Decenas de las denuncias que ponen los vigilantes del área verde y azul están bajo sospecha. Un ciudadano, José Luis Figueroa, lleva años intentando poner fin a lo que considera «un abuso» por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Según Figueroa, los empleados de Barcelona de Serveis Municipals , un conglomerado de empresas del consistorio, solo pueden controlar las zonas de aparcamiento del área verde y azul y de carga y descarga, «y denunciar únicamente la falta de tique y si se sobrepasa el límite horario». Las denuncias restantes las tienen que poner Guardia Urbano y Mossos, aunque sean de estacionamiento o parada. 

Según Figueroa, esto no está pasando y se dan casos de denuncias por parte de los vigilantes de parquímetros por parar en un chaflán o en doble fila, o de motos aparcadas en acera. Salvo excepciones, en Barcelona, la mayoría de denuncias por paradas y estacionamientos las hacen trabajadores de B:SM -así lo autoriza el decreto de alcaldía que regula las funciones de este personal de B:SM-, algo que para el ciudadano es «ilegal», porque son funciones reservadas a agentes de la autoridad y a funcionarios creados para esas funciones (por ejemplo, los agentes de Movilidad de Madrid, una figura que en la capital catalana no existe). Así lo especifica, dice, la Ley orgánica 2/86 de fuerzas y cuerpos de seguridad en los artículos 53.1 (b) y 53.3. 

Metrópoli ha hablado con distintas fuentes para la elaboración de esta información, desde sindicatos de la Guardia Urbana a grupos de la oposición y fuentes de CCOO de B:SM. El pasado martes se solicitó respuesta al Ayuntamiento de Barcelona, que al cierre de este artículo no había atendido a los requerimientos informativos de este medio. Desde el sindicato de la policía local, CSIF, se da la razón al ciudadano y se habla de «fraude de ley», mientras que otro colectivo de representantes de los agentes de la Guardia Urbana, SAPOL, no cree el personal de B:SM haga nada ilegal. Los trabajadores de B:SM recuerdan que su trabajo está amparado por un mandato de alcaldía. Ciutadans considera que el punto de vista de Figueroa podría tener «recorrido jurídico» y ERC defiende que las denuncias sean validadas por la policía.

El periplo de Figueroa se inició en 2014. Un vigilante de B:SM le multó por parar en un chaflán con él dentro del vehículo mientras esperaba a su mujer en una esquina cerca del Hospital Clínic. «Me denunció con la matrícula. La tomó cuando me iba». Figueroa circulaba con el coche de su hija y se enteró de la denuncia con el embargo de la cuenta porque su hija se había cambiado de domicilio y no tuvo conocimiento de la notificación para poder recurrir. 

Entre 1990 y 1998, en Barcelona funcionó la figura del controlador de zonas de aparcamiento. En 1998, con la entrada en vigor de la Carta Municipal de Barcelona, se creó la figura del auxiliar de la Guardia Urbana, un papel que hacen los trabajadores de B:SM. «Los controladores pasaron a ser auxiliares de la Guardia Urbana, y sin cobertura legal empezaron a ejercer funciones de ordenación del tráfico y a denunciar todo tipo de infracciones por parada y estacionamiento», indica.

En Madrid, a diferencia de Barcelona, en 2003 se creó un cuerpo especial de funcionarios para la ordenación del tráfico. «Se trata de funcionarios que pueden denunciar todo tipo de infracciones. Mantuvieron los vigilantes de parquímetros [el papel que en su opinión se tendría que limitar a hacer el personal de B:SM], pero además crearon a estos nuevos agentes». Aunque posteriormente en Barcelona se reguló por ley la figura de los auxiliares de la Guardia Urbana, estas personas no son funcionarias y la función que ejerzan «tiene que ser únicamente la de denunciar infracciones por estacionamiento en las áreas de aparcamiento con horario limitado (azul y verde)», insiste Figueroa.

CIUDADANOS LE DA LA RAZÓN

A lo largo de estos años, Figueroa se ha dirigido a la empresa B:SM en distintas ocasiones, también a alcaldía y al actual primer teniente de alcaldía , que a la vez es el actual presidente de B:SM, sin obtener respuesta ni por parte de Ada Colau ni del líder del PSC. El ciudadano se ha entrevistado con distintos grupos municipales, como Ciutadans y PP, y ha dirigido escritos a los sindicatos de la Guardia Urbana. Con el partido naranja se vio con el concejal Paco Sierra. En conversación con este medio, Sierra reconoce que Figueroa tiene razón y le aconseja que acuda a los tribunales. «Es un caso que tiene recorrido jurídico. Nosotros lo trasladamos al consejo de administración de B:SM (del que Sierra forma parte) y hemos agotado todas las vías dentro del Ayuntamiento». Figueroa, en cambio, asegura que Ciutadans no ha hecho nada.

Desde las filas de ERC, el concejal y miembro del Consejo de Administracion de B:SM Jordi Coronas dice que «a pesar de que no se trate de una actuación irregular, haría falta justificar la excepcionalidad y regularlo. Las denuncias las puede validar la Guardia Urbana posteriormente si se hace una captura de imagen, por ejemplo. Pediremos explicaciones para conocer el criterio de hacerlo a través de agentes de B:SM», subraya. 

Para Figueroa, los vigilantes de B:SM «denuncian toda clase de paradas y estacionamientos. Ejercen una función de ordenación del tráfico sin estar debidamente habilitados por ley para llevarla a cabo». Su trabajo se debe ceñir únicamente «al control, vigilancia y denuncia de todas aquellas infracciones que se cometan en las áreas de estacionamiento con horario limitado». Y en el caso de las zonas horarias de Carga y descarga, únicamente pueden intervenir cuando se trate de vehículos comerciales, defiende. «La Ley orgánica 2/86 regula y establece de forma clara que en materia de tráfico, concretamente en lo que se refiere a la ordenación, que el personal auxiliar de las policías locales tiene que ser funcionario y en el ejercicio de sus funciones tendrán la consideración de agentes de la autoridad». «Ninguna ley de rango inferior ni ordenanza puede otorgar esta condición de agente de la autoridad en esta materia».

MANDATO DE ALCALDÍA

Fernando Delgado es vigilante y representante sindical de CCOO en B:SM. En conversación con Metrópoli, explica que lleva 20 años en este trabajo y siempre sale el debate, también en la calle cuando lleva a cabo su labor y puede acabar denunciando. «Seguramente haría falta algo más para todo lo que hacemos, pero no hacemos nada ilegal», razona. Explica que la posibilidad de denunciar está respaldada por un mandato de alcaldía. Concretamente, el decreto permite al personal de B:SM que «denuncie las infracciones de circulación que por parada o estacionamiento se producen en las zonas reguladas con limitación horaria y en las de carga y descarga con horario limitado, así como en el resto de vías de la ciudad». Los vigilantes de B:SM también pueden pedir la retirada de un vehículo por parte de la grua Municipañ. Todas estas acciones, el personal de la empresa municipal lo hace siempre bajo la «dirección jerárquica» de la Guardia Urbana, dice alcaldía.

El secretario de Organización del sindicato de la Guardia Urbana y agente Eugenio Zambrano afirma que su sindicato «censura y no acepta» que el Ayuntamiento utilice a los vigilantes de las áreas azul y verde «para que lleven a cabo unas funciones que la ley no les encomienda». Zambrano coincide con Figueroa que la labor de los empleados de B:SM se debe limitar a la vigilancia de las zonas de aparcamiento regulado y de carga y descarga si hay una limitación horaria. «No pueden hacer otro tipo de denuncias ya que están reservadas a la Guardia Urbana», sostiene. Zambrano no duda en señalar que hay «una mala praxis del Ayuntamiento al utilizar de forma torticera la ley y al usar a los vigilantes como un ciudadano que puede interponer una denuncia».

«NO SON DENUNCIAS ILEGALES», DICE SAPOL

En cambio, otro sindicato de la Guardia Urbana, asegura que las denuncias que ponen los vigilantes de B:SM no se pueden considerar ilegales, afirma el portavoz Jordi Rodríguez Lima. «Los empleados de B:SM son auxiliares de la Guardia Urbana. Se les fue dando más competencias porque nosotros no llegábamos a todo. Las denuncias que ponen es como si las pusiera un ciudadano. Seguramente se podría hacer una regulación más explícita, pero en ningún caso son denuncias ilegales», argumenta Rodríguez Lima.

En un escrito de 2016, al que fuera director general de B:SM , Figueroa dice que está convencido de que «el Ayuntamiento de Barcelona, conjuntamente con la empresa B:SM, ha elaborado un plan para aumentar sus ingresos por medio de de este tipo de impuestos atípicos, como son las multas por infracciones de parada y estacionamiento (fuera de la zona de horario limitado) en Barcelona en perjuicio de sus ciudadanos. Todo ello al amparo de una errónea, premeditada e interesada interpretación o ignorancia total del artículo 53 de la Ley orgánica 2/86 en concordancia con otras normas de rango inferior». En la respuesta que recibió de Armengol, éste argumentaba que los vigilantes actúan conforme a derecho, pero Figueroa subraya que para ello tendrían que ser funcionarios. «Es una clara usurpación de funciones de la Guardia Urbana».

DISTINTOS DELITOS

Figueroa va más allá en su denuncia y afirma en el texto que mediante el uso de personal no autorizado legalmente se producen unos hechos que podrían ser constitutivos de varios delitos, como son la falsificación de documento (en primera denuncia), la usurpación de funciones por parte de estos vigilantes de B:SM, por denunciar infracciones fuera de su ámbito de actuación y por constar su número de agente en las denuncias que se tramitan. Según la ley, en el caso de los particulares (condición que tienen los vigilantes de B:SM, según Figueroa) tienen que hacer constar su DNI, nombre y domicilio en las denuncias que puedan tramitar. El ciudadano ve también un posible delito de prevaricación en los órganos instructores de las denuncias y órganos que dictan las resoluciones y un posible delito de financiación ilegal.   

Para el representante sindical de CSIF, el consistorio adecua todo un sistema que permite a los empleados de la empresa municipal facilitar que esas denuncias voluntarias lleguen a la policía local y sean validadas. «Pero aunque un agente valide la infracción, el policía no valida el principio de veracidad como si esa denuncia la hubiera puesto un agente de la autoridad». Según Zambrano, las denuncias que pone un empleado de B:SM de infracciones que no tiene encomendadas por ley es como si las hubiera puesto un ciudadano. CSIF entiende que hay un «fraude de ley» y considera que la gente debe ser conocedora de ello. También opina que se está abusando de los vigilantes de B:SM para que hagan funciones que no les competen y que están reservadas a las policías.

DENUNCIAN COMO CIUDADANOS

Desde SAPOL, Rodríguez Lima recuerda que hace años los empleados de B:SM solo controlaban los horarios y los tiques de las áreas reguladas de aparcamiento. Ahora también vigilan paradas en doble fila y zonas de carga y descarga. «En un principio, los ciudadanos que eran denunciados presentaban un recurso, porque consideraban que la denuncia era irregular porque no la había hecho un policía, y solían ganarlo porque los vigilantes no tienen la presuncion de veracidad que tiene la Guardia Urbana. Ahora, los vigilantes aportan la prueba de la infraccion (una foto). No denuncian como policías, lo hacen como ciudadanos y aportan una prueba. Esa es la clave. Después quien sanciona es el Ayuntamiento. Legalmente se puede hacer». 

En términos parecidos se expresa el representante de CCOO en B:SM. Delgado aclara que los vigilantes no hacen de policía. «Nosotros denunciamos vehículos, no a personas. No somos policías. No le podemos pedir la documentación a nadie. Somos auxiliares de la Guardia Urbana». En un 90% de los casos, la denuncia que interponen es a vehículos que están vacíos. Uno de los problemas que han tenido los vigilantes los últimos años han sido las agresiones que han sufrido por parte de aireados ciudadanos. Con el objetivo de frenar esta práctica, en 2017, se otorgó a los vigilantes la condiccion de Agentes de la Autoridad. Desde entonces, las agresiones se han reducido de forma considerable, afirma Delgado, que expresa la «preocupación» y el «miedo» que hay en la plantilla cuando tengan que empezar a denunciar en barrios como el Besòs, donde recientemente se ha ampliado el área verde.

UNA PLANTILLA DE UNAS 250 PERSONAS

Actualmente, la plantilla de B:SM que se dedica a controlar las paradas o estacionamientos de vehículos es de unas 250 personas aproximadamente. Unas 175 van a pie y son los vigilantes de las áreas azul y verde que se ven por la calle, otra cuarentena controla las áreas DUN (Distribució Urbana de Mercadèries) y otras 30 van en coches o motos. Los coches, cuatro en total por ahora, van con cámaras y detectan matrículas. «Si se observa alguna infracción, se transmite a la central, y el personal de la moto se acerca al lugar y pone la denuncia», dice Delgado.