El Congreso de los Diputados ha recibido ya un proyecto para reformar la Ley de Seguridad Nacional de 2015. La información conocida hasta el momento sobre las modificaciones que propone el Gobierno vaticina una polémica intensa sobre el texto legislativo. La voluntad política que anima el proyecto refleja la tendencia intervencionista -incluso totalitaria- mostrada por Sánchez desde el inicio de la legislatura y agravada durante la pandemia. El Gobierno pretende de nuevo, y con una mera ley ordinaria, que las situaciones excepcionales en la vida nacional justifiquen por sí solas la confiscación de derechos y libertades por el poder ejecutivo a conveniencia de las decisiones que vaya tomando, rehuyendo para ello, si fuera preciso, todo sistema de garantías y contrapesos propios del Estado democrático y de derecho.

El proceso de degradación constitucional de España está en marcha en varios frentes, no solo el territorial. El Gobierno no quiere únicamente crear una legalidad paralela que actúe como madriguera de sus pactos con los separatistas, sino también para establecer un régimen de impunidad política. Los poderes presidencialistas que prevé el proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Nacional no tienen respaldo constitucional y serán una amenaza para el sistema de derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. El Gobierno no ha aprendido nada de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado parcialmente el decreto de alarma de marzo de 2020, no porque no sea constitucional imponer restricciones o suspensiones al ejercicio de los derechos fundamentales, sino porque tal cosa debe hacerse con respeto a la Constitución. Y en el caso de la pandemia, con un estado de excepción sometido a control parlamentario previo y posterior a su declaración.

No estamos ante un error ocasional de Moncloa, sino ante su método de ejercer el poder. Pedro Sánchez está en fuga permanente de los mecanismos de control sobre el poder político. Cuando no puede dominarlos, los denigra por boca ajena, o los asalta a golpe de ley aprobada con los partidos cuya razón de ser es el desmantelamiento de la España constitucional. No hay una sola institución del Estado de derecho que no haya sido atacada por el Ejecutivo. El Consejo General del Poder Judicial ha sido mutilado de su función esencial de nombrar magistrados del Tribunal Supremo, y la intromisión de la izquierda en este órgano de gobierno de los jueces ha puesto a España bajo observación europea. Sánchez ha debilitado con los indultos la autoridad de la sentencia del ‘procés’ dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuyo prestigio está muy por encima de las trampas de trilero que le tiende el Ejecutivo y de la estrategia de Sánchez para que Europa revoque su fallo. También sabemos que el Tribunal de Cuentas pone «piedras en el camino» de esa normalización en Cataluña que los separatistas han borrado de un plumazo antes de que viera la luz. Y el turno final ha sido para el Tribunal Constitucional, cuya sentencia sobre el estado de alarma ha dado pie a críticas insólitas del Gobierno y sus socios.

Hace tiempo que en estas páginas editoriales se viene advirtiendo de que nuestra democracia está amenazada porque las prácticas inconstitucionales se acumulan. Los indicios a los que apunta la nueva ley de seguridad nacional, con la estatalización casi hasta de los sentimientos, acredita una pulsión autoritaria que conviene denunciar porque supera con mucho los límites que otras democracias otorgan a leyes tan excepcionales. No hay ningún otro país en Europa que prevea restringir la libertad tanto como pretende Sánchez.