La Fiscalía ha dado traslado al Juzgado de Guardia de las diligencias incoadas tras la denuncia formulada por el Área de Menores de la Ciudad, que ha sido felicitada por el Parlamento europeo por la acogida dada a casii mil jóvenes migrantes solos tras la avalancha de mayo. Se investiga un presunto delito contra la integridad de los menores penado con hasta 6 años de cárcel.

La Ciudad Autónoma no va a permitir, si lo conoce, que ningún presunto delincuente manche su prestigio en la atención a los niños y adolescentes migrates solos que tutela, aplaudido en la resolución adoptada por el Parlamento europeo que condenó a Marruecos por ‘disparar’ a su población para presionar a España por el Sahara y elogió «la protección proporcionada a los menores no acompañados» llegados tras la avalancha de mediados de mayo «de conformidad con el Derecho de la Unión y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño».

Para muestra, un botón. La Fiscalía de Ceuta ha dado traslado al Juzgado de Guardia de las diligencias abiertas contra un ya exvigilante de seguridad privada del albergue provisional de Piniers que ha sido denunciado por el Área de Menores por, presuntamente, desnudar y golpear a dos de los niños allí acogidos después de que intentasen fugarse. No todo vale.

El expediente incluye los partes médicos de las revisiones a las que fueron sometidas las supuestas víctimas tras el suceso, así como sus declaraciones.

Fuentes judiciales han explicado que el presunto delito que se investiga es uno contra la integridad de los menores, relativo a quien “abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral”, según el Código Penal.

En su artículo 174.2 se prevé, para las autoridades o funcionarios de centros de protección o corrección de menores que cometan ese tipo de actos, penas de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo fuese. Además de las penas señaladas cabe imponer, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años.