No es de extrañar que, envalentonados por la decisión de Pedro Sánchez de indultar a los líderes catalanes condenados, los partidos independentistas exigiesen este martes al Gobierno que «trabaje» para impedir ahora que el Tribunal de Cuentas embargue bienes de 42 antiguos altos cargos de la Generalitat por valor de cinco millones y medio de euros. Para ellos, la sedición no es ningún delito, sino la expresión de ideas políticas inofensivas. Y la malversación de dinero público con el que financiar su chantaje al Estado es solo ‘peccata minuta’ bien empleada. Desactivada la sentencia del Tribunal Supremo por el Consejo de Ministros, ahora el separatismo exige no tener que asumir siquiera la responsabilidad contable que les imputa el Tribunal de Cuentas. Demandan barra libre y que el Estado se humille mientras Sánchez nos habla de concordia y magnanimidad, como si la sociedad española fuese la culpable de un intento golpista, y los golpistas, unos caritativos defensores de ideas políticas inocuas que han sido represaliados. Nada hay más lejos de la realidad por más que Sánchez trate de blanquear todo este proceso, neutralizar al Tribunal de Cuentas, y deslegitimar a nuestras instituciones ante Europa.

En principio, y a falta de que la investigación concluya, el Tribunal ha fijado en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable que el Estado reclama al prófugo expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; al expresidente Artur Mas; a los indultados Oriol Junqueras y Raül Romeva; y a otros 37 antiguos cargos catalanes por el desvío de fondos para pagar gastos del ‘procés’ en el extranjero y su aparato de propaganda internacional. Estas resoluciones del Tribunal de Cuentas son lo que José Luis Ábalos llamó «piedras en el camino» de la negociación con ERC. Pero dada la autonomía del Tribunal, no parece que vaya a ser todo lo magnánimo que Sánchez quiere, y está resistiendo con ejemplaridad democrática una campaña descarnada de acoso y desprestigio. Por eso el Gobierno planea forzar una reforma del sistema de elección de los consejeros de cuentas a la medida del PSOE, e incluso maniatar a la Abogacía del Estado bajo la premisa de que si el Estado no reclama dinero a los malversadores, nadie estará legitimado para hacerlo. Es la prefabricación de una nueva vuelta de tuerca a la impunidad. La misma, por cierto, que reclamó ayer el PNV para que el Gobierno favorezca un indulto en diferido para Carles Puigdemont, de manera que pueda regresar a España triunfante de su falso exilio, y por supuesto sin afrontar las causas pendientes pese a estar procesado desde hace más de tres años.

Lamentablemente, la reunión que este martes mantuvieron Sánchez y Pere Aragonès no puede interpretarse en ningún otro contexto que el de la exigencia de impunidad jurídica, el resarcimiento moral, y la claudicación política ante el independentismo. Y lo grave es que Sánchez está dispuesto a concedérselo, como si el Estado tuviese alguna deuda que saldar con quienes están arrastrando a España a su mayor crisis territorial en un siglo. El Tribunal de Cuentas, como antes el Supremo o el CGPJ, no es ninguna piedra en ningún camino. Son órganos esenciales del Estado con una función que cumplir. Las únicas piedras en el camino de todos los españoles, y de al menos la mitad de los catalanes constitucionalistas, son la Generalitat y su promesa perenne de ejercer el golpismo, ahora con la permisividad de Sánchez.