencia. Con la colaboración de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Ciudad Real y agentes de la Comisaría Local de Alcázar de San Juan, se intensificaron las investigaciones y, además, se averiguó la residencia de la tercera de las hermanas y de sus progenitores en una localidad próxima.

Las operaciones policiales «Bucarest» y «Nunta» finalizaron en Alcázar de San Juan el pasado 7 de julio, cuando se detuvo a ambas familias. En concreto, a tres hombres y dos mujeres de entre 20 y 48 años, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. También se les ha retirado la patria potestad de dos menores, de 14 y 15 años, que han quedado bajo la custodia de los servicios de protección de la Junta de Castilla-La Mancha.

La Ucrif, una brigada específica en Ciudad Real
Los matrimonio forzados son catalogados por la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) como casamientos en contra de la voluntad o por la fuerza. Además, son reconocidos en los convenios internacionales como una vulneración del derecho a contraer matrimonio con libre y pleno consentimiento en contra del derecho a la dignidad humana, a la igualdad y no discriminación, mediando coacciones o una intensa presión social o familiar. Se trata de una modalidad de matrimonio infantil en el que al menos uno de los contrayentes es un niño, quien como menor de edad su consentimiento eventualmente prestado no se puede considerar suficientemente pleno y libre.

La lucha contra esta tipo de criminalidad está encartada en las líneas directrices del Plan Estratégico de la Policía Nacional para la lucha contra estas nuevas formas de esclavitud, abuso y explotación de colectivos vulnerables sustentados en su estado de necesidad. La Comisaría Provincial de Ciudad Real creó en septiembre de 2020 una nueva unidad encuadrada en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, la denominada «Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales» (Ucrif). Esta nueva unidad policial complementa las ya existentes y se centra principalmente en la investigación, vigilancia y control del régimen de extranjería y la investigación de actividades relacionadas con la trata de seres humanos, la inmigración ilegal, la explotación laboral y sexual y las falsedades documentales en dicha materia.