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Interior entrega pistolas táser a Policía y Guardia Civil sin las instrucciones para su uso que pidió el Defensor del Pueblo

Interior entrega pistolas táser a Policía y Guardia Civil sin las instrucciones para su uso que pidió el Defensor del Pueblo

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Photo: fjcastro

El Gobierno compró en 2019 mil pistolas eléctricas que Interior dice que ya se están repartiendo a los cuerpos.

El Congreso y el Defensor del Pueblo solicitaron que se hiciera un protocolo para uso, pues ahora es inexistente.

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La Policía Nacional y la Guardia Civil están cerca de lograr una de sus reivindicaciones históricas: tener a su disposición las pistolas táser, que dan descargas eléctricas para inmovilizar a quien recibe el disparo durante varios segundos. El Gobierno compró 1.000 unidades en diciembre de 2019 y, según asegura el Ministerio del Interior a 20Minutos, ya ha comenzado su entrega y la formación de los grupos de capacitación que instruirán a los agentes. Sin embargo, todavía no existe una regulación específica para su uso, como han pedido el Defensor del Pueblo y el Congreso de los Diputados. Mientras, asociaciones pro Derechos Humanos alertan de la peligrosidad de un arma que se utiliza ya en varias ciudades españolas, con Madrid a la cabeza.




Interior, no obstante, aún no da fechas concretas para que los policías las tengan consigo. Tampoco la Dirección General de la Policía, a quien los sindicatos presionan por la necesidad de hacerse ya con esta herramienta. «Hay situaciones donde nos encontramos ante una persona especialmente violenta, fuera de sí, y no podemos inmovilizarle, por lo que las táser son un elemento necesario, además de disuasorio», explica Pablo Pérez, portavoz del sindicato policial Jupol. «Pero de momento no hay ningún tipo de formación», añade.

Además de la -todavía- falta de formación, se añade otro problema: la inexistencia de un protocolo nacional que regule su uso de forma específica. Lo pidió el Congreso hace justo un mes. En la Comisión de Interior, los grupos aprobaron con los votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu una Proposición No de Ley (PNL) –no obliga al Ejecutivo a ejecutarlo– en la que los morados pedían realizar dicho protocolo y hacerlo público. En él, proponían prohibir estas armas «por contacto» y apostar por la prevención, explicitando «qué mecanismos tienen los policías para afrontar situaciones complicadas y no tener que usarlas.

Los socialistas, por su parte, recordaron que España ya cuenta con legislación general que también rige para el uso de las táser. En concreto, mencionaron la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que fija «los fines, principios y medidas de control sobre la tenencia de armas» y, también, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «que obliga a sus miembros a actuar con la decisión necesaria para evitar un daño grave, rigiéndose para hacerlo con congruencia y proporcionalidad».

La regulación de estas armas, no obstante, no la ha solicitado solo la Cámara Baja, sino que el Defensor del Pueblo también lo hizo. En abril de este año, reclamó una normativa «exhaustiva y detallada» para el uso de armas de descarga eléctrica tras constatar que «cada vez más cuerpos policiales cuentan con armas de descarga eléctrica». Si bien no hay una cifra oficial sobre cuántos agentes locales las portan, son varias las ciudades que han aprobado su uso.

Táser sí, pero con cámara

La otra petición de Unidas Podemos en su texto era que el uso de pistolas táser fuera acompañado de una grabación en vídeo «que permita que existan garantías en cuanto a su uso«. Esto, por ejemplo, ya ocurre en Madrid. El Ayuntamiento de la capital repartió en diciembre de 2020 los primeros 146 ejemplares. En total, las 22 unidades de distrito cuentan con 150. 

Fuentes municipales explican que cuando la herramienta se activa comienza a grabarse la actuación gracias a una cámara instalada en el chaleco que llevan los policías, «para garantizar siempre el correcto uso del dispositivo». Además, desde el Área de Seguridad y Emergencias destacan que los agentes que las portan cuentan con «certificaciones oficiales» habilitantes y hacen un balance positivo en los siete meses desde que las entregaron. 

Sostienen las mismas fuentes que ha ayudado a «abortar» al menos tres incidentes delictivos sin que se hayan tenido que llegar a utilizar. Ponen como ejemplo a un hombre que, el pasado 1 de marzo, amenazó a sus compañeros de piso con un cuchillo y, tras ver la táser, decidió soltarlo.

El peligro del que alertan las asociaciones pro derechos humanos

El Defensor del Pueblo también pidió que se realizase un seguimiento médico a las personas contra las que se utilicen las táser, después de alertar de la peligrosidad de las mismas si quien recibe la descarga es una persona «vulnerable», como mujeres embarazadas, niños o ancianos, o que una cuente con una afección cardíaca. También lo ha hecho Amnistía Internacional, que amplía esa lista de personas contra las que no se deberían utilizar a aquellas que hayan consumido drogas o medicamentos asociados a dolencias psíquicas.

«No es una herramienta, sino un arma que puede tener efectos letales, por lo que los agentes han de ser cautos», explica, por su parte, Andrés García Berro, codirector de la asociación Irídia. No solo en la descarga eléctrica reside el peligro, sino que también pueden producirse daños graves en la caída cuando se inmoviliza a la persona. En definitiva, opina que en España, un país en el que el uso del arma de fuego es «bajo», su uso sería «prescindible». Aun así, dice que podrían entender su uso «respetando la normativa internacional y con un control efectivo».

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Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad

Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad

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Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad
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La Zona Franca de Vigo ha tomado una iniciativa pionera en el sector de la seguridad al implementar un servicio de vigilancia con drones. Este proyecto es el resultado de un acuerdo entre Zona Franca y Securitas Seguridad España, y busca optimizar la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial en el parque empresarial de Balaídos.

El sistema de seguridad aborda tres ejes clave: seguridad, protección y operaciones. En términos de seguridad, los drones estarán equipados con tecnologías de detección de intrusos, robos y acciones vandálicas, permitiendo una respuesta rápida y eficaz ante cualquier tipo de amenaza. Además, la presencia de drones mejorará la protección de los trabajadores y visitantes de la Zona Franca, al mismo tiempo que contribuirá a garantizar la continuidad de las operaciones en el parque empresarial.

Securitas ha formado a seis vigilantes para el desarrollo de este proyecto, los cuales cuentan con el certificado de piloto de drones. La compañía ha indicado que los drones juegan un papel clave en la evolución de la seguridad privada y están cambiando la forma de proteger muchas instalaciones, pero es importante cumplir con la estricta regulación de seguridad para poder implementar de manera efectiva este tipo de soluciones.

El servicio de vigilancia con drones permitirá visualizar las imágenes en tiempo real en la consola de control del aparato, tanto desde el centro de control de seguridad como desde un centro de control remoto. En un futuro, se prevé la posibilidad de llevar a cabo vuelos programados con rutas preestablecidas, siempre bajo la supervisión de los pilotos-vigilantes.

En resumen, la implementación de este servicio de vigilancia con drones en la Zona Franca de Vigo es una iniciativa pionera que busca mejorar la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial en el parque empresarial de Balaídos. Con el tiempo, se espera que esta solución tenga un impacto positivo en la forma en que se aborda la seguridad en el sector privado y permita una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier tipo de amenaza.

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Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza

Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza

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Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza
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El castillo de Salvacañete, situado en la provincia de Cuenca en España, es propiedad de la familia Revoredo desde hace siglos. La fortaleza medieval y sus alrededores son explotados por la familia para actividades cinegéticas. La familia Revoredo es una de las más ricas de España y ha sido objeto de una sentencia judicial tras intentar evadir el pago de más de 94.300 euros en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El caso tiene sus raíces en 2014 cuando la sociedad Hispaninver SL, que es parte de la familia Revoredo, presentó sus liquidaciones del IVA a la Agencia Tributaria y reclamó una devolución de más de 95.700 euros. La inspección analizó los datos presentados y descubrió que estos eran incorrectos y los corrigió a una devolución de solo 1.400 euros. La decisión fue respaldada por el Tribunal Económico Administrativo de Madrid y el recurso presentado por la familia Revoredo fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La familia Revoredo incluyó gastos no vinculados con la actividad para la que fue creada la sociedad en la liquidación del IVA, como los gastos en suministros de telefonía y energía y las obras de reforma y mantenimiento del castillo. Aunque el castillo es propiedad de Hispaninver, su uso está arrendado a otra sociedad, Agrocinegética San Huberto SL, que es propiedad en exclusiva de Helena Revoredo, presidenta de Prosegur.

La ley limita la devolución del IVA solo a aquellos gastos que están directamente vinculados con la actividad de la empresa. La Agencia Tributaria concluyó, tras una investigación, que los gastos incluidos por Hispaninver en su liquidación del IVA no estaban vinculados con la actividad de la sociedad y, por lo tanto, no podían ser deducidos.

La sentencia del TSJM es un recordatorio de que las empresas tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales y que la ley limita los gastos deducibles para evitar la evasión fiscal. Los contribuyentes deben ser cuidadosos y asegurarse de incluir solo gastos directamente vinculados con su actividad comercial en sus liquidaciones del IVA para evitar cualquier problema legal o fiscal.

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Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas

Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas

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Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas
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Durante los últimos cinco meses, un grupo de trabajadores de seguridad privada en la estación marítima del puerto de Tarifa han estado viviendo una situación difícil.

La empresa que los contrata, Prosetecnisa, los ha dejado sin cobrar, sin horarios y sin un coordinador que se haga responsable.

La situación se ha agravado desde la llegada de la pandemia del coronavirus, cuando comenzaron a haber retrasos en los pagos.

Sin embargo, después de la OPE del pasado verano, los problemas empeoraron con el incumplimiento de compromisos y el impago de nóminas, lo que ha dejado a los trabajadores sin ingresos desde agosto.

Los trabajadores han informado a los sindicatos y a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras sobre la situación, pero aún no han recibido una solución.

La empresa Hispanosegur había sido señalada como posible sustituta, pero aún no ha finalizado todos los trámites necesarios para tomar el relevo.

Los trabajadores describen su situación como «desesperante» ya que no tienen certeza sobre su futuro ni quién puede ser responsable.

A pesar de todo, continúan asistiendo a su trabajo y demostrando su compromiso y profesionalismo, incluso pagando sus propios gastos de desplazamiento.

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