El Gobierno compró en 2019 mil pistolas eléctricas que Interior dice que ya se están repartiendo a los cuerpos.

El Congreso y el Defensor del Pueblo solicitaron que se hiciera un protocolo para uso, pues ahora es inexistente.

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La Policía Nacional y la Guardia Civil están cerca de lograr una de sus reivindicaciones históricas: tener a su disposición las pistolas táser, que dan descargas eléctricas para inmovilizar a quien recibe el disparo durante varios segundos. El Gobierno compró 1.000 unidades en diciembre de 2019 y, según asegura el Ministerio del Interior a 20Minutos, ya ha comenzado su entrega y la formación de los grupos de capacitación que instruirán a los agentes. Sin embargo, todavía no existe una regulación específica para su uso, como han pedido el Defensor del Pueblo y el Congreso de los Diputados. Mientras, asociaciones pro Derechos Humanos alertan de la peligrosidad de un arma que se utiliza ya en varias ciudades españolas, con Madrid a la cabeza.

Interior, no obstante, aún no da fechas concretas para que los policías las tengan consigo. Tampoco la Dirección General de la Policía, a quien los sindicatos presionan por la necesidad de hacerse ya con esta herramienta. «Hay situaciones donde nos encontramos ante una persona especialmente violenta, fuera de sí, y no podemos inmovilizarle, por lo que las táser son un elemento necesario, además de disuasorio», explica Pablo Pérez, portavoz del sindicato policial Jupol. «Pero de momento no hay ningún tipo de formación», añade.

Además de la -todavía- falta de formación, se añade otro problema: la inexistencia de un protocolo nacional que regule su uso de forma específica. Lo pidió el Congreso hace justo un mes. En la Comisión de Interior, los grupos aprobaron con los votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu una Proposición No de Ley (PNL) –no obliga al Ejecutivo a ejecutarlo– en la que los morados pedían realizar dicho protocolo y hacerlo público. En él, proponían prohibir estas armas «por contacto» y apostar por la prevención, explicitando «qué mecanismos tienen los policías para afrontar situaciones complicadas y no tener que usarlas.

Los socialistas, por su parte, recordaron que España ya cuenta con legislación general que también rige para el uso de las táser. En concreto, mencionaron la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que fija «los fines, principios y medidas de control sobre la tenencia de armas» y, también, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «que obliga a sus miembros a actuar con la decisión necesaria para evitar un daño grave, rigiéndose para hacerlo con congruencia y proporcionalidad».

La regulación de estas armas, no obstante, no la ha solicitado solo la Cámara Baja, sino que el Defensor del Pueblo también lo hizo. En abril de este año, reclamó una normativa «exhaustiva y detallada» para el uso de armas de descarga eléctrica tras constatar que «cada vez más cuerpos policiales cuentan con armas de descarga eléctrica». Si bien no hay una cifra oficial sobre cuántos agentes locales las portan, son varias las ciudades que han aprobado su uso.

Táser sí, pero con cámara

La otra petición de Unidas Podemos en su texto era que el uso de pistolas táser fuera acompañado de una grabación en vídeo «que permita que existan garantías en cuanto a su uso«. Esto, por ejemplo, ya ocurre en Madrid. El Ayuntamiento de la capital repartió en diciembre de 2020 los primeros 146 ejemplares. En total, las 22 unidades de distrito cuentan con 150. 

Fuentes municipales explican que cuando la herramienta se activa comienza a grabarse la actuación gracias a una cámara instalada en el chaleco que llevan los policías, «para garantizar siempre el correcto uso del dispositivo». Además, desde el Área de Seguridad y Emergencias destacan que los agentes que las portan cuentan con «certificaciones oficiales» habilitantes y hacen un balance positivo en los siete meses desde que las entregaron. 

Sostienen las mismas fuentes que ha ayudado a «abortar» al menos tres incidentes delictivos sin que se hayan tenido que llegar a utilizar. Ponen como ejemplo a un hombre que, el pasado 1 de marzo, amenazó a sus compañeros de piso con un cuchillo y, tras ver la táser, decidió soltarlo.

El peligro del que alertan las asociaciones pro derechos humanos

El Defensor del Pueblo también pidió que se realizase un seguimiento médico a las personas contra las que se utilicen las táser, después de alertar de la peligrosidad de las mismas si quien recibe la descarga es una persona «vulnerable», como mujeres embarazadas, niños o ancianos, o que una cuente con una afección cardíaca. También lo ha hecho Amnistía Internacional, que amplía esa lista de personas contra las que no se deberían utilizar a aquellas que hayan consumido drogas o medicamentos asociados a dolencias psíquicas.

«No es una herramienta, sino un arma que puede tener efectos letales, por lo que los agentes han de ser cautos», explica, por su parte, Andrés García Berro, codirector de la asociación Irídia. No solo en la descarga eléctrica reside el peligro, sino que también pueden producirse daños graves en la caída cuando se inmoviliza a la persona. En definitiva, opina que en España, un país en el que el uso del arma de fuego es «bajo», su uso sería «prescindible». Aun así, dice que podrían entender su uso «respetando la normativa internacional y con un control efectivo».