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La provincia de Lugo consume más del doble de explosivos debido a las obras de la autovía A-54, con control férreo de los Vigilantes de Seguridad

La provincia de Lugo consume más del doble de explosivos debido a las obras de la autovía A-54, con control férreo de los Vigilantes de Seguridad

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Photo: fjcastro

El consumo de explosivos en la provincia de Lugo se ha incrementado «ostensiblemente», al haberse duplicado dicho uso en lo que va de año 2021, sobre todo de dinamita y «anfus», en especial debido a las obras de la autovía A-54 entre la capital luguesa y Santiago de Compostela.

El teniente de la Guardia Civil José Luís Saavedra, jefe del servicio de intervención de armas, ha concretado que ese cálculo lo hacen «con respecto a 2019 porque el año pasado fue un año peculiar (por la pandemia)». «Y así tenemos que de enero a mayo de 2019 hubo 17 mil kilos de explosivos consumidos (en la provincia de Lugo) y este año llevamos 40.000», ha abundado.



Fundamentalmente este registro tan alto se debe a las obras que se acometen en la autovía A-54, que conectará Lugo con Santiago y que aún tiene dos tramos por concluir.

Los explosivos también se han utilizado en «minas», sobre todo en el municipio de O Incio donde «se trabaja el cuarzo». «Llevamos un control férreo, los transportes tienen que tener un plan de seguridad, con vigilantes, tienen que seguir rutas concretas y no se pueden salir de esa ruta y nos pasan todos los días los datos que salen del depósito que está en Vilachá de Mera (en la ciudad de Lugo)», destaca este oficial del Instituto Armado.



En ese «depósito» de explosivos en Vilachá de Mera, ha comentado, se pueden acumular hasta 25 toneladas custodiadas en el «subterráneo» y 50.000 kilos en «superficie», ha añadido.



El servicio de intervención de armas lleva todo lo relativo a armas, explosivos, pirotecnia y cartuchería, y además de prestarse en la Comandancia de la capital de la provincia también en los acuartelamientos de Vilalba, Monforte y Monterroso. Se cumplen 35 años desde el nacimiento en la Guardia Civil del servicio de intervención de armas, que llegó a la provincia de Lugo pocos años después, en 1993.



SEGURIDAD
«Nuestro trabajo parece muy burocrático, pero tiene una gran incidencia sobre la seguridad ciudadana porque lo que hagamos nosotros con la documentación administrativa, de armas, explosivos, pirotecnia y cartuchería, va a incidir en que después el ciudadano esté seguro o no», ha precisado Saavedra.



En cuanto a armas, en Lugo están registradas «38.500, mayormente de caza, en un ochenta por ciento; rifles y escopetas», ha añadido, lo que supone un «número alto a nivel de Galicia, porque Lugo junto con A Coruña son las que más armas y licencias manejan» de la comunidad autónoma, ha apostillado.



Por otra parte, las «armas cortas» o pistolas, que solo pueden portar aquellas personas «que acrediten amenaza de banda terrorista, o un trabajo muy concreto en donde se puede mover mucho dinero o material sensible», ha explicado.



José Luís Saavedra ha apuntado que puede ser el «tráfico de armas», aunque matiza que en Lugo «es prácticamente inexistente o no se detecta». «En otras zonas fronterizas, como con Portugal, sí que puede ser una zona de entrada o salida. En Lugo el ciudadano cumple la normativa a rajatabla», ha indicado.



Este teniente de la Guardia Civil sobre la supuesta existencia de «armas ilegales» para cometer ilícitos dice que «habelas hailas». «Son difíciles de detectar porque se camuflan muy bien, ahora igual no se vende el arma completa sino por piezas y es más complicado», ha esgrimido.



Saavedra llama la atención sobre esas ventas por «piezas», que se da en todo el mundo y es, asegura, «lo que está de moda y en los últimos atentados yihadistas lo que se ha localizado es eso, que a partir de varias piezas que ensamblan, mediante venta por el Internet oscuro, crean un arma».



«Con la nueva legislación las piezas que no iban marcadas, ahora sí deben ir marcadas y con eso evitar que se puedan hacer armas por piezas, las localizas más fácilmente», ha comentado.



INFRACCIONES
Este oficial benemérito advierte finalmente DE que las «infracciones más repetidas», a las que se enfrenta este cuerpo, «es la falta de información de custodia, pero en Lugo el ciudadano respeta la norma bastante y en Galicia también», ha vuelto a reiterar.

El día a día de estos agentes, 25 en la provincia dedicados a intervención de armas, consiste en «supervisar a nivel provincial que hubo el día anterior y analizar sI se ha producido algún auxilio sanitario, ver sí esos hechos son suficientes para revocar una licencia de armas o denegar una solicitud».



José Luís Saavedra, que estuvo destinado seis años en San Sebastián, pasó por Verín donde fue jefe del cuartel, señala que ya solo el año pasado se «achatarraron» 1.500 armas. El precio de una pistola oscila entre los 500 y los 600 euros, en tanto que calcula que una escopeta su precio baila entre los mil y mil quinientos euros.



La comandancia de Lugo registra armas, poco menos que «reliquias» que se consideran antiguas las datadas antes de 1890 y conserva hasta «trabucos» de mediados del siglo XIX.

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Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad

Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad

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Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad
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La Zona Franca de Vigo ha tomado una iniciativa pionera en el sector de la seguridad al implementar un servicio de vigilancia con drones. Este proyecto es el resultado de un acuerdo entre Zona Franca y Securitas Seguridad España, y busca optimizar la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial en el parque empresarial de Balaídos.

El sistema de seguridad aborda tres ejes clave: seguridad, protección y operaciones. En términos de seguridad, los drones estarán equipados con tecnologías de detección de intrusos, robos y acciones vandálicas, permitiendo una respuesta rápida y eficaz ante cualquier tipo de amenaza. Además, la presencia de drones mejorará la protección de los trabajadores y visitantes de la Zona Franca, al mismo tiempo que contribuirá a garantizar la continuidad de las operaciones en el parque empresarial.

Securitas ha formado a seis vigilantes para el desarrollo de este proyecto, los cuales cuentan con el certificado de piloto de drones. La compañía ha indicado que los drones juegan un papel clave en la evolución de la seguridad privada y están cambiando la forma de proteger muchas instalaciones, pero es importante cumplir con la estricta regulación de seguridad para poder implementar de manera efectiva este tipo de soluciones.

El servicio de vigilancia con drones permitirá visualizar las imágenes en tiempo real en la consola de control del aparato, tanto desde el centro de control de seguridad como desde un centro de control remoto. En un futuro, se prevé la posibilidad de llevar a cabo vuelos programados con rutas preestablecidas, siempre bajo la supervisión de los pilotos-vigilantes.

En resumen, la implementación de este servicio de vigilancia con drones en la Zona Franca de Vigo es una iniciativa pionera que busca mejorar la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial en el parque empresarial de Balaídos. Con el tiempo, se espera que esta solución tenga un impacto positivo en la forma en que se aborda la seguridad en el sector privado y permita una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier tipo de amenaza.

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Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza

Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza

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Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza
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El castillo de Salvacañete, situado en la provincia de Cuenca en España, es propiedad de la familia Revoredo desde hace siglos. La fortaleza medieval y sus alrededores son explotados por la familia para actividades cinegéticas. La familia Revoredo es una de las más ricas de España y ha sido objeto de una sentencia judicial tras intentar evadir el pago de más de 94.300 euros en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El caso tiene sus raíces en 2014 cuando la sociedad Hispaninver SL, que es parte de la familia Revoredo, presentó sus liquidaciones del IVA a la Agencia Tributaria y reclamó una devolución de más de 95.700 euros. La inspección analizó los datos presentados y descubrió que estos eran incorrectos y los corrigió a una devolución de solo 1.400 euros. La decisión fue respaldada por el Tribunal Económico Administrativo de Madrid y el recurso presentado por la familia Revoredo fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La familia Revoredo incluyó gastos no vinculados con la actividad para la que fue creada la sociedad en la liquidación del IVA, como los gastos en suministros de telefonía y energía y las obras de reforma y mantenimiento del castillo. Aunque el castillo es propiedad de Hispaninver, su uso está arrendado a otra sociedad, Agrocinegética San Huberto SL, que es propiedad en exclusiva de Helena Revoredo, presidenta de Prosegur.

La ley limita la devolución del IVA solo a aquellos gastos que están directamente vinculados con la actividad de la empresa. La Agencia Tributaria concluyó, tras una investigación, que los gastos incluidos por Hispaninver en su liquidación del IVA no estaban vinculados con la actividad de la sociedad y, por lo tanto, no podían ser deducidos.

La sentencia del TSJM es un recordatorio de que las empresas tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales y que la ley limita los gastos deducibles para evitar la evasión fiscal. Los contribuyentes deben ser cuidadosos y asegurarse de incluir solo gastos directamente vinculados con su actividad comercial en sus liquidaciones del IVA para evitar cualquier problema legal o fiscal.

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Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas

Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas

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Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas
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Durante los últimos cinco meses, un grupo de trabajadores de seguridad privada en la estación marítima del puerto de Tarifa han estado viviendo una situación difícil.

La empresa que los contrata, Prosetecnisa, los ha dejado sin cobrar, sin horarios y sin un coordinador que se haga responsable.

La situación se ha agravado desde la llegada de la pandemia del coronavirus, cuando comenzaron a haber retrasos en los pagos.

Sin embargo, después de la OPE del pasado verano, los problemas empeoraron con el incumplimiento de compromisos y el impago de nóminas, lo que ha dejado a los trabajadores sin ingresos desde agosto.

Los trabajadores han informado a los sindicatos y a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras sobre la situación, pero aún no han recibido una solución.

La empresa Hispanosegur había sido señalada como posible sustituta, pero aún no ha finalizado todos los trámites necesarios para tomar el relevo.

Los trabajadores describen su situación como «desesperante» ya que no tienen certeza sobre su futuro ni quién puede ser responsable.

A pesar de todo, continúan asistiendo a su trabajo y demostrando su compromiso y profesionalismo, incluso pagando sus propios gastos de desplazamiento.

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