Un juzgado de Madrid acordó ayer suspender cautelarmente el segundo pago del préstamo a la aerolínea Plus Ultra. Una juez investiga el rescate a esta empresa acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez ante los indicios de delitos como prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. Antes de todo esto, el Ejecutivo ya había abonado 19 millones de euros. El pago suspendido por el juez asciende ahora a 34 millones, toda vez que la operación total de rescate alcanza 53 millones, y está rodeada de toda clase de sombras y sospechas que, gracias a la iniciativa de Vox y del Partido Popular, están sometidas ahora a investigación judicial. También es reseñable por su importancia jurídica el dato de que el Ministerio Fiscal haya apoyado la suspensión cautelar del pago, frente al criterio previsible de la Abogacía del Estado, que defiende a los cargos públicos investigados por el juzgado y sostiene que todo fue legal.

Esta operación tenía que pasar el filtro judicial porque desde su origen rezuma irregularidades. La salida del Ejecutivo, sin compasión, de José Luis Ábalos adquiere ahora una perspectiva más nítida con esta decisión judicial, que no prejuzga responsabilidades penales y, por supuesto, deja todo abierto a futuras decisiones. Esto es la presunción de inocencia. Políticamente, sin embargo, es otro revés para Pedro Sánchez, no para Ábalos en exclusiva, porque la autorización del préstamo a Plus Ultra fue decidida por el Consejo de Ministros. No hay que equivocarse con las responsabilidades políticas, ni cebarse con el señuelo que Sánchez ofrece a la opinión pública: el presidente del Gobierno es el titular del poder político y de sus consecuencias. La Justicia tiene aún mucho que investigar sobre este préstamo sospechoso a una aerolínea definida como «estratégica», aunque hasta ahora nadie ha visto nada estratégico en esta empresa, salvo su vinculación con el chavismo, esa constante que aparece en tantas decisiones de La Moncloa. Son 53 millones de euros públicos los que están en juego porque el Gobierno ha hecho de la ilegalidad un método de ejercicio del poder. El abuso de los decretos leyes se ha saldado por el momento con la anulación del nombramiento de Rosa María Mateo como administradora de RTVE. Y el abuso de poder, a secas, ha dado lugar a la declaración de inconstitucionalidad de la más grave decisión tomada por un Gobierno en España desde 1978: el estado de alarma de 14 de marzo de 2020. También hay que recordar el revés que le propinó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando obligó al Gobierno de Ayuso a cerrar perimetralmente la comunidad autónoma y los jueces rechazaron la medida. La respuesta fue otro arbitrario estado de alarma solo para Madrid. Y quedan por determinar la legalidad del nombramiento de la fiscal general, de la ‘ley Celaá’, de la eutanasia, la memoria democrática…

Este Gobierno exhibe prácticas amenazantes para el imperio de la ley, que es la base del funcionamiento de las sociedades democráticas. Su intolerancia al control judicial, a la revisión de sus decisiones y al contrapeso democrático es paralelo a su apego por la ilegalidad que representan los separatistas, con los que pacta su supervivencia diaria. Este Gobierno fía su continuidad a la evasión de los mecanismos del Estado de derecho y ejerce el poder como una forma escapista de garantizarse impunidad. Por eso se sorprende tanto, y tan absurdamente, cuando un tribunal desbarata sus planes o retrata su abuso de poder. La indignación que muestran sus portavoces por las resoluciones judiciales no es la prueba de error alguno de los jueces, sino de la incompatibilidad de esta forma de gobernar con la legalidad.